El juicio oral y público contra tres expolicías del régimen stronista por presuntas torturas cometidas durante la dictadura se encuentra en su etapa final, tras la producción de todas las pruebas y el inicio de los alegatos finales de las defensas, informó la fiscala Sonia Sanguinés.
En comunicación con 970 AM/Nación Media, la agente del Ministerio Público manifestó su confianza en una sentencia condenatoria, al sostener que la Fiscalía logró probar tanto los hechos como la autoría. “Tengo la esperanza de que obtendremos una condena”, expresó.
Sanguinés explicó que el juicio se inició a comienzos de noviembre y que durante el proceso se incorporaron pruebas documentales relevantes, así como testimonios de víctimas directas y de otras personas detenidas durante la dictadura, especialmente en el contexto del Plan Cóndor.
La fiscala remarcó la gravedad de los hechos investigados, ocurridos en 1976, y sostuvo que las penas solicitadas son elevadas debido a que se trata de conductas que “atentan contra la dignidad humana, la integridad física y la salud mental, y que destruyen familias enteras”. En ese sentido, enfatizó que no pueden minimizarse ni relativizarse por tratarse de hechos históricos.
Durante el juicio, declararon víctimas de torturas y ex prisioneros políticos, quienes relataron prácticas como la pileteada, los golpes con látigos y otros métodos de castigo físico utilizados de manera sistemática por agentes del aparato represivo. La fiscala señaló que, aunque estos delitos se cometían sin testigos directos, los relatos fueron coherentes, coincidentes y cargados de una fuerte carga emocional.
Uno de los casos mencionados durante el proceso guarda relación con la detención de Domingo, ocurrida en 1976, quien fue trasladado a Argentina, permaneció detenido durante un año y posteriormente fue llevado al penal de Emboscada, donde coincidió con otros prisioneros políticos que también prestaron declaración ante el tribunal.
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Sanguinés subrayó que se trata de un juicio con alto impacto emocional, ya que las secuelas del terrorismo de Estado persisten hasta hoy. “Las heridas no cicatrizan; el dolor sigue presente en las víctimas”, afirmó, al destacar la importancia de hacer justicia para preservar la memoria histórica y evitar que estos crímenes sean negados o minimizados.
Como antecedente, recordó la condena a Eusebio Torres, sentenciado a 30 años de prisión por hechos similares cometidos también en 1976 contra los hermanos Carlos y Luis Casco, y la esposa de uno de ellos, vinculados en ese entonces a organizaciones campesinas.
Actualmente, el tribunal se encuentra a la espera de culminar los alegatos finales, tras lo cual se pasará a la deliberación y dictado de sentencia, en un proceso considerado clave para el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.