El excapo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán ha enviado cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua “cruel”.

Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

La AFP pudo consultar tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes.

“Esta es una carta cortés sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.

El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su “derecho a volver” a su país, sin aclarar si su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México.

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En otra misiva del 20 de abril el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.

Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo” añade. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura.

El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.

Joaquín Guzmán invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense.

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El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.

Fuente: AFP

La Fiscalía formuló imputación contra el conductor de plataforma que agredió a un pasajero y provocó su muerte luego de que el mismo cayera al piso.

La fiscal Hermenegilda Cubilla imputó por homicidio doloso y omisión de auxilio a Cristian Narváez (37), presunto responsable de la muerte de su pasajero Arnaldo Grance (44), quien cayó al empedrado tras recibir un golpe en el rostro.

El chofer fue detenido luego de verse involucrado en una discusión que derivó en el posterior fallecimiento de un usuario de la plataforma de transporte, en el barrio Trinidad de la capital el viernes, 1 de mayo, en horas de la noche.

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el imputado se enfrentó verbalmente con su pasajero, a quien propinó varios golpes en el rostro, supuestamente porque le reclamó el vuelto.

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Al ser agredido físicamente, la víctima cayó al empedrado y sufrió una herida contundente en la zona de la cabeza, la cual acabó provocando su deceso, luego de perder una gran cantidad de sangre, según confirmación forense.

En ese sentido, el resultado de la autopsia practicada en la morgue judicial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo severo del tipo craneoencefálico, que a su vez desencadenó en una hemorragia cerebral. La Fiscalía cuenta con elementos que sostienen la hipótesis de un homicidio doloso.

Entre las evidencias recabadas se encuentran imágenes de circuito cerrado en las que se observa que el presunto autor se retiró del lugar sin brindar asistencia al ahora fallecido. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

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Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, dijo en una entrevista con varios medios, entre ellos la AFP, que detrás de la internación domiciliaria de su padre “había un plan” para mantenerlo bajo control que “se fue de las manos”. El equipo médico de Maradona, quien falleció a los 60 años cuando se encontraba en internación domiciliara tras una neurocirugía, es juzgado por homicidio con dolo eventual, es decir que según la acusación era consciente de que sus acciones podían ser fatales.

En momentos en que avanza el juicio por la muerte de su padre en un tribunal al norte de Buenos Aires, Gianinna Maradona apuntó contra el personal médico y el entorno del exastro del fútbol. “Sí sé que había un plan, seguramente había un plan, y que alguien lo dirigía, y seguramente que se le fue de las manos”, dijo en una mesa redonda virtual con periodistas esta semana.

Gianinna, de 36 años, amplío su sospecha al representante, la contadora y los asistentes privados que manejaban el día a día del Diez. “No puedo pensarlo (…) y decir ‘el plan: lo querían matar’, ¿quería tener (el representante Matías) Morla la vida de mi papá en sus manos?, seguramente. Y lo hizo”, sostuvo. Además de Morla, Gianinna señala al exsecretario Maximiliano Pomargo y a la contadora Vanesa Morla, a quienes cree responsables y dice que deberían estar imputados en esta causa, como lo están en otra por fraude con las marcas del exfutbolista.

Para la fiscalía, que sindica exclusivamente al equipo médico, Maradona fue víctima de un “grupo de improvisados” que cometió omisiones criminales en una “internación cruel”. Los acusados, aunque con estrategias distintas, claman inocencia. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros”, dijo Gianinna sobre los siete profesionales de la salud, liderados por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que arriesgan hasta 25 años de prisión.

El juicio en San Isidro, iniciado en abril, es el segundo intento por esclarecer la muerte del ídolo, tras la anulación del primero porque una jueza participaba en un documental clandestino sobre el proceso. En el debate se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria del astro, quien falleció de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020. Una octava acusada -una enfermera- será juzgada aparte por jurados.

Para Gianinna, detrás de cada decisión médica había un cálculo económico. “Había un plan de fondo (...) y alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea (instrucción, ndlr) y todos seguían algo”, dijo. El objetivo, según ella, era mantener el control del exfutbolista para asegurar la firma de contratos y la gestión de sus marcas.

Tras la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020, familia, allegados y equipo médico evaluaron cómo mantenerlo alejado del alcohol y los psicofármacos. Para ese fin, Luque y Cosachov sugirieron que una internación domiciliaria sería mejor que un ingreso compulsivo a una institución psiquiátrica.

“A ellos no les servía que mi papá estuviera internado en un psiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla”, denunció Gianinna. “Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá y por eso era la internación domiciliaria”. La familia accedió, dijo Gianinna, porque entonces creyó que era en beneficio de su padre. Luque, considera Gianinna, tenía instrucciones precisas: “Tenía que (...) convencernos de la internación domiciliaria para no perder el control”, dijo ella.

“Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, su médico de cabecera”, afirmó Gianinna. En casi todas las audiencias del nuevo juicio, el neurocirujano pidió declarar para enfatizar que visitaba a Maradona como “amigo” y no como médico clínico, y que su función se limitó a conseguirle especialistas y retirarle los puntos de la cirugía.

La hija del ídolo dice haber advertido señales del deterioro físico de su padre que nadie atendió. “Estaba hinchado y avisé que estaba hinchado. Me explicaron que era normal, que era por estar acostado”, explica. Los audios filtrados de los médicos, que ella calificó como “repulsivos” y “escalofriantes”, muestran que mientras ella se preocupaba, ellos planeaban cómo “cubrirse legalmente”. “No me entra en la cabeza”, dijo Gianinna.

Fuente: AFP.

La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.