La jueza Rosarito Montanía decidió elevar a juicio oral el proceso penal contra Estela Colmán Otazú, Fredy Orlando Benegas Garay y Pablo César Colmán Benítez, acusados por tráfico de armas. Los mismos habrían utilizado documentación falsa para simular ventas inexistentes de armas de fuego, que en algunos casos fueron halladas en Brasil.
Los delitos acusados son tráfico ilícito de la Ley 4036/10 Ley “De Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos y accesorios y afines”, y producción y uso de documentos no auténticos.
El presente caso se inició cuando la Dirección de Material Bélico (Dimabel), verificó la empresa importadora Carros Vía Chile S.A. los días 12 de febrero y 22 de marzo de 2024, en el marco del control para la renovación de su registro de importación solicitada por su representante legal, Estela Colmán Otazú.
En dichas verificaciones se constató el faltante de 198 armas de fuego que, según los registros oficiales, debían encontrarse en los depósitos de la empresa. Las armas faltantes consistían en 24 rifles y pistolas calibre 9 mm.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían facilitado y usado facturas con el fin de simular operaciones de venta inexistentes e inducir a error a la Dimabel. Durante allanamientos realizados el 25 de setiembre de 2025, se incautó documentación relevante, incluyendo facturas originales vinculadas a las supuestas ventas.
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Senadores evalúan declarar en emergencia al IPS para compras directas de medicamentos y equipos
Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.
Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.
La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.
En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.
En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.
Uso exclusivo de fondos
Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.
En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.
En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.
En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.
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La PRF de Brasil decomisa 41 armas de fuego y 5.000 municiones en Foz de Iguazú
- Ciudad del Este. Agencia regional
La Policía Rodoviaria Federal de Brasil (Policía Caminera) decomisó hoy un arsenal consistente en 25 fusiles, 16 pistolas y más de 5 mil municiones de diferentes calibres.
Se trata de la mayor operación en la historia de la citada institución, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Brasil.
Fue durante una operación realizada sobre la carretera BR-227, en Santa Teresita de Iguazú, en el marco del programa “Brasil contra el Crimen Organizado”.
Según el informe, las armas encontradas son: 25 fusiles, de las cuales, 22 son de calibre 5.56 mm y 3 son de calibre 7.65 mm; 16 pistolas, de las cuales, 14 son de calibre 9 mmm y 2 de calibre .40; 898 municiones de calibre 7.62 y 4.150 municiones de calibre 9 mm, además de 127 cargadores.
El operativo fue al mediodía de hoy cuando los policías federales abordaron a un conductor que conducía un camión cargado de insumos para ración de animal, que había salido de Argentina con destino al estado de Minas Gerais.
Para llegar a las armas, se procedió a una revisión a profundidad del camión, el conductor de 28 años mostró mucho nerviosismo y terminó contando que llevaba armas de fuego, siendo halladas en la cabina del vehículo, según el reporte del Ministerio.
“Entre las armas halladas se destacan dos fusiles AK - 47, armamento de infantería utilizado por grupos guerrilleros, fuerzas paramilitares y organizaciones criminales”, refiere el informe ministerial de Brasil.
El conductor fue derivado a la Policía Federal de Foz de Iguazú, donde se le iniciará proceso por el tráfico internacional de armas de fuego.
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Penal de Minga Guazú: investigan complicidad interna tras hallazgo de drogas y objetos prohibidos
El Ministerio de Justicia inició una investigación interna en el penal de Minga Guazú luego de que dos requisas realizadas entre el feriado del viernes y el sábado último permitieran descubrir celulares, drogas y otros objetos prohibidos en poder de personas privadas de libertad.
La inspección se realizó en los módulos 6 Alta y 7 del Centro Penitenciario de Reinserción Social, donde fueron incautados cinco celulares, cargadores y porciones de presunta cocaína (68,2 gramos) y marihuana (91,3 gramos) en una de las celdas del módulo 6.
Asimismo, los intervinientes hallaron cables, alargues caseros, armas de fabricación artesanal y detectaron compartimientos clandestinos ocultos bajo el piso y conexiones eléctricas irregulares utilizadas para mantener en funcionamiento los dispositivos móviles.
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Además, en el procedimiento efectuado en el pabellón A Alta localizaron frutas en proceso de fermentación que presuntamente eran utilizadas para la fabricación clandestina de bebidas alcohólicas.
Tras el hallazgo, el director del penal, Saúl Hugo Salinas González, comunicó el hecho a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron al lugar y solicitaron la intervención del Departamento Antinarcóticos.
El caso fue comunicado al fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico, Elvio Aguilera, quien dispuso la remisión de las sustancias y los aparatos incautados a su unidad para las diligencias correspondientes.
El operativo se realizó tras previos controles motivados por avistamientos de drones cerca de módulos de internos de alto perfil y tras recientes traslados disciplinarios en el penal. El operativo derivó en la separación de varios internos considerados de alta peligrosidad, a fin de reducir riesgos y mantener el control dentro del establecimiento.
Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción abrió una investigación para determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos al establecimiento y si existió participación o complicidad de funcionarios penitenciarios en estos hechos. Las autoridades anunciaron que se analizarán todas las evidencias para identificar posibles responsables.
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JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
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