La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.

Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un construc­tor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pande­mia por el covid -19.

Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposi­ción de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se con­firma tras dos años de conti­nuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus lea­les que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.

Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pande­mia por el covid -19 que lle­varon adelante Prieto y fun­cionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipa­lidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expa­reja que simularon compe­tencia en procesos licitato­rios para el desvío de fondos públicos.

La pequeña firma uniper­sonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Floren­tín. Don Morínigo en la rea­lidad se dedicaba a la cons­trucción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simu­lada de alimentos por urgen­cia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Val­dez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, pues­tos por el mismo en “cargos de confianza” clave, manio­braron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipu­lado en contrato.

El fraudulento proceso lici­tatorio fue ejecutado en con­nivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferen­tes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipa­lidad. (Ver infografía)

En la factura de compra apa­recen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de leva­dura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de man­teca, etc. Sin embargo, la Fis­calía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.

Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Fran­cisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Floren­tín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordina­dora de la UOC de la muni­cipalidad. Otros subordina­dos de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alca­ráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.

El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.

Desde la Contraloría Ciudadana se rati­ficó la denuncia rea­lizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licita­ción en la mensura judicial de la finca 66, en la administra­ción de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.

El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciu­dadana, adelantó que se reali­zará la ampliación de la denun­cia penal en contra del exjefe comunal.

“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa lici­tación para la mensura judi­cial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapi­dar los recursos de la munici­palidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.

La organización realizó la denuncia por graves irre­gularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geo­cad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millo­nes.

“Del análisis bastante pro­fundo que hicimos, de las documentaciones que acce­dimos del portal de la Direc­ción de Contrataciones Públi­cas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se con­trató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con rela­ción a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que tam­bién existen otras personas involucradas.

“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las per­sonas que participaron, cabe al Ministerio Público verifi­car quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dicta­minó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la Municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.

Desde la Contraloría Ciudadana se ratificó la denuncia realizada hace dos años, sobre un supuesto montaje en la licitación en la mensura judicial de la finca 66, en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. El abogado Víctor Núñez, miembro de la Contraloría Ciudadana, adelantó que se realizará la ampliación de la denuncia penal en contra del exjefe comunal.

“Nosotros hemos denunciado hace dos años la famosa licitación para la mensura judicial de la finca 66 de Ciudad del Este, al descubrir que fue todo un montaje para dilapidar los recursos de la municipalidad”, explicó en entrevista con la 650 AM.

La organización realizó la denuncia por graves irregularidades cometidas por el intendente de Ciudad del Este, en ese entonces, en la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, que conforme contrato de servicio de fecha 19 de mayo de 2021, fue por la suma de casi G. 2.700 millones.

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“Del análisis bastante profundo que hicimos, de las documentaciones que accedimos del portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, pudimos detectar que fue un absoluto montaje. Se licitó la mensura judicial y se contrató a una empresa, todos los rubros contratados que se refiere el contrato tienen el mismo monto, de 277.300.000 (guaraníes)”, detalló. Con relación a los involucrados en este “esquema” el abogado señaló que en principio el principal responsable es el intendente de ese entonces, pero que también existen otras personas involucradas.

“Los denunciados encabeza Miguel Prieto y todas las personas que participaron, cabe al Ministerio Público verificar quiénes participaron de ese montaje. La abogada Nidia Silguero de Prieto, ella dictaminó que la contratación de la empresa Geocad, que dice previo dictamen de la asesoría jurídica, y ella era la directora jurídica en ese entonces de la municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó Núñez.

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La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.

En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.

La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.

La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.

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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.

Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.

Antecedentes

Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.

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