El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mencionó que se pudo identificar a 1.400 casos de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, cuyo cumplimiento estaría garantizado mediante el uso de las tobilleras electrónicas. Esta medida contribuiría significativamente a la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
El ministro Nicora señaló que, actualmente, ya están dadas las condiciones legales, técnicas y presupuestarias para la implementación del sistema, que cuenta con aproximadamente 1.000 dispositivos disponibles. Sin embargo, 20 están en uso.
La aplicación efectiva del sistema de monitoreo mediante tobilleras electrónicas fue el tema abordado en una reunión interinstitucional clave, del que participaron ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, el ministro del Interior, Enrique Riera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y la vicepresidenta primera, Carolina Llanes.
Los ministros de Corte manifestaron que a través de la mesa técnica que ya se halla instalada con varios actores del sistema de justicia penal, se podrá seleccionar los casos y ser canalizados, a través de la Corte o de su Oficina Técnica Penal, a los juzgados competentes.
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Altos celebra un nuevo aniversario y la Justicia suspende actividades por un día
La ciudad de Altos, una de las comunidades con mayor riqueza histórica del Paraguay, conmemorará este 10 de agosto un nuevo aniversario fundacional. En ese marco, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar asueto judicial en la localidad perteneciente a la Circunscripción Judicial de Cordillera, además de prorrogar por un día el vencimiento de los plazos procesales previstos para esa fecha.
La disposición establece que todas las actuaciones cuyos plazos expiraban el lunes 10 de agosto pasarán automáticamente al martes 11, garantizando así la continuidad de los procesos sin afectar los derechos de las partes. La medida fue aprobada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de sus atribuciones para organizar y asegurar el eficiente funcionamiento del sistema de administración de justicia.
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Primera reducción franciscana
Más allá del ámbito judicial, la fecha tiene un profundo significado para el departamento de Cordillera. Altos es considerada una de las ciudades más antiguas del país y, según la tradición histórica, fue fundada el 10 de agosto de 1538, aunque otra versión atribuye su origen a fray Luis de Bolaños en 1580, cuando se estableció como la primera reducción franciscana del Río de la Plata y del Paraguay.
Conocida como la “Terraza del País” por su privilegiada ubicación sobre la cordillera, Altos se consolidó con el paso de los siglos como un importante destino turístico y cultural. La ciudad sobresale por sus paisajes serranos, las vistas panorámicas al lago Ypacaraí, su tradicional artesanía en madera tallada y su valioso patrimonio religioso, encabezado por la histórica iglesia de San Lorenzo Mártir. Además, es reconocida como la cuna del célebre cantante Luis Alberto del Paraná, uno de los mayores embajadores de la música paraguaya en el mundo.
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Denuncian intento de desalojo a docente jubilada de 76 años por un error catastral en San Pedro
Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.
Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.
“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.
Cómo ocurrió el error
Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.
“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.
Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.
Mala fe
“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.
Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.
“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.
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EE. UU. sanciona al ministro de Fuerzas Armadas cubanas y cúpula de la industria militar
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.
Los sancionados están implicados en “la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que “patrocina el terrorismo” y una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.
Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.
Ese informe “relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba”, indica el comunicado.
Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.
Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.
Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también está sancionado.
La lista incluye entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.
De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.
Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.
El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.
También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aviones civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.
- Fuente: AFP
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El expresidente del IPS Jorge Brítez se entregó a la justicia
El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, se presentó este jueves ante la justicia tras su imputación y pedido de prisión preventiva por el Ministerio Público, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Su entrega se concretó cerca de las 8:00 ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos. Hoy se prevé la realización de una audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Rodrigo Estigarribia.
La defensa legal ejercida por José Fernández Zacur cuestionó la solicitud del agente del Ministerio Público, Julio Ortiz, en requerir su reclusión, sosteniendo que tiene 70 años y que la medida no correspondería por su condición de adulto mayor.
El pedido fue realizado el martes pasado por el agente fiscal ante la gravedad del daño patrimonial y el peligro de fuga u obstrucción. Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.