Conmemorando el Mes de la Ciberseguridad, dirigida al público externo como abogados, auxiliares de justicia y al público interno, magistrados y funcionarios, desde la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Corte Suprema de Justicia se está impulsando una campaña de concienciación institucional en ciberseguridad.
Es lo que informó el ministro de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, refiriéndose a la campaña que fue aprobada el 30 de septiembre de 2025, por Acta N.º 41 del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial.
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“El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar una cultura de seguridad informática, empoderando a los miembros de la institución para identificar, prevenir y responder de manera efectiva a posibles incidentes de ciberseguridad, brindando información clara y consejos prácticos al respecto”, comentó el ministro enlace de la DGTIC.
La campaña, cuyo lema es “La Ciberseguridad es responsabilidad de todos”, busca concienciar a los magistrados, funcionarios, abogados y auxiliares de justicia sobre la importancia de la ciberseguridad, y proporcionarles las herramientas y conocimientos necesarios para identificar y mitigar los riesgos.
La intención también es protegerse ante intentos maliciosos por parte de actores que constantemente buscan vulnerar a los usuarios para obtener acceso indebido a cuentas e información privada, afectando así el uso seguro de los sistemas y aplicaciones informáticas institucionales.
Garantía
Esta iniciativa tiene como fin, además, contribuir a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información judicial, así como la protección de los activos informáticos de la institución, gestionados por la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), dependiente de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Corte Suprema, indicaron.
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Finalmente, recordaron que la ciberseguridad se refiere a cualquier tecnología, práctica o política destinada a prevenir los ataques cibernéticos o mitigar su impacto.
Su objetivo es proteger los sistemas informáticos, las aplicaciones, los dispositivos, los datos y las personas contra el ransomware y otros programas maliciosos, las estafas de phishing, el robo de datos y otras amenazas cibernéticas.

