El juez Penal de Garantía de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, fijó para el 16 de diciembre a las 09:15, la audiencia preliminar para William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados, e Ilse Paredes y José Ljubetic, acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso en el marco de la estafa de USD 1.600.000 a colonos menonitas de Río Verde, departamento de San Pedro, bajo la promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco.
En la referida diligencia judicial se definirá si los tres acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados, así como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
La acusación fiscal sostiene que los hechos sucedieron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Ganándose la confianza de los inversionistas, primero desaconsejó la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores.
Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar para ellos la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert, ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico”, integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso, utilizados para sostener el engaño.
Según la acusación, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión con hechos inventados, afirmando que los Friesen habrían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron posesión de los mismos.
Los documentos presentados por los acusados, incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales, mantenían a las víctimas en expectativa constante. Se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.
Los peritajes incorporados al expediente que refuerzan la hipótesis fiscal consisten en una pericia caligráfica que confirmó que las firmas en los recibos de dinero pertenecen a Ljubetic. La pericia informática halló comunicaciones que corroboran la narración de las víctimas además de la pericia de georreferenciamiento que determinó que las coordenadas presentadas por los acusados se superponen con propiedades privadas, actualmente pertenecientes a Fincalis S.A, lo que evidencia la imposibilidad de adjudicación.