El juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, fijó para el 7 de octubre a las 8:15, la audiencia preliminar para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por delitos relacionados al narcotráfico. Igualmente, existen 27 procesados en el marco del operativo Berilo. La diligencia judicial es constantemente suspendida desde 2022.
Además, el magistrado señaló dos jornadas especiales, el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre, para aplicar sanciones disciplinarias a cuatro acusados y a sus defensores, al considerar que los últimos recursos presentados solo tuvieron la finalidad de obstaculizar la realización de la audiencia preliminar.
En la primera fecha, la del 18 de septiembre, deberá comparecer el exdiputado colorado Ulises Quintana, junto con los abogados Nelson López e Inés Guzmán Mereles.
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Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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Fijan audiencia preliminar para acusados por estafa a colonos menonitas
El próximo 21 de agosto, a las 08:45, se llevará a cabo la audiencia preliminar para el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, y otros acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Las víctimas de este caso son colonos menonitas de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro. Además de Bogarín, están acusados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Asimismo, se espera que se realice la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín, procedimiento que podría aportar información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
La acusación
La acusación fiscal sostiene que los hechos comenzaron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Tras ganarse la confianza de los inversionistas, primero los desaconsejó de realizar la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores. Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert y ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia.
Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico” integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso utilizados para sostener el engaño. Según la Fiscalía, se promovieron juicios de interdicto de recobrar la posesión basados en hechos inventados, afirmando que los Friesen habían sido despojados violentamente de los inmuebles, pese a que jamás tuvieron la posesión de estos.
Los documentos presentados por los acusados —incluyendo planos, fotografías, comunicaciones vía WhatsApp, escritos dirigidos al Indert y supuestas resoluciones judiciales— mantenían a las víctimas en una expectativa constante. Para sostener el esquema, se reportaron viajes ficticios al Chaco, mensuras inexistentes, comisiones falsas de funcionarios públicos e incluso audios en los que Ljubetic afirmaba que ya se había ordenado el ingreso a las propiedades.
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Comisión del Senado culmina audiencias y prepara ternas para contralor y subcontralor
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado culminó con las audiencias públicas de los postulantes al cargo de contralor general de la República y subcontralor.
El próximo paso es emitir un dictamen a la presidencia de la Cámara Alta y poner a disposición del pleno, que sería ya en las primeras semanas de agosto.
“Hoy terminamos las audiencias públicas, en total fueron 49 participantes, estamos terminando con aproximadamente 40 participantes porque hemos sacado con los que no cumplían con los requisitos constitucionales y legales”, indicó el senador Javier Zacarías a los medios de prensa.
Así mismo, señaló que “el martes que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales vamos a dictaminar, y elevamos ya a la presidencia para que el presidente ponga en el orden del día para que el plenario finalmente decida las ternas para el contralor y subcontralor”.
El legislador explicó que la idea es que el pleno de la Cámara de Senadores ya pueda tratar la integración de las ternas en la primera o la segunda semana de agosto, teniendo en cuenta que existe un plazo legal y constitucional hasta el 1 de setiembre para que las ternas ya estén en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, aclaró que la posición institucional, de la comisión y del Senado es que las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) sean designadas sin importar el color, religión, etnia y mucho menos partido político. “Aquí lo importante es la idoneidad y capacidad de la gente, y veo como una incoherencia que ciertos partidos políticos dice que tiene que ser un liberal”, aseveró.
En este sentido, calificó de incoherente a ciertos sectores políticos partidarios que exigen que la Contraloría quede en manos de ellos, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Es una incoherencia, no podemos por un lado pedir independencia, transparencia y por otro lado, exigir nombres por partido, el cuoteo no nos puede llevar a nada bueno, acá lo importante es la persona y esa persona tiene que ser idónea, capaz, tiene que ser una persona patriota que vaya a la Contraloría para cumplir con la función que debe cumplir”, concluyó.
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Suspenden audiencia por muerte de Maradona entre insultos y amenazas de abogados
Los principales abogados del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvieron este martes al borde de la agresión física, en un episodio que obligó a los jueces a suspender la audiencia y amenazar con apartarlos del proceso que tiene lugar en Argentina.
El incidente se desencadenó durante la declaración de un testigo en el proceso que ha llevado al banquillo al equipo médico que atendió a Maradona en la internación domiciliaria antes de su muerte en 2020.
La audiencia tuvo que ser momentáneamente suspendida y los contrincantes se trasladaron fuera de la sala para continuar la contienda. Enfrentados con los rostros a centímetros de distancia en medio de una ronda de abogados, policías y periodistas, los legistas se gritaron insultos.
“Acá estoy, ¿qué vas a hacer?”, le espetó Fernando Burlando, representante de dos de las hijas de Maradona, a Francisco Oneto, defensor del principal acusado. “Payaso de mierda”, le respondió furioso su contraparte. “Sos un gil (tonto)”, replicó Burlando.
Uno de los fiscales y un policía intervinieron y lograron alejar a Oneto unos diez metros sin que la agresión física se concretara.
El enfrentamiento comenzó dentro de la sala de audiencias, cuando Burlando se mofó de Oneto en medio de una discusión entre ambos legistas.
“Te gritan en todos lados, hasta en tu casa”, dijo Burlando. “¿Qué sabés lo que pasa en mi casa, irrespetuoso? Decímelo afuera”, respondió Oneto, mientras se levantaba velozmente y caminaba hacia el escritorio de su colega.
Esta rivalidad es una constante del proceso que comenzó en abril y se extenderá por lo menos hasta fines de agosto.
Maradona murió a los 60 años en una vivienda en Tigre, al norte de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio cuando se recuperaba de una neurocirugía.
En el juicio que se desarrolla en San Isidro, cerca de Tigre, se examina si el exfutbolista recibió atención adecuada por parte de los siete integrantes de su equipo médico, que enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que sabían que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista.
Todos se declaran inocentes.
- Fuente: AFP
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