Los jueces Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel son los encargados de juzgar al exhombre fuerte de Mario Abdo.

A las 8:00 se reanu­dará el juicio oral y público del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado de cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. En la audiencia declarará el detenido en Brasil vía tele­mática.

La declaración de Vinicius se realizará ante el Tribu­nal de Sentencia presidido por Adriana Planás e inte­grado por Yolanda Morel y Mathías Garcete. Giuzzio sufrió el lunes un nuevo revés judicial tras el intento fallido de su defensa para evi­tar a toda costa que Espín­dola Marques, considerado un “pez gordo” del narcotrá­fico, declare este miércoles en el juicio oral. Asimismo, sigue pendiente exponer el contenido del teléfono celu­lar del condenado Lindomar Reges Furtado quien fue sen­tenciado a 37 años de cárcel por narcotráfico en Brasil.

Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a fina­les de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vini­cius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios inde­bidos que recibió el enton­ces ministro. Por su parte, la defensa rechaza categórica­mente las acusaciones.

La Fiscalía sostiene que Giuzzio incurrió en cohecho pasivo agravado al recibir beneficios y favores de Mar­cus Vinicius mientras este buscaba convertirse en pro­veedor del Estado paraguayo, especialmente del Ministe­rio del Interior y de la Policía Nacional mediante la venta de chalecos antibalas, blindajes y vehículos de seguridad.

Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por men­sajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elemen­tos documentales presenta­dos durante el juicio oral. La controversia estalló públi­camente en febrero de 2022, cuando se difundieron foto­grafías y detalles de la rela­ción entre Giuzzio y el empre­sario brasileño.

Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua fue dete­nido en Brasil en febrero de 2022 durante investigacio­nes por presuntos hechos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organi­zado.

• Antonella Mateu

La transición hacia la digitalización tributaria en Paraguay avanza de forma sostenida, marcando un antes y un después en la modernización tributaria.

El Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) se encuentra hoy en una etapa avanzada de consolidación. Según estimaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), hacia finales de 2026, aproximadamente, el 90 % de la totalidad de las facturas emitidas en el país corresponderán a documentos tributarios electrónicos, lo que refleja un importante nivel de adopción y madurez del sistema.

Para entender el alcance de este despliegue, las metas normativas y la realidad operativa en el terreno, La Nación/Nación Media conversó con Hugo López, director general de Normalización, Modernización e Innovación y coordinador del Sifen de la DNIT, junto con Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay.

La incorporación de contribuyentes a la digitalidad continúa realizándose de manera gradual y segmentada, priorizando los sectores de mayor impacto fiscal y con altos volúmenes transaccionales. La DNIT registra actualmente un volumen sostenido y creciente de emisión, con más de 38 mil contribuyentes operando dentro del Sifen y un promedio mensual de validación de 2,5 millones de comprobantes electrónicos.

Alba Talavera explicó que la incorporación al sistema puede darse de forma voluntaria o mediante notificación obligatoria por parte de la administración tributaria, conforme a plazos establecidos según la terminación de Registro Único del Contribuyente (RUC) y otros criterios definidos.

Sostuvo que cada vez más contribuyentes optan por sumarse voluntariamente debido a las ventajas que representa. “La mayoría hoy en día ya se adhiere voluntariamente porque facilita mucho. Ya casi no se utiliza papel, hay plena seguridad de que la documentación llega a la DNIT y existe un control permanente”, manifestó.

Para lo que resta del año, las metas de obligatoriedad de la DNIT y los plazos calendarizados apuntan principalmente a los grandes y medianos contribuyentes, el director, Hugo López señaló que al cierre de este año, el 100 % de estas categorías deberá estar emitiendo de manera obligatoria la totalidad de sus documentos electrónicos. En esa línea, indicó que las proveedores del Estado, desde este año se encuentran obligados a emitir documentos tributarios electrónicos, fortaleciendo el control fiscal.

Un punto importante en el diseño del Sifen es la existencia de plataformas adaptadas a la capacidad económica de cada emisor. Talavera señaló que actualmente existen dos herramientas diferenciadas según el perfil, por un lado se halla el E-kuatia, que está orientado para grandes y medianos contribuyentes, el cual requiere de un software específico y de cierta inversión económica.

Por otro lado, se encuentra disponible el E-kuatia’i, una solución completamente gratuita diseñada específicamente para los pequeños contribuyentes. Para adherirse formalmente al sistema, la especialista recordó que los contribuyentes deben cumplir con requisitos básicos, como contar con un certificado de firma electrónica, disponer de un sistema informático que permita emitir, recibir y conservar los documentos electrónicos por al menos 5 años, y gestionar el timbrado correspondiente como facturador electrónico.

Desde la perspectiva de la DNIT, la facturación electrónica representa una herramienta estratégica para la modernización del sistema fiscal. Para el Estado, los principales beneficios se traducen en mayor transparencia, acceso a información en tiempo real para fiscalización, optimización de análisis de riesgos y una reducción de la evasión y elusión tributaria gracias a la trazabilidad digital.

