La causa conocida como “Tía Chela”, que involucra al destituido exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, finalmente avanzó este lunes con el inicio de la audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, luego de múltiples suspensiones y chicanas procesales presentadas por la defensa en los últimos meses.
El periodista Aldo Insfrán, en el programa Arriba Hoy de GEN/NaciónMedia, informó que las partes acudieron puntualmente a la convocatoria y que, hasta el momento, no se presentó ninguna recusación ni incidente que pudiera frenar nuevamente el proceso.
La diligencia se abrió con la exposición del fiscal Silvio Corbeta, quien ratificó íntegramente la acusación y solicitó la elevación del caso a juicio oral y público.
Ratificación fiscal
En su intervención, el fiscal Corbeta reiteró los hechos atribuidos a los procesados. Según la acusación: Miguel Prieto Vallejos, exintendente, es señalado por el hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 239 del Código Penal; Francisco Arrúa enfrenta la misma imputación, con la agravante de asociación criminal.
Otros acusados deberán responder por su presunta participación dentro del esquema que, según la Fiscalía, manipuló fondos municipales en plena pandemia.
El Ministerio Público sostiene que existen elementos concluyentes y “altamente comprometedores” sobre la administración de Prieto durante la emergencia sanitaria, especialmente en lo referente a la adquisición de insumos y alimentos, cuya compra derivó en el caso bautizado mediáticamente como “Tía Chela”.
Maniobras dilatorias
El expediente registró numerosos incidentes y chicanas por parte del equipo jurídico de Prieto y los demás acusados, lo que impidió durante meses la realización de la preliminar.
Ante este escenario, el juez Otazú había advertido previamente que aplicaría sanciones disciplinarias a quienes intentaran nuevas maniobras dilatorias durante la convocatoria de hoy. Entre las medidas posibles, incluso podría revocar las medidas alternativas con las que cuentan los acusados y ordenar prisión preventiva.
Este contexto explicaría que, a diferencia de oportunidades anteriores, las partes se presentaran sin incidentes de último momento.
Narrativa instalada
Sectores afines al exintendente destituido por supuestas irregularidades en su gestión han insistido en denunciar “persecución política”, incluso adelantándose al avance procesal. Voceros del sector habían advertido públicamente que, si la causa avanzaba, “harían sentir su postura”.
Sin embargo, esta narrativa política ignora la existencia de abundante evidencia documental y pericial construida durante la investigación fiscal. La pregunta de fondo es si las decisiones judiciales podrán sostenerse frente a la presión política o si volverán a quedar atrapadas en el mismo círculo de postergaciones que caracterizó al proceso en los últimos meses.
Lo que sigue
La audiencia, que podría extenderse varios días debido al número de acusados, continuará con la exposición de incidentes y excepciones de cada defensa. Otazú deberá resolverlos uno por uno antes de decidir si la causa pasa finalmente a juicio oral y público.
El avance de esta etapa procesal marcará un punto decisivo en uno de los casos emblemáticos sobre presunto uso irregular de fondos públicos durante la pandemia y pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para sostener un proceso largamente demorado.