El fiscal Edgar Rafael Delgado, de Presidente Franco, imputó al suboficial de la Policía Nacional, Anibal López Martínez ,por feminicidio, tras haber presuntamente asesinado a su hija de 15 años y a su pareja sentimental. El imputado se encuentra detenido en sede policial con pedido de prisión preventiva.
El doble crimen ocurrió ayer miércoles 17 de setiembre de 2025, alrededor de las 21:40, en una vivienda del barrio San Miguel de Presidente Franco. Según los elementos de sospecha, el hombre habría disparado contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar debido a las múltiples heridas de arma de fuego.
Tras la intervención del Ministerio Público, el médico forense de turno, Aníbal Duarte, diagnosticó como causa de ambas muertes “shock hipovolémico producido por heridas de proyectil de arma de fuego múltiples”. Mientras tanto, el personal policial fue detenido tras el suceso y se abstuvo de prestar declaración indagatoria.
El fiscal Delgado solicitó la prisión preventiva del imputado, señalando que se trata de un crimen grave, como el feminicidio. Entre los argumentos, destacó el riesgo de fuga, ya que la cercanía de la zona fronteriza podría facilitar que el procesado evada la justicia.
Además, advirtió que, por la manera en que ocurrieron los hechos, existe la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación o intimide a testigos si no permanece recluido.
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Ciudad del Este: asaltan y golpean a brasileño para robarle carga con artículos electrónicos
Un ciudadano brasileño fue interceptado anoche al salir de un estacionamiento por varias personas armadas que se movilizaban en una camioneta blanca. La víctima fue golpeada con la culata de un arma de fuego, sufriendo un corte en la cabeza, mientras los delincuentes se llevaban su vehículo cargado con artículos electrónicos.
De acuerdo con los datos obtenidos, tras alertar a la Policía Nacional sobre el suceso, se inició de inmediato una persecución que comenzó en Ciudad del Este y terminó en la zona de Presidente Franco, donde fue hallado un vehículo abandonado. Al lugar acudió personal del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional con el objetivo de levantar huellas que permitan identificar a los autores del asalto.
Según los intervinientes, los delincuentes aprovecharon que el lugar presenta poca iluminación para huir por una zona boscosa.
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Igualmente, el Ministerio Público ya tomó intervención para acompañar los diferentes procedimientos que se realicen en la zona en busca de los delincuentes.
Una vez detenidos, los autores del hecho deberán comparecer ante la Fiscalía para la audiencia indagatoria. Posteriormente, el fiscal interviniente podrá presentar la imputación correspondiente junto con el pedido de medidas cautelares.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Manifestantes chocan con policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada
Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.
La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.
Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.
Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.
Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.
“La patria no se vende”
La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.
“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.
El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.
El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.
El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.
Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.
Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.
Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.
Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.
- Fuente: AFP
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San Pedro: descartan intento de feminicidio de parte de policía y sustentan disparo accidental
El comisario Eladio Martínez, nuevo jefe de Prevención y Seguridad de San Pedro, dio detalles del caso de un policía que habría disparado accidentalmente a la hermana de un camarada.
Aseguró hoy, en declaraciones a la 1020 AM, que el disparo se produjo de manera accidental mientras un suboficial manipulaba su arma de fuego frente a familiares. Ocurrió en la localidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro.
“Según los intervinientes, según algunos testigos y de acuerdo con la investigación fiscal, se trató de un disparo accidental”, expresó.
Resultó víctima Liz Salinas Rojas (25), quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona púbica y llegó inconsciente al hospital, donde fue sometida a cirugía y permanecía con pronóstico reservado, según el reporte médico.
Añadió que el disparo se produjo cuando manipulaba el arma. “Por su inexperiencia y su impericia, se le escapó un tiro”, agregó el entrevistado.
Inmediatamente, junto a familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital Distrital de Santaní. “Es vecina y amiga, porque es hermana de otro camarada de él y se descarta completamente un posible intento de feminicidio, como se dijo al principio”, aclaró el jefe policial.
En ese sentido, Martínez mencionó que el sindicado estaba mostrando el arma a la familia, cuando ocurrió el incidente. Se trata de Wilson Agustín González (23), suboficial ayudante de Prevención y Seguridad con destino en la Comisaría 32° de Yrybucuá.
“Es un joven recientemente egresado, perteneciente a la última promoción, había cambiado recientemente su arma de fuego, y según los datos recabados, él estaba mostrando el arma a la familia”, señaló el jefe policial.
Intervino en el caso, la Comisaría 8va de San Estanislao. La fiscal Lilian Ruiz ordenó su libertad, pero no la desvinculación. Es decir, la investigación sigue su curso.
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