La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Pablino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó la condena de ocho años de cárcel para el exministro abdista de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en una causa vinculada con la investigación A Ultranza Py, de febrero de 2022.

El exfuncionario de Estado fue encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal en direccionar licitaciones en dicha dependencia estatal para su beneficio personal y el de terceros.

Además de la pena privativa de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de un yate de USD 450.000 que obtuvo Roa como fruto de las licitaciones direccionadas y la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años.

Igualmente, fue confirmada la sentencia para el empresario Alberto Koube a seis años de prisión por soborno agravado en calidad de autor, administración en provecho propio, en calidad de instigador, lavado de dinero en calidad de coautor.

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La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme. De acuerdo a la sentencia tanto Roa como Koube causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional de aproximadamente G. 16.000 millones, principalmente mediante contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.

De acuerdo al Ministerio Público entre los años 2018 y 2021, Roa quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube con la finalidad de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando de esa forma una asociación criminal.

Las adjudicaciones direccionadas se canalizaron mediante empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros.

Varios elemen­tos probatorios fueron claves para el presente caso, entre ellos resaltan los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa soli­citaba montos de dinero en concepto de “pan dulce” y “sidra” a cambio del direc­cionamiento de las licita­ciones.

También se men­cionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presio­nando a Roa, a quien tra­taba de “Papacho” para que se puedan liberar los fondos.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Carlos Antonio Almada, de la Unidad Penal N° 1 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un adolescente de 16 años por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación. El menor está sindicado de haber sometido sexualmente a una compañera de colegio, en el interior del sanitario de la institución educativa al que ambos asisten.

De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión sexual habría ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30 en un colegio del Km 28 de Minga Guazú. En esa ocasión, la víctima, también de 16 años, se encontraba en el sanitario femenino, en el lavatorio de manos, cuando ingresó el ahora imputado en forma imprevista, según la denuncia y elementos colectados por la Fiscalía.

Acto seguido, el presunto agresor habría sujetado a la víctima por la cintura para arrastrarla hasta el último compartimento del baño. Una vez allí, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, se habría producido el sometimiento sexual.

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Tras el hecho, el supuesto abusador se retiró del sanitario, mientras que la afectada regresó a su aula para recoger sus pertenencias y dirigirse a su domicilio, donde relató lo sucedido a su abuela y luego a su madre, de acuerdo al escrito de imputación del adolescente.

La medida del Ministerio Público tomó en cuenta la denuncia presenta por la madre de la víctima y la directora del colegio donde habría ocurrido el hecho, además del acta de procedimientos de la subcomisaría jurisdiccional y los informes técnicos de la Fiscalía. La declaración detallada del hecho por parte de la víctima y el diagnóstico médico fueron claves para la formulación fiscal.

Ante la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Adolescencia.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.

Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.

Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.

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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.

Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.

En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.

Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.

Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, dictó una resolución en el marco del proceso seguido a Carlos Javier Granada Fernández, al declarar la nulidad del fallo que lo mantenía bajo prisión preventiva.

El Tribunal de Alzada determinó que el procesado ya ha compurgado la pena mínima prevista para los delitos de acoso sexual y coacción, por lo que su continuidad en un establecimiento penitenciario vulneraba garantías constitucionales. El Tribunal de Apelación conformado por los camaristas José Waldir Servín, María Belén Agüero y Agustín Lovera Cañete.

En vista a esta resolución judicial dada en mayoría, otro tribunal de sentencia tendrá que analizar si corresponde el pedido de la defensa del condenado Granada, quien pretende abandonar la cárcel donde está cumpliendo su condena.

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No obstante, la Cámara fue enfática al ordenar que dichas disposiciones “no impliquen una modalidad de privación de libertad”, abriendo paso a alternativas como la libertad ambulatoria bajo fianzas o restricciones de salida del país, pero fuera del régimen de reclusión.

Los camaristas Servín y Agüero votaron por anular la resolución del tribunal de sentencia por falta de fundamentación. Mientras que el camarista Lovera Cañete votó por la libertad del sentenciado por el compurgamiento de la pena mínima.

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El pasado 26 de noviembre, Carlos Granada fue condenado a 10 años de cárcel por coacción, acoso sexual y coacción sexual, en el marco de un juicio oral y público. Conformaron el tribunal de sentencia las juezas Cándida Fleitas, Sonia Villalba y el magistrado Manuel Aguirre.

Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Cándida Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso probar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola a la periodista”.

La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina de Granada, donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad eran para sufrir acosos y manoseos.

El exjefe pedía a las comunicadoras que siempre vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza, y tras cometer los hechos, les amenazaba que si osaban en denunciarlo, no conseguirían trabajo en otros medios, ya que les advirtió que tenía amigos en todos los canales de televisión.