El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mencionó que se pudo identificar a 1.400 casos de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, cuyo cumplimiento estaría garantizado mediante el uso de las tobilleras electrónicas. Esta medida contribuiría significativamente a la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
El ministro Nicora señaló que, actualmente, ya están dadas las condiciones legales, técnicas y presupuestarias para la implementación del sistema, que cuenta con aproximadamente 1.000 dispositivos disponibles. Sin embargo, 20 están en uso.
La aplicación efectiva del sistema de monitoreo mediante tobilleras electrónicas fue el tema abordado en una reunión interinstitucional clave, del que participaron ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el ministro del Interior, Enrique Riera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y la vicepresidenta primera, Carolina Llanes.
Los ministros de Corte manifestaron que a través de la mesa técnica que ya se halla instalada con varios actores del sistema de justicia penal, se podrá seleccionar los casos y ser canalizados, a través de la Corte o de su Oficina Técnica Penal, a los juzgados competentes.
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Desde el Poder Judicial intentarán conectar con el presunto narco Marcus Vinicius
En el marco del proceso penal que involucra al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, este jueves 25 de junio, los jueces que integran el Tribunal de Sentencia, intentarán conectar con sus pares del Brasil para la declaración del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espínola Marqués de Padua, condenado en su país, pero actualmente con salidas transitorias.
El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, encargados de juzgar el caso de cohecho pasivo agravado contra Giuzzio, quien está acusado por aceptar beneficios del brasileño en servicios. Precisamente, en este juicio fue convocado Vinicius como testigo.
Según los antecedentes, Vinicius fue condenado en Brasil a 11 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico y actualmente goza de salidas transitorias.
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Recordemos que el pasado 11 de junio ya estaba prevista su declaración ante los jueces paraguayos, pero no fue posible porque la justicia brasileña comunicó que Vinicius estaba gozando de su salida transitoria.
Así también, en sesiones anteriores del juicio a Giuzzio, tanto la Fiscalía como la defensa de Giuzzio continuaron con la presentación de pruebas documentales y resaltaron los hechos que creyeron importantes ante la presencia de los jueces.
Una de las evidencias acreditadas por los investigadores guarda relación con los intercambios de mensajes, fotografías y videos de Giuzzio y Vinicius, relacionados con los servicios de reparación de vehículos blindados para la Policía Nacional.
Se menciona además los encuentros entre Giuzzio y Vinicius y la divulgación de una fotografía al respecto, los cuales habían provocado la destitución del primero de la cartera del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Sobre el punto, el Ministerio Público sostiene que hubo varios encuentros entre ambos y que Vinicius quería ser proveedor del Estado en servicios de seguridad. Inclusive los investigadores aseguran tener pruebas de algunas conversaciones al respecto.
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Justicia argentina intima a expresidenta Kirchner por actos de partidarios frente a su casa
La justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) al cumplirse este miércoles el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción, debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa.
La justicia le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al “perturbar la tranquilidad del vecindario”, luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna “Cristina libre” el domingo pasado.
La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la ex mandataria atribuye a una “persecución política”.
Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Kirchner, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.
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La justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda “De San José a La Rosada”, en alusión a la sede gubernamental.
Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.
Kirchner, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.
Su liderazgo “ya había sido desafiado por varios gobernadores” antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. “Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo”, añadió.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.
Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.
- Fuente: AFP
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Giménez y D’Ecclesiis sellaron la unidad colorada en San Pedro con miras a las municipales
El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y el gobernador Freddy D’Ecclesiis sellaron este domingo la unidad colorada en el departamento de San Pedro, con miras a las elecciones generales del 4 de octubre. La concordia entre ambos dirigentes oficialistas fue concretada durante un encuentro con los candidatos a intendentes y concejales.
“Fuertes fueron las disputas, pero ahora tenemos la responsabilidad de trabajar de manera dirigencial. Estamos curando las heridas, hablando con todos, tratando de convencer a todos, no podemos estar malhumorados por mucho tiempo. Tenemos que aguantarnos entre todos, esto es una competencia y debemos entender eso“, comentó Giménez.
El ministro mencionó que el objetivo principal de la unidad es evitar que distritos claves sea tomados por la oposición y que la Asociación Nacional Republicana (ANR), siga siendo la fuerza predominante en San Pedro.
Agregó también que la concordia ya tiene como meta las elecciones generales del 2028 tanto para la presidencia y la gobernación. “No importa quien sea electo, debemos volver a hacerle ganar para la gobernación a un colorado. En Itapúa y Alto Paraná fue traumática la caída del partido. Para sostener la bandera del coloradismo en San Pedro debemos dejar de lado los caprichos personales“, manifestó.
