Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Christian González, Gloria Hermosa y Darío Báez, condenó a 28 años de cárcel al exagente policial José Carlos Morel Chamorro encontrado culpable por el feminicidio de la docente María Isabel Vega, ocurrido en febrero de 2023 en Loma Pyta, Asunción.
Esta mañana se llevó a cabo el segundo juicio oral y público debido a que un tribunal de apelación había anulado la irrisoria condena de 15 años de cárcel que se había sentenciado en un primer juicio oral y público.
Te puede interesar: Balearon la casa de jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré
Los familiares de la víctima del terrible caso mencionaron que vivirán un poco más tranquilos al conocer está determinación adoptada por los nuevos jueces del presente caso.
Cuestionado fallo
En su momento el tribunal de sentencia integrado por los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a solo 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana. Este fallo judicial de primera instancia fue criticado por los familiares de la víctima y a su vez el Ministerio Público adelantó que apelará la sentencia condenatoria porque había solicitado una pena de 30 años de cárcel para el acusado.
Podes leer: Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE
Dejanos tu comentario
Cúpula de las FARC recibe primera sentencia por secuestros tras firmar la paz en Colombia
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.
En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
Te puede interesar: Bolsonaro, ingresado al hospital tras “sentirse mal” en su prisión domiciliaria
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.
“Burlada”
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
- Fuente: AFP
Lea más: Noboa decreta estado de excepción por protestas contra fin de subsidio al diésel en Ecuador
Dejanos tu comentario
Detienen al supuesto autor del feminicidio en Santa Rosa del Aguaray
Cerca de la medianoche de ayer, efectivos policiales lograron la captura de Derlis Adilson Dávalos, quien contaba con una orden de captura en su contra por el presunto feminicidio de su pareja Antonia Salinas Espinoza, el cual se registró el pasado 4 de setiembre en el barrio Villa del Maestro de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray.
El procedimiento de captura fue llevado a cabo sobre la ruta PY 08 en el kilómetro 170 de la mencionada ciudad; a la detención de Derlis Dávalos, también se suman como detenidos Abel Fernández y Orlando Arteta, quienes se encuentran imputados por frustración a la persecución penal, ya que los mismos habrían ayudado a Dávalos para huir tras el hecho.
Dávalos cuenta además con antecedentes por transgresión a la ley de armas, privación ilegítima de libertad, lesión grave y violación de la patria potestad. Cabe destacar que también contaba con una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, la cual habría sido realizada por su expareja.
Podés leer: Identifican a presunto autor de un homicidio en Tablada Nueva
El hallazgo del cuerpo de la joven Antonia Salinas Espinoza de 27 años se habría dado por su hermana luego de que un familiar del principal sospechoso le notificara de la desaparición de la mujer. El cuerpo contaba con signos de lucha y heridas de arma blanca.
Los familiares de la joven en los últimos días organizaron varias movilizaciones exigiendo justicia para la misma, asegurando que su muerte pudo haber sido evitada si las autoridades accionaron en contra del ahora detenido.
Dejanos tu comentario
Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
Te puede interesar: Detienen a falsa arquitecta, que suma varias denuncias en su contra
VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
Podes leer: Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
Dejanos tu comentario
Coronel ligado a “Tío Rico” será dado de baja deshonrosamente
El pasado viernes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Belotto, así como a su esposa Alba Lidia de Belotto.
Ambos fueron encontrados culpables por el delito de soborno agravado luego de intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por medio de coacciones a subordinados que estaban apostados en la cárcel militar de Viñas Cué.
Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en conversación con miembros de la prensa, confirmó que, tras la condena de Belotto, al mismo se le dará la baja deshonrosa, ya que cuando se habla de una condena en la justicia penal superior a un año, se debe cumplir con este requerimiento.
Podés leer: Joven muere tras ser atacado en plena vía pública en un barrio de Asunción
El ministro remarcó que, lamentablemente, este tipo de hechos empañan no solamente el nombre de la institución militar, sino el trabajo que se viene realizando desde la institución para resguardar a la ciudadanía y cumplir con las órdenes del gobierno por la defensa del país.
En ese sentido, destacó el acompañamiento y la disposición que existió por parte del Ministerio de Defensa para llegar a esclarecer el hecho, recordando que la denuncia inicial la habría realizado a sus superiores un militar de rango inferior al de Belotto, el cual se habría negado a ayudarlo y que, a partir de ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que les fue solicitado.
Lea también: Detienen a un hombre que intentó robar un cajero en la Costanera de Asunción