Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un hombre de 72 años fue imputado por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, de la Unidad Penal N° 6 de Ciudad del Este, por el presunto hecho punible de homicidio culposo de un joven de 20 años. Tiene que ver con un accidente ocurrido el 29 de noviembre de 2025, a las 11:20 sobre la Ruta PY 02, a la altura del km 17, en Minga Guazú.
En esa ocasión, el hoy imputado conducía un automóvil Toyota Ractis, modelo 2008, color negro, acompañado de una mujer, cuando realizó el retorno e ingresó al carril contrario. En ese momento, un camión de gran porte circulaba en sentido contrario y detrás del mismo venía una motocicleta STAR NT150, color negro, conducida por un joven que impactó contra el automóvil, del lado del acompañante.
Debido al fuerte impacto, el conductor de la moto cayó al pavimento y sufrió lesiones en la cabeza, por lo que fue derivado al Hospital Distrital de Minga Guazú donde quedó internado hasta que fue trasladado al Hospital Regional por la complejidad de su cuadro.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2025, la víctima falleció en el Hospital Regional de Ciudad del Este. El hecho fue comunicado a la Fiscalía por su hermano, adjuntando copia del certificado de defunción. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio culposo, considerando la responsabilidad en la conducción y el resultado fatal.
El fiscal pidió suspender la prisión preventiva y disponer el arresto domiciliario para el imputado, conforme a su edad y condiciones personales, asegurando su comparecencia ante la Justicia.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado un plazo de cuatro meses para la investigación, a fin de realizar las diligencias necesarias y formular el requerimiento conclusivo.
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“A causa de un bache”, conductor ebrio chocó por una columna y un vehículo estacionado
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Las principales calles de Ciudad del Este presentan innumerables baches y, si se suman conductores ebrios, causan frecuentes accidentes. Una de ellas es la transitada avenida Carlos Barreto Sarubbi, del km 10 Acaray, donde esta mañana se produjo un percance que causó daños materiales, pero no hubo lesionados.
El conductor (Alcotest positivo) dijo que a causa del bache perdió el control y fue a impactar por una columna de la Ande y un vehículo que se encontraba en el predio de una propiedad particular. Es lo que reportó el personal del Destacamento Policial 3 del km 10, Acaray.
Ocurrió a las 06:30 de hoy e involucró a un vehículo de la marca Toyota, modelo Corolla, color dorado, chapa WXAX 811, que estaba al mando de Diego Antonio Escurra (35), domiciliado sobre la misma avenida, a unos 5 mil metros de la Ruta PY02.
El conductor dijo que circulaba con dirección norte cuando se vio obligado a realizar una maniobra para esquivar un bache, pero perdió el control del vehículo y fue a impactar por la columna y un rodado que estaba estacionado en el predio de una vivienda propiedad de Gustavo Cantero Santacruz.
El automóvil chocado es de la marca Toyota, modelo VITZ, color dorado, con chapa CEY 793. Ambos vehículos resultaron muy dañados, pero no hubo personas lesionadas.
El hecho fue comunicado a la Fiscalía y a la Patrulla Caminera, que ordenó la prueba de alcotest al conductor y el resultado salió positivo (pósito 0,338 mg/L). El mismo quedó aprehendido y llevado al Ministerio Público.
Unos diez casos de accidentes de tránsito fueron reportados por la Policía de Alto Paraná, correspondientes a las últimas 24 horas.
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Imputan a asaltante herido en persecución policial tras ataque a una mujer con su hijo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a Alfredo Ramón Ríos Villalba (36) por el asalto a una mujer en la vía pública e intento de robo. El mismo está hospitalizado en el pabellón de emergencias del Hospital Regional de Ciudad del Este con una herida en el muslo y fractura del brazo.
El hecho ocurrió ayer 11 de noviembre, a las 13:00, en la vía pública del Km 10 Monday, a unos 3 mil metros de la Ruta PY02, Ciudad del Este. En esa ocasión huían en una moto con su hermano mellizo, Alcides Ramón Ríos Villalba (36), tras intentar robar a una mujer que circulaba en una moto con su hijo, a quien llevaba a la escuela.
Fue víctima María Antonia Ferreira Portillo (32), quien vive en la misma zona. La mujer se resistió a la entrega de su moto y uno de los asaltantes efectuó disparos hacia ella que no le impactaron.
De acuerdo con los datos recabados por el fiscal, un vecino vio lo que pasaba y auxilió a la mujer obligando a los asaltantes a que huyeran, además de comunicar a un oficial de policía, Niño Daniel Cardozo Miranda (37), poblador de la zona, que dos asaltantes escapaban en moto hacia su casa.
Ante ese dato, el policía salió a perseguir a los dos motociclistas produciéndose un intercambio de tiros hasta que uno cayó y falleció en el lugar, mientras que el otro fue herido.
El herido fue auxiliado hasta el Hospital Regional por el personal de la Subcomisaría 14ª., que acudió al sitio tras lo ocurrido. Ambos supuestos atacantes cuentan con antecedentes por robo agravado y reducción.
En el lugar fueron encontrados la motocicleta en la que huían los mellizos y un arma de fuego tipo pistola con inscripción “Fabrique Nationale d’Armes de Guerre”, con un cargador con 9 cartuchos sin percutir del calibre 9 mm. Intervino el médico forense Aníbal Duarte para el levantamiento del cadáver.
El agente que persiguió a los asaltantes es Niño Daniel Cardozo Miranda (37), un suboficial inspector que presta servicios en la Agrupación Motorizada de Alto Paraná y que ayer estaba de franco.
Dijo que abordó su automóvil de la marca Toyota, Premio, color gris, chapa CEU 747 Py e inició una persecución contra los delincuentes, produciéndose un intercambio de disparos en el que los supuestos autores resultaron heridos, falleciendo uno de ellos en el lugar.
El oficial ya prestó declaración testifical y, por ahora, el único imputado es el asaltante herido. El fiscal Gabriel Segovia mencionó que todavía está recabando imágenes de circuito cerrado en el marco de la investigación.
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Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.