El JEM podría iniciar enjuiciamiento contra la jueza Isabel Bracho, por ordenar un test de credibilidad al testimonio de dos niños víctimas de abuso sexual. Foto: Gentileza
Abuso sexual: JEM podría enjuiciar a jueza por actuación irregular
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) podría iniciar el próximo 17 de octubre el enjuiciamiento y pedir la suspensión en sus funciones de la jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho.
La magistrada ordenó la realización de un test de credibilidad a los testimonios de dos niños víctimas de abuso sexual a pesar que la propia cámara Gesell confirmó que existió el abuso sexual.
Los integrantes del JEM tomaron conocimiento del caso a través de los medios de comunicación que se hicieron eco de la disposición adoptada por la jueza Bracho quien ordenó realizar un test de credibilidad, diligencia que le correspondería realizar a un tribunal de sentencia en caso de que no se tenga otros elementos probatorios. Ante esta situación igualmente este jueves la citada magistrada revocó su propia determinación dejando sin efecto nuevamente la realización del mencionado test.
También el JEM podrá analizar si inicia una investigación o enjuicia de oficio al fiscal Juan Daniel Benítez, de Santa Rosa del Aguaray quien habría liberado a un supuesto feminicida en un caso de violencia familiar y también apareció cantando y bailando al ritmo de la polca colorada, junto con la intendenta de su ciudad, Silvia Trubger.
Enjuiciamiento a jueza de Paz
Asimismo JEM resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la jueza de paz de Villa Elisa, Marta Benítez Alderete, por irregularidades en al menos 112 expedientes tramitados ante su juzgado. Se designó por sorteo a la fiscal Alejandra Benítez.
La doctora Alicia Pucheta recordó que la Corte Suprema de Justicia remitió al JEM, mediante Resolución Nº 11.985 del 30 de abril del 2025, los antecedentes relacionados con actuaciones de la magistrada y del entonces juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez Alfonso. En este último caso, el órgano constitucional dispuso el archivo del procedimiento por haber renunciado al cargo, quedando sin jurisdicción para juzgarlo.
Alicia Pucheta fue reelecta para la presidencia del JEM
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La exministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alicia Pucheta, fue reelecta este jueves para liderarel Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por el periodo 2026/2027. La también representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (CM), asumirá el cargo el próximo 2 de marzo.
“Como ya lo hice en el 2024, mi gestión se centrará en que ninguna de las situaciones que se presentan en el jurado prescriban, que culminen como lo dice la ley, desde el momento del enjuiciamiento hasta la sentencia final. También me centraré a fortalecer la transparencia que es fundamental y garantiza la credibilidad. Soy una persona que cumple con los objetivos de su presidencia“, refirió la también expresidenta de la República a los medios de comunicación.
Mientras que el cargo de vicepresidente primero estará siendo ejercido por Manuel Ramírez Candia y la vicepresidencia segunda por César Antonio Garay Zucolillo, ambos ministros de la máxima instancia judicial.
El JEM es un órgano constitucional extrapoder encargado de investigar y juzgar el desempeño de jueces, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño o supuestos delitos en sus funciones.
La institución tiene como finalidad principal asegurar la correcta administración de justicia mediante procesos de remoción, investigando de oficio o por denuncia.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomo conocimiento sobre la posible actuación irregular del juez civil de Asunción Guillermo Trovato Fleitas. Foto: Gentileza
JEM evalúa actuación de juez tras polémica decisión sobre estancia en Canindeyú
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió tomar conocimiento de las publicaciones periodísticas sobre la resolución judicial —presuntamente irregular— del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Guillermo Trovato. El magistrado dejó sin efecto una medida cautelar dictada por una jueza de Primera Instancia de Salto del Guairá que garantizaba la cosecha de soja en la Estancia Americana, ubicada en Canindeyú. El fallo del citado magistrado es señalado como arbitrario.
