El defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, calificó de éxito total al XI Congreso Nacional del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), desarrollado bajo el lema “Acceso a la Justicia en la Era Digital”, destacando la calidad de los panelistas y la participación de casi 700 personas durante la jornada. “Esto significa que hay compromiso y que en la institución se está haciendo un buen trabajo”, expresó.
Esquivel González también fue enfático al afirmar: “Si no subimos al barco de la tecnología y la inteligencia artificial, vamos a quedar atrasados, apartados de la región y del mundo. Es la realidad”.
Asimismo, subrayó que actualmente atravesamos una etapa de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y normativas, que impactan directamente en la práctica de la defensa pública. En ese sentido, manifestó: “La tecnología sólo tiene sentido cuando está al servicio de la Justicia y los derechos humanos”.
El Ministerio de la Defensa Pública fue una de las primeras instituciones del Paraguay en incorporar herramientas de inteligencia artificial, las cuales continúan desarrollándose para su aplicación efectiva en los procesos institucionales. Desde la institución también se aclaró que la Defensoría Pública no incurrió en gasto alguno para la realización del Congreso, ya que todos los costos fueron cubiertos por las instituciones cooperantes.
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Juez considera excesiva una medida cautelar y restituye a Martínez en Cargo Line
Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.
En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.
Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.
Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.
Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.
Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.
La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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Reconocen el valioso aporte del defensor general en la lucha con los derechos de las mujeres del Bañado Sur
El defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, participó del acto de cierre del proyecto “Fortalecimiento LILI: Liderazgo y participación de las lideresas del Bañado Sur para la defensa y exigibilidad de sus derechos”, desarrollado en Asunción. Lo acompañaron la magistrada Avelina Torres Villalba, la directora general de Gabinete, y el asesor técnico, José María Delgado.
La actividad reunió a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para presentar los resultados alcanzados por esta iniciativa, ejecutada entre los años 2024 y 2026, orientada al fortalecimiento del liderazgo, la participación y el empoderamiento de las mujeres del Bañado Sur.
Durante la ceremonia, el defensor general recibió un reconocimiento institucional por el valioso apoyo y compromiso del Ministerio de la Defensa Pública con el desarrollo del proyecto, destacándose su contribución al fortalecimiento de capacidades, al empoderamiento comunitario y a la promoción de los derechos de las mujeres del Bañado Sur.
En su intervención, el defensor general destacó que el Ministerio de la Defensa Pública formó parte de las acciones del proyecto mediante un programa de difusión de los derechos de las mujeres y anunció que, a solicitud de las artesanas de Cateura, la institución ya se encuentra evaluando nuevas jornadas de capacitación para continuar fortaleciendo sus conocimientos y el acceso a sus derechos.
Asimismo, reafirmó el compromiso institucional con las personas en situación de vulnerabilidad, señalando que “tengo el firme compromiso de trabajar incansablemente por el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, una tarea que solo puede hacerse a través de alianzas”.
Finalmente, reiteró la voluntad del Ministerio de la Defensa Pública de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. “Reitero mi voluntad de seguir trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para construir un Paraguay más inclusivo, con igualdad de oportunidades y una justicia más cercana a las personas”, expresó.
El acto incluyó la presentación de los principales resultados del proyecto y una ceremonia de agradecimientos y entrega de distinciones, entre ellas la otorgada al Ministerio de la Defensa Pública y al Defensor General por su acompañamiento durante la ejecución de la iniciativa.
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Cumbre Interamericana: defensor general expuso estrategias paraguayas para humanizar la Justicia
En el marco de la Cumbre Interamericana de Defensorías Públicas 2026, el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, presentó la ponencia “Estrategias Regionales para Humanizar la Justicia”, en la que compartió la experiencia del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay y planteó propuestas orientadas a fortalecer el acceso a la Justicia desde una perspectiva más cercana, eficiente e inclusiva.
Durante su intervención, destacó que uno de los principales desafíos de la región es reducir las barreras económicas, geográficas, culturales e institucionales que aún limitan el acceso efectivo a la Justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.
Como parte de la exposición, el defensor general presentó iniciativas impulsadas por la institución para brindar respuestas concretas a problemáticas que afectan a la ciudadanía, entre ellas las acciones de asistencia jurídica a víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”.
Asimismo, destacó programas como “Protegiendo tus Derechos en tu Comunidad”, que acerca los servicios de la Defensa Pública a poblaciones vulnerables mediante jornadas de atención y orientación jurídica, y “Exportando Sueños”, una iniciativa que promueve la inclusión social y económica de mujeres en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de emprendimientos con proyección internacional.
Esta participación permitió posicionar la experiencia del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay en un espacio de intercambio regional, junto a autoridades y especialistas de distintos países comprometidos con el fortalecimiento de las defensorías públicas y la construcción de sistemas de justicia más accesibles e inclusivos.