El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.

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Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.

Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.

Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.

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Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) lograron, este viernes, sacar de circulación cerca de 53 toneladas de marihuana en el departamento de Amambay. Se trata de un golpe por valor de más de USD 8 millones al al crimen organizado.

Según el reporte dado por los intervinientes, el trabajo forma parte de una operación interinstitucional en el que desmantelaron la infraestructura que era destinada al procesamiento y acopio de marihuana que se encontraban instalada en la Colonia Estrella, distrito de Pedro Juan Caballero.

El procedimiento se llevó a cabo mediante informaciones del Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el empleo de Equipos de Fuerzas Especiales de la Sub Área de Pacificación N° 8, en el que se incautaron de un total de 53.750 kilos de marihuana. Estos constataron la existencia de una importante infraestructura.

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“Lo incautado fue 35.000 kilos de marihuana prensada lista para su distribución, 18.750 kilos de marihuana picada que estaba distribuido distribuidos en 750 bolsas, generando así un perjuicio económico de aproximadamente USD 8.062.500. Toda la droga fue destruida″, detallaron desde la Senad.

Afirmaron que así también se desmantelaron 16 campamentos precarios y 28 prensas empleadas para la compactación de la marihuana. Además, decomisaron una camioneta marca Toyota modelo Hilux con matrícula brasileña que se encontraba en el predio que fue allanado.

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La fiscalía chilena anunció el lunes que investigará si hubo tráfico de “cientos de menores” haitianos que ingresaron al país en 2025, luego de que se descubriera que no se comprobó que sus acompañantes fueran realmente sus familiares.

Las pesquisas comenzaron luego de que radio Biobío revelara un informe de la Contraloría en el que denunciaba el ingreso de cientos de niños haitianos en 2025, supuestamente para reunirlos con sus familiares en Chile.

Según el Servicio de Migraciones, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando “como supuestos adultos responsables” de niños y adolescentes haitianos, por lo que pidió iniciar una investigación por posible tráfico.

De acuerdo a un comunicado de la fiscalía, la relación entre los acompañantes y los menores “no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país”.

“Estos son hechos graves que requieren una investigación específica (...) para poder despejar si los hechos son delitos o no”, dijo el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.

• Fuente: AFP

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