La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación general presentada por los abogados Carlos Arévalos Girett y Marcelo Bogado Escobar, representantes de los acusados por el supuesto desmonte de 2.900 hectáreas en el Chaco, Miguel Antonio Bibolini y Nicole Bibolini, quienes habían cuestionado la determinación adoptada por la jueza de Garantía, quien había admitido la acusación fiscal contra los dos procesados.
Con la resolución de la máxima instancia judicial se destraba el presente proceso penal en el que la jueza de Neuland, Fanny Cáceres, ya podrá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se va a definir si el proceso se eleva a juicio oral y público.
La corte, en su análisis determinó que no tiene competencia para entender en la apelación de la defensa de los dos acusados, ya que la resolución recurrida no debe ser estudiada por los ministros porque no reúne los requisitos para ser analizados, por lo que corresponde declarar inadmisible la apelación general.
Acusación
La fiscala adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González, rectificó y presentó acusación y pedido de juicio oral y público para Miguel Antonio Bibolini y su hija Nicole Bibolini, procesados penalmente por presuntamente deforestar más de 2.900 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Chaco.
Con la determinación adoptada por la fiscala adjunta, quedó sin efecto la llamativa postura que tuvo la fiscala inferior, Laura Ávalos, quien pretendía una irrisoria sanción para uno de los acusados, mientras que para la otra procesada pidió el sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos contundentes que deberán ser debatidos en un juicio oral y que pueden demostrar la responsabilidad en el delito ambiental que incurrieron los dos hoy acusados por deforestar más de 2.900 hectáreas de tierras.
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