Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra el superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. Esto se da en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank S.A. y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.

Asimismo, los fiscales pidieron al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado. Ante este pedido, el juez Humberto Otazú ya admitió la imputación y fijó para este viernes, a las 08:45, la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Insfrán va a prisión o recibe medidas alternativas.

En la presente causa penal también están imputados el expresidente de la República Santiago Peña, así como el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En el caso del exjefe de Estado, el mismo se encuentra privado de libertad en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras que Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Según el acta de imputación, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.

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La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.

Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.

Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución. La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.

Como parte de las diligencias investigativas, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público. Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.

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El presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte, se refirió al comunicado emitido por gremios empresariales, en el cual exigen al presidente de la República, Pedro Alliana, para tomar medidas urgentes para dar soluciones a la situación financiera generada con la resolución de Ueno Bank. El empresario indicó que existen altas expectativas para dar respuestas por parte del Ejecutivo, y que ya no existe margen de error.

“Nosotros realmente tenemos altas expectativas porque la situación amerita un tratamiento urgente, tratar esta situación no como una cuestión normal; acá estamos en una situación realmente de crisis, y Paraguay hoy, con toda la situación creada, con todo lo que se generó en el mercado, ya no tiene margen de error”, refirió al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Duarte detalló que se reunieron con parte del gabinete del presidente Alliana, que expusieron un interés para buscar una salida a esta situación. “Ahí nosotros y en función de conversaciones que hemos tenido con el ministro de Economía, con el ministro de Obras Públicas, nosotros entendemos que hay un interés respecto a buscar corregir el rumbo, buscar la forma de poder salir de esta situación”, mencionó.

Sin embargo, Duarte señaló que una de las acciones inmediatas es sincerar de una vez por todas los gastos públicos y la estructura del Estado. “Hay que ser realistas y el primer paso, la solución más simple es que vamos a alzar impuestos; la cosa no tiene que ir por ahí, la cuestión tiene que venir y una vez por todas con sincerar el gasto público, buscar la eficiencia de la estructura y la burocracia estatal, para tratar temas tan sensibles como es el tema de la caja fiscal, que otra vez va a impactar este año y el año que viene de forma considerable sobre el presupuesto”, apuntó.

“Sobre todo, de una vez por todas, que las instituciones funcionen, si bien la salida de esta crisis mostró un nivel de institucionalidad importante a nivel país, sin embargo, todo esto ocurrió por la fragilidad de los controles, fragilidad o complicidad de los controles; eso ya no podemos permitir”, sentenció.

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El mandatario Pedro Alliana, mediante la jefatura civil de la presidencia de la República, requirió a los ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados, entidades financieras públicas y empresas públicas, quienes conformaron el gabinete del destituido jefe de Estado, Santiago Peña, colocar a disposición sus cargos.

En el documento, que lleva la firma del nuevo jefe de gabinete, Rolando de Barros Barreto Acha, se menciona que la solicitud surge a los efectos de coordinar las acciones del gobierno de manera más eficiente en esta nueva etapa.

“La presente solicitud alcanza únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza en los términos de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, es decir, puesto de libre disposición cuya designación y remoción depende de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, según el artículo 25 de la ley 7278/2024 que regula la Organización Administrativa del Estado, esto es, aquellas entidades cuyas autoridades son designadas directamente por el presidente de la República, sin intervención de otros organismos constitucionales”, refiere la nota.

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Añade que “quedan fuera de su alcance las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a periodo legal, a acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, solo pueden ser removidas previa configuración de causales legalmente establecidas”.

Detalla a la vez que la solicitud no implica interrupción alguna de sus funciones, por lo que le agradeceremos prever los recaudos necesarios para asegurar la normal continuidad del funcionamiento institucional, conforme a las disposiciones de la circular PR/GC/2026/05379″.

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“El borrón y cuenta nueva sería una mentira más. Acá hay toda una cadena de efectos y esta crisis desencadenará en diferentes ámbitos”, manifestó el sociólogo José Duarte Penayo, quien afirmó que el gran desafío de Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado será estabilizar al Paraguay ante la crisis financiera y política que desencadenó el caso Ueno Bank.

“No creo que haya otra prioridad hoy, que responder en primer lugar a los afectados, eso se está haciendo, hay un porcentaje alto de personas que ya han cobrado a través del Fondo de Garantía de Depósitos lo que les pertenece, pero obviamente la magnitud de la crisis va mucho más allá que eso”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Duarte manifestó también que “no se puede plantear una simple vuelta de página por la fuerza de los hechos, no hay narrativa posible ni experimentación publicitaria o comunicacional que pueda lograr ir contra el peso de la realidad que es otra en el Paraguay. El Estado tiene la obligación de decir la verdad, de romper con una coyuntura donde se ha mentido, manipulado y maquillado. Yo mismo me siento engañado porque muchos de mi generación hemos confiado en la figura de Peña y no hemos visto la magnitud de lo que ocurrió, hay una decepción muy fuerte”.

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Señaló que “a lo que le queda de este gobierno bajo la conducción del presidente Alliana, le toca la altísima responsabilidad normalizar y estabilizar el país. El mensaje que debemos entender sobre todo lo que estamos en la función pública es que los actos que constituyen fallas administrativas no pueden seguir siendo tolerados y quedando impune, hay una generación de paraguayos que se encuentra hastiada de la ineficiencia, de la corrupción, de los partidos políticos y esperan otras cosas”.

Añadió que desde los poderes del Estado se debe empezar a construir credibilidad, que según su criterio ya fue generándose con la destitución del exmandatario Santiago Peña, vía juicio político y su inmediata detención e imputación. “La rápida acción del Ministerio Público y la acción madura del Senado en su conjunto en destituir a Peña, es el mensaje que puede empezar a reconstruir la credibilidad”, remarcó.

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