El juez Penal de Garantía de Filadelfia, Chaco, decretó la prisión preventiva de Eduardo Gauto, Edgar Kroker y de una mujer imputados por abuso sexual en niños. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Filadelfia.
Asimismo, se dio por detenido en la comisaría de Filadelfia, Chaco, el juez multifueros de Mariscal Estigarribia, Ricardo Gosling, quien también está imputado en el presente proceso penal. El referido magistrado se puso a disposición de forma voluntaria y se espera que sea convocado por el Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Mientras el último imputado, el exconcejal Ibán Cáceres, sigue con paradero desconocido y con orden de detención, lo que indica que si es detenido deberá ser puesto a disposición de la Justicia.
El Ministerio Público presentó imputación contra cinco personas por abuso sexual en niños y otros delitos y ha pedido la prisión preventiva de los imputados.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ordenó el sumario del juez Gosling con relación al suceso en el que el mismo fue imputado. También el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya inició una investigación preliminar contra el magistrado.
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Admiten imputación contra Vicente Bataglia y fijan audiencia de medidas para el 20 de agosto
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y procesó penalmente al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, quien se puso a disposición de la Justicia mediante su abogado. Esto ocurre en el marco de la causa en la que fue imputado por supuesta lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.
Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 20 de agosto a las 09:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si ordena la prisión de Bataglia o si se le beneficia con medidas alternativas. Bataglia, quien se encontraba fuera del país, compareció primeramente ante el fiscal Julio Ortiz, se abstuvo de declarar y logró que se levantara la orden de detención en su contra.
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La defensa sostiene que no existe hecho punible atribuible a Bataglia. Su abogado también consideró relevante que la Fiscalía haya desestimado la denuncia contra el representante de la empresa que habría sido beneficiada con las adendas contractuales cuestionadas.
Según la imputación, Bataglia, como presidente del IPS y firmante de las adendas N.° 3 y 4, habría otorgado junto con otros funcionarios condiciones favorables a Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
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Estafa a menonitas: juez fijó para el 17 de agosto extraer datos del celular de acusado
El juez penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, fijó para el lunes 17 de agosto a las 11:30 la extracción de datos del teléfono celular de William Bogarín. El exfuncionario de la Cámara de Diputados está acusado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro.
La diligencia judicial se estableció tras el pedido de la abogada querellante, Gessy Ruiz Díaz. El procedimiento estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
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Asimismo, el magistrado Coronel convocó a los acusados y a sus defensas técnicas para el 21 de agosto a las 08:45, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia preliminar. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.
Otros acusados
Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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CDE: condenan a 16 años de prisión al hombre que abusó de su hija e hijastra
Este lunes, un Tribunal de Sentencia decidió condenar a 16 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hija de 6 años y su hijastra de 7 años. La Fiscalía reunió pruebas suficientes e irrefutables que comprueban que esta persona fue el autor del terrible hecho.
El tribunal de sentencia de Ciudad del Este presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, emitió el fallo condenatorio contra el hombre que fue hallado culpable por el hecho de abuso sexual de su hija e hijastra, ambas menores de edad.
La agente fiscal Viviana Sánchez que representó al Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales para demostrar la responsabilidad del acusado. Tras analizar los elementos probatorios en un juicio oral, se condenó a sujeto a 16 años de pena privativa de libertad.
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Antecedentes del caso
Se pudo demostrar que los hechos comenzaron en noviembre de 2017, luego de que la madre de las niñas falleció y estas quedaron bajo el cuidado del padre. Todo trascurrió en una vivienda ubicada en el kilómetro 7 Monday, en la localidad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.
Una de las niñas contó todo lo que ocurría en la vivienda a una vecina, quien se encargó de presentar la denuncia. La madre de las menores también le había manifestado que su pareja abusaba de ellas e incluso había comunicado la situación a agentes policiales, pero luego pidió que no se prosiga con la investigación debido a las amenazas recibidas.