El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.

La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.

Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.

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La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.

Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.

El juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, tras la denuncia realizada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol).

Otazú ordenó el pasado 29 de mayo que el banco Atlas transfiera la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial habilitada para el proceso penal en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La enti­dad bancaria ya informó al juzgado que hizo efectiva la transferencia del dinero. Con este paso, el magis­trado puede proceder al embargo del dinero deposi­tado, monto que pasará a ser administrado por la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico).

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se refirió al embargo preventivo sobre los fondos del banco Atlas. “La Fiscalía pidió el embargo de determinados mon­tos sobre el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos. La acusación fiscal atribuye concretamente que el banco Atlas obtuvo beneficios ilí­citos a través de estas ope­raciones, y el Código Penal obliga a privar de esos bene­ficios ilícitos”, afirmó Lovera en una entrevista para el pro­grama “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Además de Zaldívar, han sido acusados en este pro­ceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.

La Conmebol busca recupe­rar al menos USD 15 millo­nes que el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz des­vió de la institución hacia la entidad financiera, pro­piedad de la familia Zucco­lillo. Según el acta de impu­tación, Leoz realizó en 2013 depósitos en dólares y gua­raníes, además de firmar contratos de fideicomisos por USD 5,1 millones más G. 16.000 millones, y otros contratos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de acti­vos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas opera­ciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documen­tos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herra­mientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas”, explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la Sala Penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contra­tos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

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En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

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