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Las afirmaciones de Giménez fueron respaldadas por D’Ecclesiis quien comentó que “las internas quedaron atrás y el pueblo ya ha expresado su voluntad en las urnas. Como colorados asumimos con responsabilidad el compromiso de trabajar por la victoria de nuestro partido en todo San Pedro. Somos soldados de Bernardino Caballero y más que nunca debemos estar unidos".
El encuentro contó con la presencia de los diputados Carmen Giménez de Ovando y Leonardo Saiz. Tanto Giménez y D’Ecclesiis militan dentro del movimiento Honor Colorado, pero decidieron junto a sus respectivos equipos políticos competir en las pasada elecciones internas municipales del 7 de junio.
Entre los distritos que fueron conquistados por Giménez se encuentran San Pedro de Ycuamandiyú, 25 de Diciembre, Choré, General Aquino, San Estanislao, Villa del Rosario, Yrybucuá, Tacuatí y Guayaibí. Mientras que el equipo político de D’Ecclesiis, con 17.258 votos, se posicionó en 8 localidades, que son Nueva Germania, Liberación, San Vicente Pancholo, San Pablo, Santa Rosa del Aguaray, Capiibary, Itacurubí del Rosario y San José del Rosario.
No obstante, ambas facciones ya habían llegado a un acuerdo previo a las internas de impulsar candidaturas únicas en las ciudades de Antequera, General Resquín, Lima, Yataity del Norte y Unión.
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Justicia para víctimas del derrumbe en Encarnación no debe seguir aplazada
Es inadmisible y un desprecio a la vida que, a 14 meses del derrumbe de un edificio en Encarnación, se siga dilatando trámites clave para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de la desidia y la corrupción que ocasionaron el luctuoso suceso en el que perdieron la vida una joven de 15 años y su abuela.
La Justicia no debe seguir aplazando sus veredictos. Hay dos víctimas fatales y familiares mutilados que claman por una investigación más eficiente para que la sentencia de los tribunales llegue a todos los involucrados en la fallida obra. La excesiva demora en la Justicia levanta todo tipo de sospechas, más aún cuando el caso implica a la máxima autoridad municipal y un diputado nacional cuya empresa participó de la construcción.
La primera imputación fiscal reveló que los controles en el proceso constructivo fueron totalmente omitidos, esta desidia permitió que los dueños del edificio elevaran más pisos sobre una estructura que no iba a soportar más metros en altura y la obra se vino abajo el 2 de abril de 2025. El intendente de Encarnación, Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subordinados implicados fueron imputados por la fallida construcción.
Yd y sus funcionarios no solo se desentendieron de los controles que son de su responsabilidad, sino blanquearon de manera alevosa con una irrisoria multa el mal procedimiento de más pisos de una estructura que no aguantaba, principal causa del desmoronamiento del edificio. Sin embargo, este avance de la investigación fiscal todavía no es suficiente, puesto que existen otros involucrados que a más de un año del derrumbe, siguen al margen de un proceso judicial que aclare sobre sus roles en el caso.
El fallido proyecto tiene detrás vinculaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal. Llamativamente, la responsabilidad en el siniestro de empresas de estos poderosos, como el caso de la concretera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, sigue siendo un misterio, precisamente porque el estudio pericial, trámite clave de la investigación, tiene un retraso de 6 meses.
No olvidemos que la empresa del diputado liberal fue la responsable de cargar el hormigón en zapatas, losas, vigas, etc., de la estructura caída. No es menos relevante que Pereira Rieve sea aliado de Yd y aspire al cargo de intendente de Encarnación, lo que podría blindar muchos datos sobre el edificio derrumbado.
La pericia es fundamental para identificar las fallas y los responsables, pero todavía sigue en espera por razones desconocidas. La Fiscalía había dado un plazo de 90 días para la conclusión del informe pericial, debía entregarse a fines de 2025, pero hasta este momento no se sabe cuándo habrá un dictamen. Lamentablemente, nadie brinda explicaciones al respecto.
El análisis pericial incluye determinar la calidad del hormigón, la resistencia del mismo y de la estructura que debía soportar el concreto. También el relevamiento pormenorizado de las secciones estructurales, los planos de las mismas, etc. Viendo la información que puede recabar analizar el informe pericial es inconcebible que no se dé la prioridad que requiere y se siga postergando las conclusiones.
¿A quién se protege en este caso? ¿Quiénes se benefician con el no esclarecimiento del siniestro? Obviamente familiares víctimas no, por el contrario, siguen siendo relegados en su búsqueda de justicia para sus seres queridos muertos. La Justicia tiene que aplicar firmeza y exigir el dictamen de los datos estudiados. No se puede seguir especulando sobre un hecho tan sensible en el que se debe dilucidar los pormenores de las causas del fatal suceso.
Si el objetivo es llegar a la verdad y responder al clamor de justicia de los familiares de las víctimas del edificio colapsado en Encarnación, no se puede seguir dilatando los trámites clave de la investigación.