El abogado Walter Ramón Acosta (49) fue acusado por el fiscal Edgar Torales Gamarra, de la Unidad Zonal Nº 1 de Yguazú, por los hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia. El caso tiene que ver con agresión a funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Una funcionaria fue abofeteada, hecho que quedó registrado en vídeo.
La causa se originó el 18 de marzo de 2025, tras un procedimiento de fiscalización realizado por una comitiva del INTN en la estación de servicios San Miguel, ubicada en el distrito de Tavapy. En esa ocasión, los intervinientes fueron agredidos física y verbalmente por el hoy acusado.
Durante el control, los fiscalizadores constataron que tres picos de nafta súper salían fuera de la tolerancia permitida, circunstancia que según las normativas técnicas implicaba la aplicación de una multa administrativa a la empresa intervenida.
En ese momento, Walter Acosta se presentó en el sitio, comenzó a proferir insultos y adoptó una conducta hostil contra los fiscalizadores. Acto seguido agredió físicamente a un funcionario del INTN al aplicarle un puntapié y luego a otra funcionaria le propinó un golpe de puño en el rostro y la empujó, obligándola a refugiarse en el interior del vehículo institucional para resguardar su integridad.
Esta última acción quedó registrada en una filmación. La posterior inspección médica forense practicada a la funcionaria constató escoriaciones en la pierna derecha, contractura articular y cefalea.
El Ministerio Público sostiene que las agresiones tuvieron como objetivo impedir la labor oficial de los funcionarios públicos, configurando los hechos de coacción y coacción grave. Además, el imputado se resistió al procedimiento de los agentes policiales cuando estos acudieron al lugar para una intervención.
El requerimiento conclusivo incluye pruebas documentales, testificales, registros audiovisuales y pericias médicas sobre los hechos denunciados por la comitiva fiscalizadora, entre ellas el informe médico forense de la funcionaria agredida. La Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y público.
Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la agente fiscal Rocío Celeste González, quien fue recusada por la defensa. El caso quedó a cargo del agente fiscal Edgar Torales, de la Unidad Zonal de Yguazú. La acusación fue presentada ante el Juzgado Penal de Santa Rita, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.
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