La determinación de los miembros del JEM se dio a conocer en su primera sesión ordinaria. Una vez cumplido el plazo legal, se estudiará si corresponde el enjuiciamiento y el pedido de suspensión del magistrado Trovato. En la sesión participaron el presidente del órgano, el ministro de la Corte César Garay; la doctora Alicia Pucheta; el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia; y los legisladores Derlis Maidana, Mario Varela y Enrique Berni.
En una decisión cuestionable, el juez Trovato suspendió los efectos de una resolución previa que protegía la producción agrícola en el lugar y ordenó la toma de posesión inmediata de todos los bienes de la Estancia Americana. Esto propició que la Policía Nacional arremetiera contra una comunidad indígena asentada en la zona. Se menciona, además, la existencia de fuertes injerencias políticas y económicas para inclinar la balanza judicial hacia un sector específico.
Acción violenta
Días atrás, con balines de goma, la Policía Nacional reprimió a familias indígenas en el departamento de Canindeyú. El procedimiento se ejecutó para dar cumplimiento a la orden firmada por Trovato, la cual presentaría diversas irregularidades. Los uniformados procedieron al desalojo apenas minutos después de haberse firmado el documento.
EL JEM retiró los fueros a la fiscala Gloria Rojas, imputada por cohecho pasivo por pedir dinero para beneficiar a un procesado en el caso del feminicidio de María Fernanda, ocurrido en Coronel Oviedo. Foto: Archivo
JEM retiró los fueros a fiscala imputada por coima en caso feminicidio de María Fernanda
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros a la agente fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas, para que la misma pueda enfrentar el proceso penal que tiene por cohecho pasivo agravado o pedido de coima en el caso en el que se investiga el feminicidio de María Fernanda.
El órgano juzgador de magistrados solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en sus funciones de la mencionada agente fiscal.
El actual presidente del JEM, César Garay, indicó que por oficio número 368 del 15 de diciembre, el juez penal de Garantías, Humberto Otazu, informó lo resuelto por providencia de la misma fecha, dictada en la causa caratulada “Juan Carlos Bedolla Fleitas s/ tráfico de influencias” por la que remitió los antecedentes al JEM.
En dicho oficio se indica que la agente fiscal Silvia González Lester fue quien peticionó al juez de la causa que comunique al Jurado la imputación por cohecho pasivo agravado.
“En el acta de imputación se señalan suficientes elementos de sospechas, declaraciones testimoniales, videos, incluso copias autenticadas de billetes que sustentan la presunta participación de la imputada en el hecho punible de cohecho pasivo agravado”, manifestó el presidente del órgano, César Garay.
Ahora el juez Otazú podrá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la imputada será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
Mafia de pagarés: JEM destituye a jueza por actuación irregular
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió por unanimidad destituir a la jueza de Paz del Segundo Turno del Distrito de La Catedral, Nathalia Garcete Aquino, luego de comprobarse durante el enjuiciamiento que incurrió en mal desempeño en sus funciones.
La determinación fue tomada luego de la adhesión unánime en la que el preopinante fue el propio presidente del JEM, ministro de la Corte César Garay.
En la sesión del órgano juzgador de magistrados, se dieron a conocer las irregularidades detectadas en la tramitación de juicios ejecutivos relacionados con la denominada mafia de los pagarés, juicios civiles en los que la magistrada habría actuado desconociendo la ley, generando graves perjuicios a las víctimas.
CONSECUENCIAS NEFASTAS
El ministro de la Corte, César Garay, explicó que las actuaciones de Garcete causaron “un detrimento inconmensurable del patrimonio y de las condiciones personales, económicas y de salud de decenas de víctimas que no pudieron ejercer su derecho a la defensa”.
Sostuvo que los actos atribuidos a la magistrada produjeron “consecuencias nefastas”, entre ellas, la exclusión de ciudadanos del sistema financiero sin posibilidad de reinserción, vulnerando derechos humanos fundamentales.
La resolución también ordena comunicar la decisión a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo establecido en el art. 34 de la Ley del JEM.