El ministro de Educación, Luis Ramírez, confirmó que finalmente los cuatro gremios docentes que en la fecha habían iniciado con la huelga de dos días, finalmente decidieron adherirse a los demás sindicatos, aceptando la propuesta del Gobierno sobre el reajuste salarial del 5 % y los demás puntos acordados el día de ayer.

En contacto con el programa “Cuenta Final” que se emite por Universo 970/Nación Media, Ramírez resaltó que con esta aceptación, todos los gremios docentes están conformes con la propuesta del Gobierno y se pone fin a la huelga de docentes.

Confirmó que mañana todas las instituciones educativas públicas volverán a sus actividades normales. No obstante, señaló que en la fecha, pese al inicio de la medida de fuerza, se tuvo una importante presencia de alumnos en clase en las instituciones públicas.

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“Creo que todos mañana volvemos a la normalidad, de volver a las clases con absoluta tranquilidad. De hecho, hoy también tuvimos una presencia importante de alumnos en las escuelas, lo cual también me dio una satisfacción y creo que es bueno porque de alguna manera no interrumpimos el proceso de los chicos. Celebro que hoy la mayoría estuvo en clases y los que tienen que tener algún tipo de reunión o trabajo lo hicieron”, comentó.

Ramírez explicó que el MEC trabajó en este acuerdo con los nueve gremios docentes, incluyendo todos los pedidos e ideas que iban planteando, durante las mesas de trabajo. Pero, señaló que desconoce el motivo de por qué seis gremios firmaron el día de ayer, y recién hoy se adhirieron los cuatro que faltaban, si en principio todos estaban de acuerdo.

“Ellos hoy se adhieren a las propuestas que estuvimos trabajando justamente con todos los gremios sin distinción. En el sentido de lo que ellos mismos construyeron, o mejor dicho, construimos entre todos. No hay distinción ni diferencia en torno a lo que ayer trabajamos entre todos”, confirmó.

Respecto a las propuestas que fueron planteadas en el acuerdo, el ministro Ramírez, primeramente celebró y agradeció a todos lo que han trabajado para concretar la firma, pero sobre todo a quienes lideraron el proceso, porque se lideró con la idea de construir y no de destruir.

En ese sentido, destacó que el acuerdo no solo incluye el 5 % de aumento salarial para los docentes; también incluye la constitución de mesas técnicas para revisar la educación inclusiva.

“El acuerdo firmado incluye algo que está dentro del sentir de los maestros que hoy se sienten agobiados por la cantidad de cosas que se les pide. Entonces vamos a revisar cuáles son los programas que se tienen que mantener, que todavía se debe seguir impulsando y cuáles son los programas que podemos retirar del contexto”, precisó.

Agregó que a su criterio es un acuerdo amplio que recoge el sentir de todos los maestros y que no se hizo solamente pensando en un porcentaje de aumento salarial, sino también cuidando la salud mental de los docentes. “Cuidando sobre todo de no tocar aquellos rubros que van a asegurar la presencia de psicólogos, de orientadores en las escuelas”, según explicó.

“Ha sido un acuerdo muy amplio, muy completo, trabajado por todos. Yo celebro que hoy se hayan adherido todos a este acuerdo que creo refleja la realidad y el sentir de los maestros. No es solamente dinero, recursos y porcentaje de aumento, sino también cuidar al docente en cuanto a sus tiempos, a su trabajo, a la cantidad de trabajo, a la salud mental del docente. Es un acuerdo muy profundo”, remarcó.

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La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.

La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.

Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.

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Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.

Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.

Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.

Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.

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La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.

En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome.

“¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.

Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo.

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Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.

A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.

“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.

La familia aclara que, con el proceso judicial concluido, estos cuestionamientos no constituyen un pedido de revisión del fallo, sino la expresión de los interrogantes que mantiene sobre lo ocurrido y su intención de preservar la memoria del niño.

“No buscamos venganza”, señala la carta. Y resume el pedido de la abuela en una de sus frases centrales: “No miren solamente el expediente. Miren al niño. Miren a Renato”.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.

La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.

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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.

Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.

Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.

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