El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto por el cual se eleva el salario mínimo desde el mes de julio, novedad que fue dada en la jornada del miércoles por el propio mandatario. La suba es del 5 %, más del doble de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), comúnmente denominada como inflación.

“Dispónese el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado en cinco por ciento (5 %), con relación a los montos establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo n.º 4122 del 27 de junio de 2025, que regirá a partir del 1 de julio de 2026, en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas”, indica el texto del decreto n.º 6225.

De esta manera, el salario mínimo legal vigente desde el séptimo mes del año será de G. 3.044.000. En cuanto al jornal mínimo, fue fijado en G. 117.077.

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Finalmente se autoriza al Ministerio de Trabajo a “reglamentar los salarios mínimos para actividades diversas especificadas y publicar el reajuste salarial dispuesto, de acuerdo con las disposiciones legalmente aplicables”.

En el anuncio realizado desde la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el presidente Peña dijo que su decisión de incrementar el sueldo mínimo responde a la necesidad de que los beneficios del crecimiento económico lleguen también a los sectores asalariados.

Paraguay está viviendo un verdadero boom en términos de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años y la bonanza seguirá en los próximos, de acuerdo a las proyecciones realizadas a nivel local e internacional.

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Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.

La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.

La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.

Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.

Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.

“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.

Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.

Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.

Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.

Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.

Fuente: AFP.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.

Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.

Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.

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Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.

El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

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Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.

“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.

• Fuente: AFP

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