El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió tomar conocimiento de las publicaciones periodísticas sobre la resolución judicial —presuntamente irregular— del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Guillermo Trovato. El magistrado dejó sin efecto una medida cautelar dictada por una jueza de Primera Instancia de Salto del Guairá que garantizaba la cosecha de soja en la Estancia Americana, ubicada en Canindeyú. El fallo del citado magistrado es señalado como arbitrario.

La determinación de los miembros del JEM se dio a conocer en su primera sesión ordinaria. Una vez cumplido el plazo legal, se estudiará si corresponde el enjuiciamiento y el pedido de suspensión del magistrado Trovato. En la sesión participaron el presidente del órgano, el ministro de la Corte César Garay; la doctora Alicia Pucheta; el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia; y los legisladores Derlis Maidana, Mario Varela y Enrique Berni.

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En una decisión cuestionable, el juez Trovato suspendió los efectos de una resolución previa que protegía la producción agrícola en el lugar y ordenó la toma de posesión inmediata de todos los bienes de la Estancia Americana. Esto propició que la Policía Nacional arremetiera contra una comunidad indígena asentada en la zona. Se menciona, además, la existencia de fuertes injerencias políticas y económicas para inclinar la balanza judicial hacia un sector específico.

Acción violenta

Días atrás, con balines de goma, la Policía Nacional reprimió a familias indígenas en el departamento de Canindeyú. El procedimiento se ejecutó para dar cumplimiento a la orden firmada por Trovato, la cual presentaría diversas irregularidades. Los uniformados procedieron al desalojo apenas minutos después de haberse firmado el documento.

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En el marco del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impul­sada por el gobierno del man­datario Santiago Peña, el titular de la Comisión Per­manente del Congreso Nacional, Colym Soroka, instó a los gremios que rechazan el pro­yecto a presentar propues­tas alternativas ante un emi­nente colapso.

“Tienen que entender que debemos buscar una solu­ción al problema, las cajas fiscales ya no aguantan más, tiene un agujero muy grande y rechazar el proyecto no nos ayudará a solucionarlo, eso sería demasiado senci­llo”, sostuvo a los medios de comunicación.

El senador acotó: “Todas las propuestas que hagan serán remitidas a la Cámara de Dipu­tados en donde será tratada previamente. Les decimos a los gremios que hagan sus pro­puestas porque algunos solo vienen agresivos diciendo que no comenzarán por ejemplo las clases, este es un momento de debates, no de discusiones, donde las propuestas deben prevalecer ante las amenazas”.

Las afirmaciones de Soroka surgen ante el rechazo al pro­yecto ejecutivo por parte de algunos sectores, como el de los docentes, donde uno de sus principales representan­tes, el sindicalista Silvio Piris, amenazó con la aplicación del voto castigo en las elec­ciones municipales del pre­sente año, en caso de pros­perar la reforma.

Entre los puntos destacados del proyecto figuran la jubi­lación gradual que irá desde los 57 hasta los 62 años, con incentivos para quienes deci­dan trabajar más tiempo, aumentando la tasa de sus­titución. El aporte subirá del 16 al 19 %. Asimismo, en el proyecto se menciona que el Estado comenzará a aportar de forma proporcional, ini­cialmente con un 3 %.

En la propuesta se cita que se promediarán los aportes de los últimos 5 años para la jubilación. Se establece que no se modifican las edades de jubilación para los médicos y funcionarios administra­tivos del servicio civil. Deta­lla que tampoco se incluye la jubilación parlamentaria.

Desde el Ministerio de Econo­mía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdo­vinos, se informó que en los últimos cinco años, la Caja Fiscal acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.380 millones. Mientras que, al cierre de 2025, el balance anual de la Caja Fiscal alcanzó los USD 380 millones. “El minis­tro de Economía se mues­tra muy abierto a escuchar las propuestas de los secto­res, entonces por qué entrar antes de tiempo a los araña­zos, debemos debatir con pro­fundidad esta cuestión porque no hay forma de sostener este modelo”, dijo Soroka.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la necesidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla únicamente un 3 %.

Los representantes de gre­mios de militares y policías manifestaron su rechazo a la iniciativa, considerando que propone establecer una edad mínima de 57 años para la jubilación de los agentes de las fuerzas públicas. Asimismo, plantean elevar de 15 a 20 años el aporte mínimo requerido para la jubilación del sector militar, y de 10 a 20 años para los agentes policiales.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la nece­sidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla única­mente un 3 %. En esencia, la propuesta establece una tasa de aporte total del 22 % sobre la remuneración imponible: 19 % a cargo del trabajador y 3 % a cargo del Estado como empleador, figura que hasta ahora no estaba contemplada.

