El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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En el marco de la 2.ª Convención Bancaria Paraguay, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Henrique Sznirer, director asociado — Calificaciones Globales, de S&P Global Ratings, indicó que Paraguay tiene la menor deuda en hogares. Consideró que los créditos de consumo se expandieron por la creciente inclusión financiera.

“El crédito de consumo es lo que ha crecido bastante con relación al PIB; era 5 % en 2017 y ahora es 10 %, crédito bancario, como instituciones no bancarias”, manifestó en su exposición denominada “Panorama bancario en Paraguay: Tendencias, comparativa con pares internacionales y desafíos”.

Los préstamos para la vivienda también ocuparon parte de su alocución, citando hace nueve años representaban 1,3 % del Producto Interno Bruto (PIB), y ahora suman 2,8 %.

“El consumo parte de una serie de reformas de inclusión financiera, de digitalización del sistema, de crecimiento de los bancos; esperamos que siga creciendo”, reforzó al respecto.

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“Paraguay tiene la proporción más baja del total de deuda en crédito a hogares. Si comparamos el crédito total a hogares está en 12 % del PIB, un 10 % de consumo y un 2 %, casi 3 % de vivienda”, continuó explicando.

En ese sentido, citó el caso de Brasil, que tiene hogares con un endeudamiento promedio del 34 %, y Colombia, con el 20 %. En cuanto a la vivienda, en Chile alcanza el 33 % del PIB. “Aunque está creciendo, el endeudamiento todavía es una proporción más chica que en los países de Latinoamérica”, resaltó.

Por su parte, Federico Muxi, managing director & Senior Partner del Boston Consulting Group-BCG, tuvo como tema “El futuro de las finanzas. ¿Hora de acelerar el cambio?”. Al respecto, citó que a nivel global las fintechs pesan el 4 % de los ingresos totales de los bancos, lo que se espera se expanda hasta el 11 % en 2030, para tener una idea de cómo la tecnología irá captando capitales en el futuro.

Por otro lado, dijo que la digitalización está dejando de dar resultados, por lo que es imperioso recurrir a la Inteligencia Artificial (IA), tanto generativa como agéntica. “Esta última es más revolucionaria y tiene “un potencial de transformación enome de los negocios”, atizó.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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En la mañana de este martes se presentó de manera voluntaria en el Departamento Judicial el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza.

El informe indica que el exjefe departamental se entregó en la oficina de guardia a las 6:45 “para ponerse a disposición de la justicia, siendo recibido por el personal de guardia que constató mediante Base de Datos de la Policía Nacional que efectivamente el mismo cuenta con orden de captura pendiente, por lo que se procedió a su detención, se labró acta de procedimiento y realizó el procedimiento de rigor”.

La entrega del exgobernador se da tras la orden de captura nacional dispuesta por el juez de Ejecución Carlos Mendoza. En ese marco también se estableció la captura de Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, exjefe de gabinete del exgobernador del departamento Central.

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Una vez que sean detenidos, González y Robles Ibarra serán remitidos a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, a los efectos de ser trasladados a la penitenciaría que tenga el espacio y la infraestructura adecuada para albergarlos.

Durante el juicio oral que enfrentó González y los demás procesados en la causa, se demostró que mediante el uso de facturas falsas y clonadas, justificaron obras fantasmas que provocaron un perjuicio patrimonial de G. 5.105 millones a la Gobernación de Central. En la diligencia, el tribunal sentencia, integrado por las juezas Karina Cáceres, Yolanda Morel y Ana Rodríguez, encontró culpables a los acusados por el delito de lesión de confianza.

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