Cámara de apelación confirmó prisión de Carlos Granada
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La cámara de apelación confirmó la prisión preventiva del exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada, condenado a 10 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable de coacción sexual y acoso sexual, cuyas víctimas fueron 6 periodistas del grupo Albavisión.
Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín. Mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.
Los dos jueces en mayoría sostienen que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva. Agregaron que no surgen elementos nuevos que permitan desvirtuar los fundamentos que justificaron la decisión de mantener la medida sobre Granada.
También los camaristas apoyaron la posición del tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.
Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el tribunal de sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.
Condena
Un tribunal de sentencia integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza condenó a 10 años de cárcel a Carlos Granada, exgerente periodístico de canal 9, luego de ser encontrado culpable por coacción sexual y acoso sexual. Se probó que el acusado cometió ambos hechos punibles había mencionado el colegiado al momento de dar a conocer la sentencia condenatoria.
El Tribunal de Apelación de Alto Paraná ratificó la validez de la imputación contra los directivos y ejecutivos de la firma Indufar CISA. Foto: Gustavo Galeano.
Ratifican imputación por estafa y otros contra directivos y ejecutivos de Indufar
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La Cámara de Apelación de Alto Paraná, integrada por Nilda Estela Cáceres, Raúl Insaurralde y Efrén Giménez Vázquez, ratificó la admisión y la validez de la imputación contra cuatro directivos y ejecutivos de Indufar C.I.S.A. Los mismos están imputados por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida.
Los procesados son Óscar Humberto Simón Palmerola, Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin y José Luis Rodríguez Paredes. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética por un supuesto perjuicio de G. 24.084 millones.
Los camaristas consideraron que el acta de imputación cumple con las exigencias previstas en la norma legal; es decir, en el artículo 302 del Código Procesal Penal y en la Acordada N.º 1631/2022 de la Corte Suprema de Justicia.
Los integrantes del tribunal de alzada mencionaron que el documento contiene los elementos exigidos por la legislación procesal: identifica a los imputados, describe los hechos investigados, establece la calificación jurídica provisional y señala los elementos de sospecha que los vinculan con el caso. El tribunal de apelación aclaró que en esta etapa procesal no corresponde realizar una valoración definitiva de las pruebas ni determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado.
Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
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La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.
El extitular del IPS, Vicente Bataglia, se presentó ante la Fiscalía y se abstuvo de declarar, pero hasta el momento no se sabe cómo ingreso al país. Foto: Archivo
Juez definirá si envía a la cárcel o no a Vicente Bataglia, extitular del IPS
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El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia definirá este 20 de agosto si decreta la prisión preventiva del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, imputado por lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.
El jueves 20 de agosto, a las 09:00, Bataglia deberá comparecer ante el magistrado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado será privado de su libertad o si permanecerá libre como los demás procesados. En el caso de Bataglia la situación podría ser diferente, atendiendo a que el mismo estaba fuera del país y no se tuvo registro de su reingreso. Tras su retorno, se puso directamente a disposición del fiscal, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
A pesar de que en este proceso penal otros ocho imputados ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, el caso del extitular del IPS podría tomar un rumbo distinto, decisión que está en manos del juez Rodrigo Estigarribia.
Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas n.° 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
CDE: condenan a 16 años de prisión al hombre que abusó de su hija e hijastra
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Este lunes, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a 16 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hija de 6 años y su hijastra de 7 años. La Fiscalía reunió pruebas suficientes e irrefutables que comprueban que esta persona fue el autor del terrible hecho.
El tribunal de sentencia de Ciudad del Este presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, emitió el fallo condenatorio contra el hombre que fue hallado culpable por el hecho de abuso sexual de su hija e hijastra, ambas menores de edad.
La agente fiscal Viviana Sánchez que representó al Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la responsabilidad del acusado. Tras analizar los elementos probatorios en un juicio oral, se condenó a sujeto a 16 años de pena privativa de libertad.
Se pudo demostrar que los hechos comenzaron en noviembre de 2017, luego de que la madre de las niñas falleció y estas quedaron bajo el cuidado del padre. Todo trascurrió en una vivienda ubicada en el kilómetro 7 Monday, en la localidad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.
Una de las niñas contó todo lo que ocurría en la vivienda a una vecina, quien se encargó de presentar la denuncia. La madre de las menores también le había manifestado que su pareja abusaba de ellas e incluso había comunicado la situación a agentes policiales, pero luego pidió que no se prosiga con la investigación debido a las amenazas recibidas.