Un juez penal de Garantías decidió revocar el arresto domiciliario de Karent Marilina Mercedes Villar, madre del presunto feminicida de María Fernanda Benítez, la adolescente asesinada meses atrás en la ciudad de Coronel Oviedo.
La mujer fue imputada por hechos relacionados con el narcotráfico, tras la incautación de estupefacientes en su celda de la cárcel de Misiones. Aunque la procesada había sido beneficiada previamente con el arresto domiciliario por problemas de salud, un juzgado de San Juan Bautista (Misiones) dejó sin efecto dicha medida.
Según los datos recabados, durante una requisa realizada en el pabellón que la mujer compartía con otras tres internas, se incautaron más de 200 dosis de sustancias, entre crack y marihuana.
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Ante esta nueva imputación, el juzgado consideró improcedente mantener el beneficio del arresto domiciliario, disponiendo que la imputada retorne de inmediato al régimen de privación de libertad.
En la jornada de ayer lunes, familiares de María Fernanda se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Coronel Oviedo, para repudiar lo que consideraron un “privilegio” otorgado a la madre del supuesto feminicida de la joven ovetense.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Inmueble comisado fue entregado a la Senabico para su administración
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, a cargo de Carlos Luis Mendoza Peña, se constituyó junto con representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el inmueble que pertenecía a Justo Pastor Cárdenas para oficializar su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción pública.
El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo. La transferencia se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, y en la Ley N.° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”. El inmueble, consistente en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, del distrito de San Roque, Asunción.
El juez Mendoza Peña explicó que el inmueble comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen. Asimismo, destacó el compromiso del Poder Judicial con la protección del Estado social de derecho, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción pública.
La entrega se realizó en el marco de la causa “Justo Pastor Cárdenas Nunes y otros s/ enriquecimiento ilícito, Ley N.° 2523/2017 y otros”. Participaron del acto los funcionarios William Aguiar, Fernando Pedrozo y Jorge Melgarejo, en representación de la Senabico; la abogada Melissa González, encargada de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
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Juez concede libertad a abogada del caso IPS bajo fianza de G. 500 millones
El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.
Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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