Para el contribuyente, el sistema permite reducir costos operativos, agilizar la gestión documental y automatizar la integración con los sistemas de gestión empresarial. Talavera ratificó el impacto positivo en la seguridad y la disminución de irregularidades.

“Brinda mayor seguridad jurídica y reduce el riesgo de documentos irregulares o clonados. Cuando me llega una facturación electrónica ya estoy tranquila porque sé que es una factura legal”, afirmó.

A pesar de los indicadores positivos, la implementación a gran escala ha requerido ajustes. Talavera reconoció que durante el proceso se registraron inconvenientes técnicos, principalmente vinculados con la visualización de comprobantes en el sistema Marangatu.

Detalló que, en ciertos casos, las facturas electrónicas no aparecían reflejadas automáticamente en dicha plataforma, lo que generaba omisiones involuntarias en los registros y posteriores notificaciones de la administración tributaria. “Eso ya se va subsanando con el tiempo, pero al principio hubo algunos problemas”, explicó.

Al respecto, Hugo López aclaró un punto fundamental sobre el soporte informático. “El Sifen es un sistema totalmente independiente al sistema Marangatu; comparten datos, pero el Sifen es exclusivo para la aprobación de documentos electrónicos”.

Asimismo, enfatizó que la infraestructura tecnológica de la DNIT se encuentra en una etapa de consolidación y madurez, habiéndose emitido 27 notas técnicas desde el inicio de la implementación para realizar actualizaciones permanentes, garantizar la estabilidad operativa y asegurar la escalabilidad necesaria ante la incorporación masiva.

Uno de los principales retos identificados para lograr la expansión total del sistema radica en las limitaciones de infraestructura del país. Los mayores desafíos de adhesión se observan en pequeños contribuyentes, microempresas y sectores con menor nivel de digitalización. Talavera advirtió con especial preocupación sobre la situación en las zonas rurales.

“Hay compañías del interior donde no sabemos cómo va a responder internet. Ese es un tema que debe debatirse”, sostuvo, remarcando la necesidad de fortalecer la infraestructura general de conectividad del país.

Esta realidad técnica se vincula directamente con el planteamiento de los sectores gráficos, quienes en su momento pidieron mantener un sistema híbrido entre comprobantes impresos y electrónicos.

Ante esto, Talavera subrayó la importancia de mantener mecanismos de respaldo físicos ante contingencias. “A veces se va la energía eléctrica y no podés dejar de vender. En esos casos se siguen utilizando facturas manuales”, indicó.

Por su parte, el director de la DNIT manifestó que, si bien la transición es gradual y acompañada, la política pública se orienta firmemente hacia una digitalización total e integral, argumentando que “el sistema híbrido no garantiza una trazabilidad de la operación para los contribuyentes”, y que la tendencia internacional apunta a consolidar los documentos electrónicos como el estándar principal.

El juez Penal de Garantías, Raúl Florentín, elevó a juicio oral y público el proceso penal por coacción sexual y violación que enfrenta Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.

Actualmente, Gorostiaga cumple arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica, tras haber violado inicialmente dicha medida cautelar. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar al acusado.

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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para debatir en el juicio oral y demostrar la responsabilidad del procesado en el grave suceso registrado. La misma posición sostiene la querella adhesiva, representada por el abogado Santiago Lovera.

En otro tema, días atrás, la Cámara de Apelación Penal de la Adolescencia confirmó la resolución que elevó a juicio oral la causa contra un exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por supuesto abuso sexual en personas indefensas.

En este caso particular, el joven está acusado de haber manoseado a una menor de 15 años que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hecho habría ocurrido en el año 2023, en la habitación del hijo de un expresidente de la República. Asimismo, el acusado afronta un tercer proceso penal por abuso sexual.

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A raíz de la chicana presentada por la defensa de un acusado por un grave caso de abuso sexual en niños, el juicio oral y público fue suspendido en Saltos del Guairá. El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde, volvió a fijar para el martes 23 de junio el inicio de la audiencia oral.

El colegiado hizo lugar al pedido del abogado Toribio Vázquez Bogado, quien asumió la nueva defensa del acusado y solicitó tiempo para interiorizarse del expediente y, a su vez, preparar la estrategia para su representado.

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Asimismo, la querella adhesiva lamenta que el juicio se postergue nuevamente. Denuncian que desde el año pasado se viene suspendiendo por varios motivos, mientras el acusado goza del privilegio del arresto domiciliario.

Este grave caso de abuso sexual en niños ocurrió en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú. Desde el 2025 se pretende realizar el juzgamiento, pero la audiencia oral se dilata constantemente. Esta situación genera indignación en los familiares de la víctima, quienes piden justicia y la intervención de la ministra Carolina Llanes, como superintendente de la zona, para evitar que se siga postergando el caso.

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