Mafia de los pagarés: posponen para noviembre la audiencia preliminar de acusados
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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, pospuso para para los días 5 y 6 de noviembre la audiencia preliminar de la exjueza de Paz, Liliana González, y otras 17 personas que fueron procesadas y acusadas por participar en el esquema de la Mafia de los pagarés. La postergación de la diligencia judicial se dio por pedido de varios abogados defensores, quienes pidieron acceder a copias de la carpeta fiscal.
En la referida audiencia judicial se deberá decidir si los acusados van a enfrentar juicio oral y público o si se tiene una salida alternativa.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, se menciona que entre los años 2022, 2023 y 2024 magistrados y otros funcionarios del sistema de Justicia, actuaron en conjunto para favorecer a empresas de cobranzas. Las víctimas del esquema, funcionarios activos y jubilados, no eran notificadas debidamente de estas actuaciones para ejercer su defensa.
Igualmente, se tiene a otros procesados en el caso conocido como la Mafia de los pagarés, que también deberán enfrentar la audiencia preliminar.
Sedeco pide vetar la ley recientemente sancionada de restitución de pagarés
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La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.
La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
Sobre el punto, Irún confirmó endiálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.
Amplía el campo de acción
De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.
Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.
El presidente Santiago Peña y el diputado itapuense Germán Solinger evaluaron proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los pobladores del séptimo departamento. Foto: Gentileza
Ejecutivo y Legislativo gestionan proyectos viales, educativos y productivos para Itapúa
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El diputado Germán Solinger mantuvo una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para evaluar proyectos estratégicos orientados al desarrollo integral de los habitantes del departamento de Itapúa. Durante la visita, el legislador detalló los planes para el ámbito vial, la descentralización de la educación superior, la asistencia a los pequeños productores yerbateros y el fortalecimiento social de asentamientos rurales de la región, según informó.
En el ámbito educativo, expuso formalmente el anhelo de los pobladores locales de implementar una filial de la Facultad de Ciencias Veterinarias en Itapúa, proyectando al distrito de Capitán Meza como sede central de dicha casa de estudios.
El congresista colorado exteriorizó además la compleja realidad que atraviesa el sector de la yerba mate, solicitando un mayor acompañamiento y la intervención inmediata del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para estructurar alternativas de solución técnica en favor del campesinado.
La conectividad vial constituyó otro eje neurálgico del encuentro con el gobernante. El parlamentario urgió una intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la ruta PY07, específicamente en el tramo Cruce Santa Clara - Pirapó - Natalio. Igualmente, se gestionó el recapado asfáltico del sector comprendido entre las rutas 16 y 24.
Así también, se revisaron las condiciones de transitabilidad de la ruta que conecta Capitán Meza con Puerto - Edelira - Km. 20, sumando a la agenda la viabilidad de un nuevo puente internacional con la República Argentina, en las variantes Natalio - Puerto Rico o Capitán Meza - Jardín América para dinamizar el comercio del nordeste itapuense.
El acusado José Ljubetich cambió de abogado minutos antes de iniciarse la audiencia y tal situación motivó a que se suspendiera la audiencia preliminar y la querella pidió sanción por considerarse una chicana. Foto: Gentileza
Estafa a colonos: se suspendió audiencia de acusados y querella pidió aplicar sanción por chicanas
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Se suspendió la audiencia preliminar de tres acusados por la millonaria estafa, cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Río Verde, San Pedro. Esta vez la diligencia judicial se postergó porque el acusado, José Ljubetic, cambió de abogado minutos antes de iniciarse la diligencia judicial, por lo que el acto fue considerado como una chicana, más a los efectos de dilatar que el proceso penal pueda seguir su curso.
Ante la nueva suspensión de la diligencia judicial, la querella adhesiva representada por la abogada Gessy Ruiz Díaz, solicitó al juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, la sanción disciplinaria por chicanero al acusado Ljubetic. Este pedido deberá ser estudiado por el citado magistrado.
Asimismo, en el presente caso están acusados William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados y quien sería uno de los cerebros de la megaestafa; y la abogada Ilse Paredes.
El Ministerio Público presentó acusación y pidió que el proceso se discuta en un juicio oral y público. Sostuvo que cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en juicio oral y poder lograr una sentencia condenatoria.
Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
Se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, acusada por lavado de dinero producto del narcotráfico. Foto: Archivo
A Ultranza Py: se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche
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Se suspendió la audiencia preliminar de Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusada por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La audiencia se pospuso por pedido de la fiscal interina, María Irene Álvarez, quien tenía otros juicios ya fijados. El acto civil había sido programado por la jueza Rosarito Montanía con el fin de resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
El juzgado deberá establecer una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar. En dicha instancia, la Fiscalía expondrá su acusación y fundamentará el pedido de elevación a juicio.
Según la acusación fiscal, García Troche habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para sostener un elevado nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, constituir empresas y adquirir bienes de lujo durante su permanencia en Paraguay.
La Fiscalía sostiene que la entonces pareja de Marset se benefició de las ganancias ilícitas generadas por la organización criminal —liderada por el uruguayo y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”— y que, además, participó en la inserción de esos recursos dentro del sistema financiero nacional a través de estructuras empresariales y patrimoniales.