Los integrantes de la sala penal que van a estudiar si corresponde ratificar la pena o decidir que se realice un nuevo juicio oral para Justo Ferreira de Imedic son Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero. Foto: Gentileza
Imedic: integran sala penal para estudiar si Justo Ferreira va a un nuevo juicio oral
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Se integró la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que deberá estudiar el pedido del Ministerio Público que solicitó anular los fallos de primera y segunda instancia del condenado Justo Ferreira, presidente de Imedic S.A. (Insumos Médicos), a solo 3 años de cárcel, Ferreira fue encontrado culpable por el delito de contrabando por el ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.
Los integrantes de la sala penal que van a estudiar si corresponde ratificar la pena o decidir que se realice un nuevo juicio oral son Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero. Los dos últimos integrantes son camaristas debido a que los demás ministros de la Corte se apartaron de estudiar el caso.
El Ministerio Público pidió la nulidad de los fallos del tribunal de sentencia y del tribunal de apelación que solo condenaron a 3 años de cárcel a Justo Ferreira. Solicitan el reenvío del presente caso para que otro colegiado pueda realizar el juzgamiento pertinente y se dicte una sentencia condenatoria más elevada, atendiendo la gravedad del hecho juzgado y porque se jugó con la salud de los paraguayos durante la pandemia.
La acusación de la Fiscalía sostuvo que durante la pandemia de covid-19, Imedic debió entregar al Ministerio de Salud mascarillas con filtro, trajes para riesgos biológicos y camas manuales para pacientes, sin embargo, Justo Ferreira introdujo al país en forma irregular 50 camas hospitalarias.
Además de Zaldívar, se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán, entre otros. FOTO: ARCHIVO
Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
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El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
Corte definirá la continuidad del cuestionado juez Édgar Rivas
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá la difícil tarea de estudiar si confirma o no en el cargo al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia.
El magistrado también está en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por su dudosa actuación en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
Los ministros de la Corte —Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón, César Garay Zuccolillo, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Víctor Ríos— tendrán la oportunidad de analizar los polémicos antecedentes del juez Rivas.
Meses atrás, el pleno de la CSJ le negó el ascenso a miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de la Capital a Édgar Rivas, debido a las fuertes críticas por su desempeño en el fuero civil y las presuntas irregularidades en el manejo del mencionado expediente.
En su lugar, los ministros decidieron elegir por mayoría de votos al magistrado Carlos Escobar para integrar dicha cámara de apelaciones. El apartamiento de Rivas fue absoluto, al punto de que ningún ministro lo propuso para el cargo de camarista, lo que significó un duro rechazo institucional a su gestión.
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel que recibió Hernán Rivas y sostiene que la sentencia se basó en presunciones y no en elementos de prueba. Foto: Gentileza
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
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La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
Juez eleva a juicio oral la causa contra “Nenecho” Rodríguez por presunta lesión de confianza
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El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de detergentes y otros insumos de limpieza con fondos municipales durante la pandemia de la COVID-19.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El juzgado igualmente decidió excluir el hecho punible de asociación criminal al considerar que no existen elementos suficientes para que esa parte de la acusación sea debatida en juicio. Además, rechazó los incidentes de sobreseimiento planteados por la defensa de Rodríguez.
Estigarribia sostuvo que la acusación fiscal describe de manera circunstanciada los hechos atribuidos al exintendente y contiene elementos que permiten que la supuesta lesión de confianza sea analizada por un Tribunal de Sentencia.
Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición de insumos que, en varios casos, no habrían ingresado a la Municipalidad de Asunción.
La Fiscalía sostiene que, durante los años 2020 y 2021, en el marco de las contrataciones por la emergencia sanitaria, se habría favorecido sistemáticamente a un grupo de empresas, con presuntas vulneraciones a los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
La acusación también señala que las licitaciones habrían sido direccionadas a determinadas firmas y que se habrían utilizado nombramientos, contratos y emisión de cheques como parte de una supuesta estructura para perjudicar a la institución.