El juez Rodrigo Estigarribia fue recusado y se debió suspender la diligencia fijada para el exjuez de Paz Víctor Nilo Rodríguez en el caso de la mafia de los pagarés. Foto: Gentileza
Mafia de los pagarés: recusan a juez y suspenden audiencia preliminar de acusados
Compartir en redes
Por una nueva recusación presentada contra el juez Rodrigo Estigarribia se suspendió la audiencia preliminar para el exjuez de Paz Víctor Nilo Rodríguez y otros acusados por el caso conocido como la mafia de los pagarés. La actuaria judicial Gloria Morínigo recusó al juez Estigarribia y debido a ellos se tuvo que posponer la audiencia preliminar.
Igualmente, el exmagistrado Rodríguez, la abogada Patricia Parodi, la ujier Ingrid Prette presentaron reposo médico y de esa manera se tuvo que posponer la diligencia judicial para los mismos.
Ante el pedido de suspensión la Fiscalía pidió la constitución de un médico en los domicilios de Víctor Nilo Rodríguez y de Ingrid Prette para constatar la situación de salud. Los demás acusados son: la actuaria Rosa Lezcano, el ujier Fernando Cáceres y el oficial de justicia Hugo Lafuente.
Ahora, el tribunal de apelación deberá estudiar la recusación contra el juez Estigarribia y en caso de ser confirmado el expediente tendrá que volver al juzgado y se deberá fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se tendrá que definir si los procesados van a enfrentar un juicio oral y público.
Del mismo modo si los acusados pretenden seguir dilatando el proceso penal se podría aplicar la sanción disciplinaria.
Sedeco pide vetar la ley recientemente sancionada de restitución de pagarés
Compartir en redes
La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.
La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
Sobre el punto, Irún confirmó endiálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.
Amplía el campo de acción
De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.
Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.
El presidente Santiago Peña y el diputado itapuense Germán Solinger evaluaron proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los pobladores del séptimo departamento. Foto: Gentileza
Ejecutivo y Legislativo gestionan proyectos viales, educativos y productivos para Itapúa
Compartir en redes
El diputado Germán Solinger mantuvo una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para evaluar proyectos estratégicos orientados al desarrollo integral de los habitantes del departamento de Itapúa. Durante la visita, el legislador detalló los planes para el ámbito vial, la descentralización de la educación superior, la asistencia a los pequeños productores yerbateros y el fortalecimiento social de asentamientos rurales de la región, según informó.
En el ámbito educativo, expuso formalmente el anhelo de los pobladores locales de implementar una filial de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Itapúa, proyectando al distrito de Capitán Meza como sede central de dicha casa de estudios.
El congresista colorado exteriorizó además la compleja realidad que atraviesa el sector de la yerba mate, solicitando un mayor acompañamiento y la intervención inmediata del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para estructurar alternativas de solución técnica en favor del campesinado.
La conectividad vial constituyó otro eje neurálgico del encuentro con el gobernante. El parlamentario urgió una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la ruta PY07, específicamente en el tramo Cruce Santa Clara - Pirapó - Natalio. Igualmente, se gestionó el recapado asfáltico del sector comprendido entre las rutas 16 y 24.
Así también, se revisaron las condiciones de transitabilidad de la ruta que conecta Capitán Meza con Puerto - Edelira - Km. 20, sumando a la agenda la viabilidad de un nuevo puente internacional con la República Argentina, en las variantes Natalio - Puerto Rico o Capitán Meza - Jardín América para dinamizar el comercio del nordeste itapuense.
El acusado José Ljubetich cambió de abogado minutos antes de iniciarse la audiencia y tal situación motivó a que se suspendiera la audiencia preliminar y la querella pidió sanción por considerarse una chicana. Foto: Gentileza
Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
Compartir en redes
Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
Definirán si funcionario de Diputados y otros van a juicio por estafa
Compartir en redes
A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.