El juez de garantías, Raúl Florentín, ordenó la prisión preventiva del peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien enfrenta su tercer pedido de extradición por extorsión agravada solicitada por la justicia del Perú. El extranjero seguirá privado de su libertad en el penal de máxima seguridad de Emboscada.
Este lunes se desarrolló la audiencia identificatoria donde el magistrado decretó la prisión del extranjero. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia, de Lima Norte, República del Perú, a cargo de la jueza Marlene Magdalena Melgarejo Iriarte, fue quien solicitó la detención con fines de extradición de Moreno Hernández.
El peruano, que fue aprehendido en la ciudad de San Lorenzo en setiembre pasado, soporta otros dos pedidos de extradición, uno que se está tramitando ante la jueza Clara Ruiz por delitos relacionados a organización criminal y secuestro.
El otro pedido de extradición se encuentra en el juzgado de Francisco Acevedo, y trata de una sentencia de 12 años de cárcel por el delito de robo agravado. Las autoridades del Perú, mencionan a Moreno Hernández como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Inmueble comisado fue entregado a la Senabico para su administración
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, a cargo de Carlos Luis Mendoza Peña, se constituyó junto con representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el inmueble que pertenecía a Justo Pastor Cárdenas para oficializar su entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción pública.
El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo. La transferencia se realizó conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 5876/17, “De administración de bienes incautados y comisados”, y en la Ley N.° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”. El inmueble, consistente en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, del distrito de San Roque, Asunción.
El juez Mendoza Peña explicó que el inmueble comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen. Asimismo, destacó el compromiso del Poder Judicial con la protección del Estado social de derecho, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción pública.
La entrega se realizó en el marco de la causa “Justo Pastor Cárdenas Nunes y otros s/ enriquecimiento ilícito, Ley N.° 2523/2017 y otros”. Participaron del acto los funcionarios William Aguiar, Fernando Pedrozo y Jorge Melgarejo, en representación de la Senabico; la abogada Melissa González, encargada de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
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Situación de Nicaragua compromete la seguridad hemisférica, afirma Paraguay ante la OEA
El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.
“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.
“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.
“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.
Responsabilidad del organismo
El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.
“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.
Antecedente de resoluciones
“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.
“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín
Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.
Caso Chamorro
“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.
“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.
“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.
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Juez concede libertad a abogada del caso IPS bajo fianza de G. 500 millones
El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.
Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.
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