La fiscal Ruth Benítez presentó acusación y solicitó juicio oral para el suboficial Kevin Eduardo Montiel Sanabria y la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira, por supuestamente alterar el sistema informático de la Interpol sobre las alertas de Gianina García, expareja del uruguayo Sebastián Marset.
Montiel Sanabria, está acusado por acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para la prueba, frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, en calidad de autor. Mientras que Gabriela Vasso Mosqueira, fue acusada por frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La acusación describe la participación de cada uniformado en el hecho investigado por el Ministerio Público. También se menciona de qué manera se modificó la notificación de Alerta Roja de García Troche, pareja de Marset.
Ahora la jueza penal de Garantía, Rosarito Montanía, deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si el caso se eleva a juicio oral y público.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Gobierno promete impulsar orden y transparencia en educación superior
El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.
Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.
En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES EN CURSO
El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.
Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.
ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.
Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.
MAYOR TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.
Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario. Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.
Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.
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Diputados sancionó reprogramación presupuestaria para mejorar salario de fiscales
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609, Ministerio Público”, durante la sesión ordinaria de este martes.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria destinada a regularizar el salario de los agentes y asistentes fiscales, por un monto total de G. 15.676.250.207.
Según la explicación de motivos, la adecuación implica regularizar las asignaciones correspondientes a 449 cargos de agentes fiscales, 28 de fiscales adjuntos y 1.772 de asistentes fiscales.
El diputado Néstor Castellano argumentó a favor de la aprobación del millonario monto que será destinado a mejorar el salario de los fiscales y asistentes fiscales. Dijo que servirá para reivindicar el trabajo que realizan los agentes de la Fiscalía.
El legislador colorado manifestó que se debe reconocer “la precariedad en la que se desenvuelven los aproximadamente 400 agentes fiscales en cada departamento de la República del Paraguay”.
“Hablando con muchos compañeros, amigos, compueblanos, centralinos, agentes fiscales que realizan una gran labor dentro de la precariedad en la que se manejan. Realmente estoy convencido que este es un justo reconocimiento a esa tarea”, subrayó.
Así también destacó que será “una reinvidicación ya por tiempo postergada”.
Dijo que los agentes se han hecho acreedores de esa “reivindicación justa”. Afirmó que desde la Cámara de Diputados se quiere enviar una “señal de confianza y de apoyo” para los agentes fiscales “que día a día se esmeran para hacer un buen trabajo”, añadió.
Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco señaló que la medida busca adecuar el salario de los agentes y asistentes fiscales al de los jueces de primera instancia, en consonancia con el reajuste salarial que estos últimos recibieron a través del Presupuesto General de la Nación 2025.
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Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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