Este martes 18 de noviembre, la Fiscalía tendrá que presentar su requerimiento conclusivo, es decir, la acusación por los hechos punibles de estafa, asociación criminal y producción de documentos no autentico contra Willian Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
Además, José Francisco Ljubetic e Ilsa Maricela Paredes, investigados por ofrecer tierras fantasmas en el Chaco a los colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
El fiscal de la presente investigación es José Godoy, quien durante el periodo investigativo recolectó 14 tomos de elementos probatorios contra cada imputado por los tres hechos punibles. Una vez que se presente el requerimiento del fiscal se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar ante un juzgado penal de Garantía.
Uno de los tantos elementos que tiene el Ministerio Público es claro y contundente, el informe pericial de la constitución que se realizó en una propiedad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, que fue vendida por los imputados a los colonos menonitas víctimas de estafa. El resultado de la pericia revela que el inmueble que supuestamente adquirieron los menonitas no existe en la zona del Chaco.
Asimismo, dentro de la carpeta fiscal se tiene otros elementos como el intercambio permanente de mensajes entre el imputado William Bogarín y los colonos menonitas a quienes los imputados en todo momento garantizaban que iban a tener el inmueble en el Chaco.
Imputación
De acuerdo con el acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano, exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja, e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.