Una llamativa cadena de inhibiciones de varios camaristas, entre ellos Arnulfo Arias, Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro, Jesús Riera, Arnaldo Fleitas y otros, imposibilita que se estudie y se confirme la resolución del juez Osmar Legal, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato.
La acusación refiere a que la exmagistrada entregó de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín.
Ante la cadena de inhibiciones de los citados camaristas y con argumentos muy débiles, el camarista José Agustín Fernández cuestionó la inhibición de su colega Arnaldo Fleitas, por lo que el expediente va a tener que ir a la Sala Penal de la Corte. Este hecho evidencia la complicidad de algunos camaristas para que el caso aún no pueda ser estudiado.
La exjueza está acusada por prevaricato y fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Acusación fiscal
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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