En el marco del juicio oral y público por estafa y otros delitos que enfrenta el farandulero Carlos Viveros, la fiscalía pidió 8 años de cárcel para el acusado.
El Ministerio Público sostiene que se han probado los hechos acusados y, por ende, corresponde la pena de 8 años de cárcel. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo dictar la sentencia está integrado por Juan Pablo Mendoza, Carlos Hermosilla y Fabián Escobar.
El agente fiscal que va a defender la acusación en la audiencia oral es el doctor Federico Leguizamón. Viveros está acusado de estafar por más de 200 millones de guaraníes a una empresa a través de un contrato de venta de vehículos.
Viveros está acusado por el hecho punible de estafa y frustración de la ejecución individual.
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“El Ministerio Público ha solicitado la pena de 8 años, pena privativa de libertad para el señor Carlos Viveros. Para el Ministerio Público, a través de las pruebas producidas, ha quedado probado con certeza absoluta que el señor Carlos Viveros fue partícipe de los hechos punibles de estafa y frustración de la ejecución contra la firma OMAN S.A., de la cual directamente fue víctima el señor Carlos Amarilla”, explicó el fiscal al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente del Ministerio Público aseguró que son “muchísimas las pruebas” acumuladas que incluyen el contrato de compraventa, el informe sobre los cheques descontados, así como el reporte de los Registros Públicos.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Peña y Carvallo deben presentarse hoy ante la Fiscalía
El expresidente de la República, Santiago Peña, y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, deberán presentarse este sábado ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, en el marco de la investigación penal abierta por las presuntas irregularidades vinculadas al caso ueno bank. Será en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
De acuerdo con los horarios establecidos, Peña deberá comparecer a las 11:30, mientras que Carvallo tiene fijada su presentación para las 15:30. Ambos se encuentran alcanzados por una orden fiscal de detención dispuesta el viernes 6 de noviembre, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
La investigación está a cargo de un equipo de agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción y Delitos Informáticos. La causa busca esclarecer las presuntas responsabilidades de autoridades y exautoridades en las operaciones de ueno bank, los mecanismos de supervisión del sistema financiero y la colocación de fondos públicos en la entidad.
Como antecedente, el Ministerio Público había anunciado el jueves 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con las denuncias sobre el funcionamiento del banco, la supervisión ejercida por el BCP y los recursos estatales depositados en la entidad. Entre las denuncias también se incorporaron cuestionamientos sobre las actuaciones de autoridades del Gobierno y del ente regulador.
El escándalo de ueno derivó en la renuncia de Peña, presentada el jueves, que no fue aceptada por el Congreso Nacional. Posteriormente, el Senado avanzó con el juicio político y resolvió su destitución el viernes, por mal desempeño de funciones. Tras la decisión, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República.
Horas después de conocerse la destitución, la Fiscalía anunció la imputación de Peña y ordenó su detención, al igual que la de Carvallo, en el marco de las investigaciones por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. De esta manera, las comparecencias previstas para este sábado constituyen un nuevo capítulo en la investigación judicial. Tras su audiencia, sabremos si declararon o se abstuvieron.
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Brasileños denunciaron estafa en comercio de CDE por 77 mil reales
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un comerciante brasileño denunció estafa en un local del microcentro de Ciudad del Este, tras compra de 17 aparatos celulares de alto costo.
Se habría pagado el 50 % del costo total de la compra con el compromiso de recibir las mercaderías, pero no se cumplió supuestamente.
Fue víctima Reinal Araujo Oliveira, residente en la ciudad de Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil, según reportó el personal de la Comisaría 1a. El local donde habría ocurrido el hecho es Iphone Importado EAS, ubicado sobre la calle Camilo Recalde.
Tras la denuncia, siendo las 13:00 de hoy, los policías acudieron al local denunciado donde ya esperaban la víctima y su abogada Andrea Genez Franco.
El brasileño manifestó que el 28 de setiembre del 2026 adquirió del citado comercio 17 aparatos celulares de la marca Apple, modelo Phone 18 PRO MAX, por valor total de 140.000 reales.
Indicó que pagó 77.000 reales como parte del costo, con el compromiso de recibir las mercaderías y completar el monto total, pero no recibió los celulares adquiridos, ni tampoco una respuesta de los responsables de la tienda. Pasado más de un mes del negocio, Reinal Araujo decidió volver al local a reclamar y realizar la denuncia.
Se informó a la División de Fiscalización de la Municipalidad de Ciudad del Este y al fiscal Gabriel Segovia. La calle Camilo Recalde es una de las vías sobre las cuales están locales comerciales con reiterados casos de denuncias por supuesta estafa.
Otras denuncias
La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este recibió también hoy dos reclamos similares y fueron contra el local comercial Movi Store, por presuntas infracciones a la Ley N.º 1334/98 de Defensa del Consumidor.
Ante ambas denuncias, se realizó la mediación entre las partes y se llegó a acuerdos conciliatorios que contemplan el cambio de productos por un valor de 8.000 reales y la cancelación de compras por 9.500 reales.
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Caso ueno bank: Fiscalía allanó complejo residencial en Altos e individualizó tres inmuebles vinculados a imputados
La agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezó un allanamiento en la tarde de este viernes en un complejo residencial ubicado en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera, en el marco de las investigaciones del caso ueno bank.
Durante el procedimiento, el equipo fiscal logró individualizar tres inmuebles que, según los datos preliminares recabados, estarían vinculados patrimonialmente a tres personas imputadas en la causa, relacionadas con la administración de la entidad bancaria y con empresas investigadas.
La diligencia forma parte de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio Público para identificar bienes que podrían guardar relación con los imputados y reunir elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados.
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Apertura de bóveda e incautación de documentos
En la mañana, el equipo fiscal encabezado por el agente Francisco Cabrera de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) realizó la apertura de una bóveda encontrada en instalaciones del Grupo Vázquez e incautó documentos.
El hallazgo y apertura de esta estructura se dio en el contexto de múltiples allanamientos a las sedes de las empresas del holding, como las oficinas corporativas del Grupo Vázquez e itti SAECA, tras detectarse presuntas irregularidades financieras.
Hasta el momento, la Fiscalía ya formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de hechos punibles relacionados con conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
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