La fiscal Ruth Benítez presentó acusación y solicitó juicio oral para el suboficial Kevin Eduardo Montiel Sanabria y la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira, por supuestamente alterar el sistema informático de la Interpol sobre las alertas de Gianina García, expareja del uruguayo Sebastián Marset.
Montiel Sanabria, está acusado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, en calidad de autor. Mientras que Gabriela Vasso Mosqueira, fue acusada por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La acusación describe la participación de cada uniformado en el hecho investigado por el Ministerio Público. También se menciona de qué manera se modificó la notificación de Alerta Roja de García Troche, pareja de Marset.
Ahora la jueza penal de Garantía, Rosarito Montanía, deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público.
Dejanos tu comentario
Senado aprueba por unanimidad aumento salarial para agentes fiscales y adjuntos
Por unanimidad de los 36 senadores presentes en sala, el pleno de la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7.609, Ministerio Público”. Se trata de una reprogramación presupuestaria destinada al pago de salarios de agentes fiscales y fiscales adjuntos, cuyo monto asciende a aproximadamente 7.400 millones de guaraníes.
La iniciativa promovida por los senadores Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna Ortega, Javier Zacarías Irún y Lizarella Valiente de Rodríguez plantea la equiparación salarial para los agentes fiscales.
Tras el correspondiente análisis, se procedió a la votación electrónica donde se registró que la totalidad de los presentes acompañaron la aprobación con modificaciones planteadas por las comisiones asesoras. El documento se remite a la Cámara de Diputados.
Día del Agente fiscal
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, destacó que la aprobación de esta ampliación presupuestaria para el Ministerio Público se está concretando a 4 días de que se conmemore el Día del Agente Fiscal paraguayo, fecha que se constituyó en memoria del agente fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel hace 4 años.
“Es un momento oportuno que estamos tratando este tema, y solo para reseñar algunos números, que con esta equiparación salarial los 449 agentes fiscales, van a pasar a ganar de 14 millones de guaraníes, a G. 16 millones; y se equiparan a los jueces de primera instancia. Después tenemos 27 fiscales adjuntos que pasarán a ganar de 16 a 19 millones de guaraníes, que en este caso se equipara con los miembros de la Cámara de Apelaciones”, precisó.
El legislador agregó que espera que con estas equiparaciones salariales sirvan para motivar a los agentes fiscales para que lleven adelante sus trabajos, y no permitan que ninguna causa llegue a su prescripción, como ya se dio en ocasiones anteriores.
Modificaciones
El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, explicó que se trata de una ampliación presupuestaria, que inicialmente tenía previsto un mayor alcance incluyendo a los asistentes fiscales, además de los agentes fiscales y fiscales adjuntos. Pero en estudio de comisión se resolvió modificar la propuesta y dejando solamente la ampliación presupuestaria para los dos últimos grupos.
Indicó que esta reprogramación presupuestaria para el Ministerio Público de G. 7400 millones, se dará desde el mes de julio del presente año en adelante; mediante la transferencia de créditos monetarios del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio Público, que saldrá del rubro destinado a construcciones para el pago de salarios de los agentes fiscales y fiscales adjuntos.
El titular de la Comisión de Cuentas y Control Dionisio Amarilla señaló que se otorga esta ampliación salarial acorde a la gran responsabilidad que tienen los fiscales sobre sus hombros. “También tenemos una aspiramos colectiva que vayan mejorando en materia de gestión, responsabilidad y robustezcan la musculatura de la institución; por ello nuestro voto como bloque es a favor de la propuesta”, acotó.
Siga informado con: Alliana elogia perfil de Baruja y descarta cambios en el gabinete
Dejanos tu comentario
Operativo fiscal: detuvieron a una mujer en un shopping y allanaron juzgado de San Lorenzo
El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.
La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.
De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.
Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.
Podes leer: Desbaratan centro de producción y distribución de marihuana premium en Asunción
Dejanos tu comentario
TSJE y la Fiscalía firman convenio de cooperación con miras a los comicios
Un convenio de cooperación firmaron este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón con miras a las internas simultáneas de las organizaciones políticas y los comicios municipales.
El acuerdo tiene como objetivo establecer lazos de cooperación y líneas de acción entre ambas instituciones y cada una en el ámbito de sus competencias legales.
Se busca promover acciones conjuntas y fijar los lineamientos para el control y persecución de los delitos electorales dentro del proceso electoral.
Te puede interesar: Tren de moliendas: diputado insta celeridad en resolver trabas
Así también se prevé diseñar, organizar y ejecutar programas de capacitación conjunta dirigidos a funcionarios de la Justica Electoral y el Ministerio Público.
Se abordarán temas vinculados a Derecho Electoral, Delitos Electorales, Procedimiento Penal Electoral y Gestión de procesos electorales.
‘‘Para nosotros es vital la firma de este acuerdo, con la Fiscalía General del Estado, a los efectos de que, en el Paraguay, los electores y las personas que buscan ser electas tengan esa seguridad en el proceso” destacó el titular de la Justicia Electoral.
A su vez, el fiscal general del Estado remarcó que “el Ministerio Público está siempre presente, tratando de construir ese ideal de país que queremos”.
“La pasión de la política no debe intervenir en la labor de la justicia, es como la esencia del gobierno”, añadió.
Dejanos tu comentario
La Fiscalía caracteriza el delito de rufianería con 35 denuncias registradas
La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.
Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.
El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.
Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.
Condiciones de vulnerabilidad
En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.
Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.
Perfil de víctimas y victimarios
El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.
La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.
Temporalidad de los hechos
La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.
El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.