El exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza decidió entregarse para cumplir la condena. De manera voluntaria, Cárdenas llegó al departamento Judicial de la Policía Nacional.
El exjefe comunal tenía orden de captura firmada por un juzgado de ejecución penal, para cumplir su pena. Cárdenas fue encontrado culpable por el hecho punible de lesión de confianza, tras lo cual fue condenado a 8 años de prisión, pero nunca llegó a pisar la cárcel.
Cárdenas fue llevado a juicio oral, a raíz de una denuncia por un supuesto desvío de más de G. 800 millones durante su administración. Dichos recursos debían destinarse a la construcción de escuelas, en el año 2016.
Antecedentes
El pasado 27 de octubre, la jueza penal de Ejecución Especializada María Wyder dispuso la captura de Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente de Lambaré, condenado a ocho años de prisión por lesión de confianza.
La medida fue adoptada luego de múltiples intentos fallidos para detenerlo y de constatarse que continúa prófugo pese a la vigencia de una orden de captura nacional emitida en marzo y reiterada en octubre de este año.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Ferias acercan productos del campo directamente a consumidores de Central
Familias productoras de distintos puntos del país llevaron este viernes sus productos frescos a consumidores de San Lorenzo y Lambaré, en el marco de las ferias de la Agricultura Familiar impulsadas para facilitar la comercialización directa y generar ingresos para el sector rural.
Las jornadas se desarrollaron en la sede de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ubicada sobre la Ruta PY02, en San Lorenzo y en el Shopping Century Plaza de Lambaré. La iniciativa reunió a unas 170 familias productoras provenientes de Central, San Pedro y el Bajo Chaco.
La propuesta busca reducir la participación de intermediarios en la cadena de comercialización, permitiendo que los productores puedan ofrecer directamente sus artículos a los consumidores y al mismo tiempo, que las familias accedan a alimentos frescos a precios justos.
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Entre los productos disponibles se encontraron queso Paraguay, carne de cerdo, conejo, cabra y oveja, además de gallina casera, pato y huevos. La oferta también incluyó productos agrícolas como choclo, mandioca, batata, tomate, pimiento y distintas variedades de poroto.
A estos se sumaron miel de abeja, maní, almidón, harina de maíz, frutas de estación, granos, comidas típicas y tradicionales, así como artesanías, flores y plantas. La variedad permitió reunir en un mismo espacio productos de diferentes rubros de la agricultura familiar.
Las ferias son promovidas por las direcciones de Comercialización y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag), como parte de las acciones orientadas a fortalecer los canales de venta para los productores y dinamizar la economía de las familias rurales.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Tercer caso de Prieto: suman siete los procesados con suspensión condicional tras admitir hechos de corrupción
El juez Humberto Otazú otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Cinthia Noelia Alén Guerrero, quien admitió su complicidad en el delito de lesión de confianza. El caso también involucra al exintendente Miguel Prieto por el pago de obras inexistentes, financiadas por el Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, lo que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.
Tras la admisión de los hechos, el magistrado resolvió aplicar la salida procesal. Alén Guerrero deberá abonar la suma de G. 50 millones como reparación del daño social en un plazo de 10 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.
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El dinero será destinado a la Municipalidad de Ciudad del Este. La defensa de la procesada se allanó al pedido de suspensión formulado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.
Semanas atrás, durante una audiencia preliminar, otros seis procesados también admitieron los hechos de corrupción ante el juez Otazú, devolvieron un total de G. 300 millones y obtuvieron el mismo beneficio.
Los procesados que recibieron la suspensión son: Lucía Lisboa (exsecretaria del Consejo de Salud), Salem Esgaib Zugaib (extesorero), y Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.
El juzgado estableció reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de un año, incluyendo la donación de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. Además de Miguel Prieto, otras dos personas siguen acusadas en la causa.
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