El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para los días miércoles y jueves el estudio de las chicanas presentadas por los imputados por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz, Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, quienes a toda luz pretenden evitar someterse a la Justicia y para ello, recurren a la vieja práctica de la chicana cuestionando la admisión del acta de imputación.
La defensa de los procesados penalmente por lavado de dinero presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez, quien admitió el acta de imputación fiscal.
Los imputados alegaron, de manera general y sin precisión, que la imputación no identifica adecuadamente los hechos atribuidos. Sin embargo, en una evidente contradicción, debido a que los mismos sostienen en sus escritos que, aun si los hechos fueran ciertos, no encuadrarían dentro del delito de lavado de dinero.
La presentación de los incidentes es al único efecto de no someterse a la Justicia y eludir comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Imputación
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez habían presentado imputación contra nueve personas, entre ellos directivos del banco que pertenece al Grupo Zuccolillo.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol. En la denuncia se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA Gate.
De acuerdo con el acta de imputación, el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el Banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.