La jueza de Paz suspendida en sus funciones Analía Cibils recusó al juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y se suspendió la audiencia preliminar para la magistrada acusada en el caso conocido como la mafia de los pagarés. Ahora, el magistrado tendrá que elevar su informe al tribunal de alzada para que se pueda resolver si corresponde que Estigarribia siga en el caso o se aparte.
De acuerdo a la recusación presentada por el abogado Andrés Álvarez, mencionó que el juez Estigarribia mantiene una postura sesgada y busca llevar a tambor batiente la audiencia preliminar, sin tener en cuenta las garantías procesales y constitucionales. “No puedo ser parte de una violación no solamente de garantías procesales, sino constitucionales”, manifestó Álvarez.
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Por su parte, el fiscal del caso Leonardi Guerrero consideró como llamativa la recusación ya que no existen fundamentos para impedir la sustanciación de una audiencia que quedó firme a finales de setiembre.
“A criterio de esta representación fisca, no se adecua a las motivaciones desde el entendimiento de que no existe recurso previo de la sustanciación de una audiencia preliminar, teniendo en cuenta que la providencia que señaló la realización de esta audiencia y lo que entendemos es que estas recusaciones son los efectos de suspender y posponer la audiencia” indico el agente fiscal.
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Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
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Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Caso de María Fernanda: acusada recusó a jueces y volvió a suspender juicio oral
La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.
La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.
La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.
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Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.
Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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Recusan a ministro de Corte con el objetivo de trabar causa penal de Miguel Zaldívar y otros
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. De esta manera, continúa la línea obstruccionista que busca paralizar el curso del caso.
Con esta nueva chicana presentada por el abogado Battilana, primero se deberá conformar la Sala Penal para estudiar la recusación; posteriormente, se analizarán los incidentes planteados por Zaldívar y los demás imputados en el proceso. La defensa de los procesados ha presentado diversos incidentes ante la máxima instancia judicial con el único fin de evitar someterse a la Justicia.
La recusación contra el ministro Benítez Riera argumenta que un hermano del alto magistrado trabajó en el Banco Atlas entre los años 2006 y 2010, motivo por el cual solicitan su apartamiento. Actualmente, la Sala Penal de la Corte se encuentra desintegrada, debido a que los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se han apartado del expediente. El caso se encuentra ahora para consulta de integración con el ministro César Diesel, de la Sala Constitucional.
Zaldívar podría ir a la cárcel
Ante la actitud obstruccionista al debido proceso, manifestada en las reiteradas maniobras dilatorias presentadas por Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados por lavado de dinero —en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol—, el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medidas establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva para los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia.
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