El agente fiscal Rodrigo Espínola formuló la imputación contra una pareja tras la intoxicación de su hija de 2 años de edad. Los padres de la menor fueron imputados por la presunta violación del deber de cuidado y educación, luego de reconocer ante el Ministerio Público su adicción a las drogas. El representante fiscal solicitó medidas sustitutivas a la prisión para ambos, una vez que se garantice el bienestar y la seguridad de la niña.
Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el pasado 11 de enero de 2026, alrededor de las 14:00. Los procesados trasladaron a la pequeña hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde ingresó con un cuadro severo de somnolencia. Durante la atención médica, se le practicaron estudios toxicológicos que confirmaron la presencia de marihuana (THC) en su organismo.
Te puede interesar: Un hombre denunciado por violencia familiar golpeó al policía tras ser detenido
Ante el hallazgo, los progenitores también fueron sometidos a pruebas de laboratorio. Los resultados confirmaron que ambos estaban bajo los efectos de estupefacientes: el padre dio positivo a cocaína y marihuana, mientras que la madre arrojó positivo a cocaína.
Estos elementos permitieron a la Fiscalía presumir que ambos descuidaron el control de la menor mientras se encontraban bajo los efectos de las sustancias. La investigación sostiene que los imputados no garantizaron las condiciones adecuadas de vigilancia y protección, exponiendo a la niña a un entorno peligroso que comprometió gravemente su salud.
Podes leer: Detienen a joven que desafió a camión de gran porte y puso en riesgo la vida de terceros
Dejanos tu comentario
Caso ueno bank: incautan dos camionetas con documentos en allanamiento a casa de crédito
Este martes, una comitiva fiscal y policial se incautó de dos camionetas repletas de recibos, facturas, balances y órdenes de pago tras intervenir una casa de crédito en el Mercado 4. El comercio está vinculado al Grupo Vázquez y se convierte en una pieza clave para rastrear los activos en la causa Ueno Bank.
El operativo estuvo encabezado por los fiscales Luis Piñánez y Jorge Arce, quienes llegaron hasta la firma Electrolar S.A. ubicada en el Mercado 4 y que estaría vinculada con el Grupo Vázquez. Durante el procedimiento se incautaron de dos camionetas repletas de documentaciones con las que buscarán trazas la ruta del dinero.
La camioneta iba repleta de recibos, facturas y órdenes de pago del año 2024, además, de balances de la firma ligada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación a la entidad bancaria. Todas estas evidencias se convierten en una pieza clave en el marco de la investigación de la causa Ueno Bank.
Lea también: Registran más de 41.000 atenciones médicas en Concepción durante octubre
Los investigadores ingresaron al comercio con el fin de recabar documentos y elementos de prueba que resulten relevantes para la causa penal. El operativo forma parte de una serie de intervenciones simultáneas que se están desarrollado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) tras el colapso e intervención de la entidad bancaria.
Electrolar S.A. es una firma paraguaya fundada en 1994 en el Mercado 4 de Asunción que, además de la venta de electrodomésticos y tecnología, está vinculada directamente al Grupo Vázquez, uno de los focos centrales de la investigación contable del caso.
Dejanos tu comentario
Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
Te puede interesar: Lizarella Valiente ratifica postura a favor de expulsión de Zenaida
En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
Leé también: Chase apoya postura de Alliana y reclama soluciones financieras al Ejecutivo
Dejanos tu comentario
Intento de feminicidio en Aba’i: sospechoso quemó una vivienda donde estaban su pareja e hijos
El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.
El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.
Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.
Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.
Te puede interesar: Operativo Rally seguro: detienen a un joven e incautan cocaína
Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.
La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.
El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.
Leé más: MEC busca frenar ataques violentos entre estudiantes
Dejanos tu comentario
Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de la Contraloría ante errores de carga
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.
“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.