Una docente denunció ante las autoridades sobre un grave caso de abuso sexual de una alumna suya, de tan solo 11 años de edad, cuyo abuelastro sería el presunto autor, quien ya está detenido por la Policía Nacional, en Amambay.
Ante el suceso la fiscalía imputó a un hombre mayor por el delito de abuso sexual en niños en la colonia Fortuna Guazú, en la ciudad de Zanja Pytã, del departamento de Amambay. La víctima es una niña de 11 años. La docente notó que la niña no podía hacer sus tareas y al consultarle, la víctima le contó lo que pasó con su abuelastro. Se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos y se llamó a la Policía Nacional.
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La niña víctima y su madre fueron hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y luego de la revisión médica se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
Por su parte, el subcomisario Renato Meza indico que el presunto autor se entregó a la Policía el pasado sábado y ahora guarda reclusión en la sede de Investigación Criminal. Ante rumores de que la madre sabía del abuso que sufrió su hija, el fiscal Emilio Álvarez estudia la posibilidad también de imputarla por omisión y falta del deber del cuidado.
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Cabeza Branca: imputan a juez por ordenar subasta de inmuebles con medidas cautelares vigentes
Los fiscales Verónica Valdez y Christian Benítez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de la causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que comunique el pedido de desafuero del juez imputado a fin de que pueda ser sometido al proceso penal. Además, requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles tenían medidas cautelares vigentes dictadas en el marco de dicha causa. Pese a ello, el magistrado habría dispuesto la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a que se encontraban vigentes las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
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Imputan a exjefes de la Senad y a una exasistente fiscal por filtrar datos a Lalo Gomes
El Ministerio Público presentó una imputación contra exaltos funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y una exasistente fiscal que habrían proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La imputación describe una presunta estructura delictiva integrada por los citados exfuncionarios y la auxiliar de la Justicia.
Los imputados son:
- Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas
- Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, exjefe de Inteligencia
- el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de las Fuerzas Especiales
- Alicia Marlene Vázquez, exjefa de Investigación de Crimen Organizado
- y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
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Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos habrían contribuido a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido en un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, se sostiene que era una operadora de confianza del Clan Gomes y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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Imputan por enriquecimiento y lavado a exdirector de la Senad
La fiscala Belinda Bobadilla imputó al exjefe de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa Andrea Karina Martí, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar movimientos multimillonarios que oscilan los G. 2.802.515.608 en efectivo de origen no justificado.
De acuerdo a la imputación fiscal, el millonario monto de dinero no tendría relación con los ingresos lícitos declarados por la pareja durante su desempeño como funcionarios públicos. La investigación surgió como un desglose de otra causa en la que Ruiz Díaz fue investigado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.
Del total presuntamente injustificado, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Ruiz Díaz y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Martí.
Entre las operaciones analizadas figura la compra de un vehículo Volvo XC60 T8 por USD 85.000, cuyo pago habría sido solventado en un 98 % con efectivo de origen presuntamente ilícito, equivalente a G. 620.604.205. También se investigan operaciones inmobiliarias. Una propiedad adquirida en Villa Elisa durante la comunidad de gananciales fue declarada por G. 170 millones, aunque la Fiscalía sostiene que su valor real habría alcanzado G. 765 millones. Asimismo, Ruiz Díaz habría adquirido otro inmueble por G. 330 millones sin que se identificaran extracciones bancarias que justificaran el pago.
Además, se detectaron transferencias y depósitos realizados por Martí a una cuenta de Ruiz Díaz en la Cooperativa Universitaria por G. 104 millones entre 2019 y 2024, además de pagos y cancelaciones anticipadas de préstamos de Credivill y la conversión de G. 200 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA).Entre otros movimientos figuran la compra de un Peugeot por G. 346.720.000, atribuida a Martí; la adquisición conjunta de un Nissan Qashqai por USD 34.990 y otra cancelación anticipada de un préstamo por G. 63.502.003, atribuida exclusivamente a Martí.
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Jueza ordenó prisión para el fisioterapeuta investigado por abusar de niños con discapacidad
La jueza Penal de Garantías Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), imputado por abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Capello Barreto fue detenido debido a que contaba con una orden de captura. El imputado se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad, lugar donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias. Hasta el momento se conocen tres víctimas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde hace años”, revela la investigación.
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Sobre el investigado pesaban dos órdenes vigentes: una detención dictada por el Ministerio Público a fines de julio y una declaración de rebeldía emitida la semana pasada por el Juzgado Penal de Garantías. El 4 de septiembre, el Juzgado Penal de Garantías N.° 5 resolvió no hacer lugar a la impugnación presentada por la defensa, por lo que confirmó la rebeldía y la orden de captura en contra del hombre de 42 años.
Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de una clínica privada de Asunción durante las sesiones de rehabilitación, aprovechándose de la indefensión de las víctimas. A la par, desde el Ministerio de Salud confirmaron que la clínica donde prestaba servicios fue verificada y que los responsables iniciaron los trámites para desvincular al profesional de la institución.