Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.

En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.

“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.

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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.

Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.

Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.

Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.

Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.

“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.

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El diputado y líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, adelantó que en este bloque legislativo también ya se encuentran debatiendo sobre un postulante para presentar al actual vicepresidente de la República y candidato a la presidencia, Pedro Alliana, para la chapa presidencial en las elecciones del 2028, reaccionando a la acción de sus pares del Senado. El parlamentario indicó que la reunión de la bancada para analizar esta propuesta se dará en los próximos días.

“Nosotros somos la bancada mayoritaria, prácticamente el oficialismo, somos 35 diputados de la bancada A, ocho diputados de la bancada B, y un diputado independiente, somos 44 diputados colorados que generalmente actuamos en un mismo sentido, así que estamos dialogando con todos los sectores para ver dicha posibilidad”, indicó Del Puerto, este martes, en conversación con los medios de prensa antes del inicio de la sesión de la Cámara Baja.

La Policía Nacional apunta a una solución definitiva contra los grupos delictivos que operan como barras bravas y que generan disturbios como el que dejó 50 heridos en el superclásico del domingo pasado, entre Olimpia y Cerro Porteño, en el estadio Defensores del Chaco, señaló el ministro del Interior, Enrique Riera, al describir las acciones que implementarán con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y otras instituciones.

“Este es un tema que se viene hablando hace mucho y la intención de la policía es desmantelar a los grupos violentos, trabajando coordinadamente con la Fiscalía y el Poder Judicial, para que nunca más esta gente vuelva a pisar la cancha. También con la APF, porque hay medidas penales y administrativas, porque tienen acceso a los campos deportivos”, puntualizó Riera, este martes, en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El exministro de Salud Pública, Julio Borba, presentó su renuncia al cargo de senador suplente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). De esta manera, el profesional médico no asumirá la banca de Hernán Rivas, de prosperar su solicitud de permiso sin goce de sueldo.

Por su parte, el abogado Carlos Liseras, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), manifestó que está listo para asumir la banca. “Soy el suplente número siete del Partido Colorado. Soy un hombre de equipo, pertenezco al movimiento Honor Colorado, en este momento estoy ocupando un cargo en el Ejecutivo, pero si se da la situación lógicamente voy a asumir la alta responsabilidad de ser legislador en la Cámara Alta“, acotó.

Un siniestro de grandes proporciones se registró esta mañana en un inmueble de dos pisos situado cerca del Mercado de Abasto. Una persona que habitaba el segundo nivel tuvo que escapar por el techo. El fuego comenzó alrededor de las 6:30 de esta mañana, con una enorme columna de humo negro que se visualizaba a varias cuadras de distancia y que emanaba del edificio situado sobre Cacique Caraca esquina Pykasu, una calle paralela a la Avda. Defensores del Chaco.

Bomberos voluntarios acudieron al lugar y controlaron las llamas, pero a estas horas continúan las labores de enfriamiento y remoción, informó el capitán Pablo Tapia. En la planta baja funciona un depósito de plásticos, que fue donde se originó el fuego. Arriba está la sede de una empresa, donde al momento del hecho se encontraba un trabajador del turno noche. “Me toca la parte de laboratorio, hacer pruebas de calidad, tuve que escapar por el techo con ayuda de los vecinos”, relató Héctor Olvera, en un contacto con el canal GEN.

El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa evaluando las responsabilidades internas en el caso de Braulio Vázquez, quien falleció a finales de enero luego de una serie de fallas en la atención que recibió en la previsional. El gerente de Salud del IPS, Derlis León, confirmó en entrevista con GEN que el proceso administrativo sigue en curso y que aún no hay sanciones definidas, aunque ya se adoptaron acciones inmediatas.

En febrero pasado fueron separados preliminarmente el entonces director médico del Hospital Central, Dr. Hugo Gabriel Martínez, y el director de Recursos Tecnológicos del IPS, el ingeniero José Jiménez. “Estamos en etapa de evaluación de responsabilidades. Ya se separó a las personas que estuvieron en la línea directa del caso y aguardamos los informes finales para determinar las sanciones correspondientes”, explicó León.

