La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.

La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.

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Sobre el punto, Irún confirmó en diálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.

De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.

Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.

La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.

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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.

Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.

Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.

El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial. De acuerdo con los datos recabados, existirían irregularidades suficientes para avanzar con el enjuiciamiento.

Los miembros del JEM —Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia— son quienes deberán votar para iniciar el proceso y, si correspondiera, solicitar la suspensión del magistrado.

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Semanas atrás, el Jurado decidió tomar conocimiento de la causa ante una serie de publicaciones periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas.

En su momento, la abogada Patricia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló su sorpresa ante la actuación del juez Rivas respecto a la firma del título de propiedad perteneciente a la firma, el cual fue transferido a otra persona. Según explicó, el magistrado no intimó a la empresa ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto, lo cual calificó como totalmente ilegal e irregular.

Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y a la propiedad que posee la empresa que represento”. Asimismo, fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta, porque la misma fue rehabilitada legalmente”.

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En la sesión del jurado se puso a conocimiento las publicaciones que denuncian presuntas irregularidades del magistrado Édgar Rivas.

El Jurado de Enjui­ciamiento de Magis­trados (JEM) tomó conocimiento de la presunta actuación irregular que habría cometido el juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmo­biliaria, Ganadera y Comer­cial sobre convocatoria de acreedores”, donde firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.

Ahora, los miembros del JEM, Alicia Pucheta, Enri­que Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón y Mario Varela, Alejan­dro Aguilera y Diego Candia, deberán esperar hasta el 21 de agosto para poder iniciar de oficio la investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez Rivas, debido a la cadena de irregularidades cometidas en el citado expediente judicial.

El Jurado de Enjuiciamiento decidió tomar conocimiento ante la serie de publicacio­nes periodísticas del diario La Nación, que se hizo eco de las presuntas y arbitrarias irregularidades cometidas por el juez Rivas en el juicio civil mencionado. En caso de que el JEM decida iniciar la investigación, podría enjui­ciar y solicitar la suspensión en sus funciones del magis­trado Rivas.

Días atrás, la abogada Patri­cia Rebollo, representante legal de Ypyta, señaló estar sorprendida por la actua­ción del juez Rivas sobre la firma del título de propiedad, debido a que el citado magis­trado no intimó a la firma Ypyta ni al síndico de quie­bras para realizar dicho acto.

Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya inti­mado a la firma Ypyta para poder firmar la transferen­cia del inmueble en litigio podría causar lesiones a los derechos procesales y lesio­nes a la propiedad que posee la empresa que represento”. Fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente jui­cio civil deben ser comunica­das a la firma Ypyta porque la misma fue rehabilitada legal­mente”.

El criticado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribu­nal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula seve­ras críticas por fallos judi­ciales dictados presunta­mente al margen de la ley. En su momento, Rivas también ordenó el remate de la estan­cia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.