Tras la reunión, el diputado colorado Néstor Castellano señaló que esta propuesta genera preocupación en los sectores afectados, pero que la Comisión Permanente mantendrá sus puertas abier­tas para escuchar sus plan­teamientos. El legislador indicó que buscarán contri­buir al análisis del proyecto, recordando que ya recibieron al sector docente y al de poli­cías y militares.

“Corresponde tomar nota y analizar con los senadores y diputados la pertinencia de las sugerencias realizadas por los sectores afectados con esta reforma de la Caja Fiscal”, manifestó.

Por su parte, la diputada Bet­tina Aguilera expresó que mediante un diálogo respe­tuoso se podrá llegar a un acuerdo con los gremios invo­lucrados, evitando así medi­das de fuerza como el atraso del inicio de clases.

“Es natural que tengan este temor. Lo que queremos garantizar desde la Comi­sión Permanente es que habrá tiempo para seguir anali­zando esta propuesta”, indicó.

Hoy, a partir de las 9:30, está prevista la primera sesión ordinaria de la Comisión Per­manente del Congreso en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.

Participará como invitado especial el ministro de Eco­nomía y Finanzas, Dr. Car­los Fernández Valdovinos, quien continuará el proceso de socialización del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Durante la jornada, el titu­lar de la cartera realizará una exposición técnica sobre la iniciativa legislativa, brin­dando detalles sobre sus alcances, fundamentos y objetivos.

También fue invitado el sena­dor Rafael Filizzola, en su carácter de presidente de la Comisión Especial de Inves­tigación de carácter transito­rio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros a la agente fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas, para que la misma pueda enfrentar el proceso penal que tiene por cohecho pasivo agravado o pedido de coima en el caso en el que se investiga el feminicidio de María Fernanda.

El órgano juzgador de magistrados solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en sus funciones de la mencionada agente fiscal.

El actual presidente del JEM, César Garay, indicó que por oficio número 368 del 15 de diciembre, el juez penal de Garantías, Humberto Otazu, informó lo resuelto por providencia de la misma fecha, dictada en la causa caratulada “Juan Carlos Bedolla Fleitas s/ tráfico de influencias” por la que remitió los antecedentes al JEM.

En dicho oficio se indica que la agente fiscal Silvia González Lester fue quien peticionó al juez de la causa que comunique al Jurado la imputación por cohecho pasivo agravado.

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“En el acta de imputación se señalan suficientes elementos de sospechas, declaraciones testimoniales, videos, incluso copias autenticadas de billetes que sustentan la presunta participación de la imputada en el hecho punible de cohecho pasivo agravado”, manifestó el presidente del órgano, César Garay.

Ahora el juez Otazú podrá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la imputada será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.

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La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, acusados en el caso conocido como la Mafia de los pagarés. Los mismos trabajan en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. En su momento el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, había dado trámite de oposición al requerimiento del Ministerio Público que se allanó a una suspensión condicional del procedimiento los dos ujieres.

Ayala y Samudio se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de “La Catedral”, Segundo Turno, de la capital, a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. Los mismos fueron acusados ya que, en el marco de expedientes tramitados, elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas, sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.

La acusación señala que varios documentos que fueron ingresados por funcionarios judiciales a diversos juzgados habrían sido incorporados a expedientes sin cumplir con los protocolos administrativos, sin firma responsable o con características que levantaban sospechas de alteración. Entre las pruebas detalladas en el requerimiento, se mencionan cédulas, notas y anexos que ingresaron en sobres cerrados, sin constancia de recepción y sin respaldo que permitiera establecer con claridad su origen.

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La representante fiscal sostiene en su acusación que la falta de trazabilidad y la ausencia total de registro en el sistema electrónico del Poder Judicial permitieron que los documentos cuestionados circularan sin control. Esta situación, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, vulnera directamente la integridad de los expedientes y podría configurar la comisión de hechos punibles con un impacto directo en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Asimismo, la acusación describe que varios documentos presentaban sellos borrosos, inconsistencias en la numeración y ausencia de firmas funcionales, elementos que, según el análisis preliminar, serían indicativos de posible fabricación posterior o incorporación irregular. La Fiscalía fundamentó su requerimiento citando informes técnicos, declaraciones testimoniales, constancias administrativas y la estructura de ingreso oficial de documentos, cuyo incumplimiento quedó acreditado en el expediente.

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