El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, se trasladó la mañana de este lunes hasta la Comisión Bicameral del Senado, donde presentó el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el Ejercicio Fiscal 2026. La jornada fue acompañada por la vicepresidenta primera de la Corte, Carolina Llanes, y los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia.
El proyecto contempla un incremento del 34 %, orientado a responder a la creciente demanda del servicio de justicia mediante la modernización institucional, el fortalecimiento del capital humano y la expansión de la infraestructura, expusieron.
“El proyecto presupuestario fue formulado conforme al Plan Estratégico Institucional 2026–2030 y tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de recursos para responder a las crecientes exigencias del servicio de justicia. Se trata de una herramienta clave de planificación que permitirá fortalecer la capacidad operativa del Poder Judicial a nivel nacional", explicó Diesel ante los legisladores.
Entre los ejes prioritarios, destacó la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una plataforma tecnológica orientada a mejorar la trazabilidad, eficiencia y seguridad de los procesos judiciales. Este sistema facilitará la interoperabilidad entre dependencias, modernizando la gestión interna y optimizando los tiempos de respuesta.
Capital humano e infraestructura
Durante su exposición, el presidente de la Corte se refirió al tema de capital humano, en la que señaló que el proyecto contempla la actualización de asignaciones salariales y mejoras en las condiciones laborales, como parte del compromiso institucional con la calidad del servicio y la dignificación de la función judicial. También prevé recursos para programas de formación continua dirigidos al personal técnico y administrativo.
En cuanto a la infraestructura, indicó que se prevé la ampliación de sedes judiciales, así como la adecuación de espacios ya existentes. Estas acciones permitirán extender la cobertura territorial y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía, en línea con los principios de acceso a la justicia y equidad territorial.