“Hoy tenemos muchas más prestaciones. Hemos duplicado el 100 % de lo que veníamos haciendo”, precisó el gerente del IPS, Derlis León, a GEN, y agregó que dichas cifras abarcan no solo en complejidad, sino también servicios de imágenes, prestaciones tercerizadas 24/7, además de laboratorios con análisis más complejos, aumento de medicamentos oncológicos, detalló y agregó que también existe una infraestructura nueva, ampliada en Ingavi, que está trabajando en un 80%, en Ciudad del Este se está trabajando en un 60%. “Son muchos los desafíos”, subrayó.

Por otro lado, refirió que el 40 % de lo recaudado por IPS va destinado al rubro de salud. “En esta gestión se han sumado más recursos por ley que anteriormente iban a Senepa o a SNPP y eso implicó 25 millones de dólares más para los gastos en salud y estas estrategias que se vienen realizando como para solventar los gastos”, recordó.

El papa León XIV inicia este martes la cuarta y última etapa de su gira africana con una visita a Guinea Ecuatorial, uno de los países más cerrados del continente donde se espera que aborde el pluralismo político y las libertades públicas. Después de tres días en Angola, el pontífice estadounidense tiene previsto llegar a mediodía (11:00 GMT) a Malabo, antigua capital de este país de África central gobernado desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema, de 83 años, el jefe de Estado no monárquico que lleva más años en el poder.

Hace 44 años el papa Juan Pablo II fue el primer pontífice en visitar Guinea Ecuatorial, un país petrolero de dos millones de habitantes con 80 % de católicos, herencia de la colonización española. Desde el inicio de su maratónica gira el 13 de abril, León ha adoptado un tono contundente con llamados a la justicia social, a la lucha contra la corrupción y al respeto de los derechos humanos.

El ministro Riera anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar más actos violentos en encuentros deportivos.

El presidente de la Aso­ciación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, junto a otros directivos tuvieron ayer una charla con el ministro del Interior, Enrique Riera, quien se encargó después de citar cinco medidas que serán implementadas de manera inmediata tras la suspensión del clásico Olim­pia-Cerro Porteño, debido sucesos violentos. “Son las primeras medidas de efecto inmediato y están respalda­das por la Fiscalía General de la Nación”, avisó el minis­tro.

Según el comisario Ángel Franco, director de Preven­ción y Seguridad, las medi­das deberán cumplirse al pie de la letra para evitar actos violentos dentro de los esta­dios y también reforzará la seguridad en cada encuentro deportivo. Las cinco medi­das fueron desarrolladas por el Ministerio del Inte­rior con la Fiscalía General de Estado.

“Una de las medidas es poseer entradas personales individuales para el ingreso, los cuales serán cruzadas por una base de datos de identificación para corro­borar si pertenece a la per­sona o no”, expresó Franco, en entrevista con el pro­grama Tarde de perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Como segundo punto, el comisario habló sobre la implementación de la tecno­logía para realizar un con­trol biométrico de reconoci­miento facial, para así poder identificar fácilmente a per­sonas que ocasionan inci­dentes y que estas no pue­dan acceder a las canchas. El listado de medidas sigue con una nómina de aquellos hinchas con antecedentes que no tendrá acceso a los encuentros. “Es la lista defi­nitiva de personas con ante­cedentes o tienen pendien­tes con la Justicia y que no podrán ingresar a la can­cha”, refirió.

El cuarto punto es la valida­ción de las cédulas de identi­dad que será realizada por el Departamento de Identifica­ciones. “La implementación de tecnología será muy útil y un elemento probatorio y sostenible para el Ministe­rio Público, pudiendo agili­zar la aplicación de sancio­nes”, aclaró.

Agregó que se realizará un Registro Nacional de Even­tos Deportivos (Renae), que contendrá el regis­tro de todas las personas habilitadas a asistir a los encuentros deportivos. “Por último, el control pre­vio de los buses que trasla­darán a las barras, si está en condiciones y si poseen registros de habilitación”, puntualizó.

“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ayer lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Pre­vención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio de 2024.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fút­bol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte. Es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media., dijo Núñez.

Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.