Los abogados Julio Godoy y Aldo Gavilán, representantes legales de la firma Americana, denunciaron que la Policía Nacional se quiso prestar a un desalojo ilegal con una orden judicial dudosa firmada por la jueza Josefina Gunsett de Katueté, departamento de Canindeyú.
De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, la citada magistrada hizo lugar a una orden de desalojo a favor de Gissella Peters, situación totalmente irregular atendiendo a que los representantes de la estancia Americana cuentan con todas las documentaciones que avalan y reconocen la posesión del inmueble a favor de Leandro Camargo, dejando sin efecto la resolución de la magistrada Gunsett.
El intento de desalojo movilizó a más de 300 agentes policiales que se trasladaron directamente desde Asunción para tratar de lograr su fin, pero al llegar al establecimiento se encontraron con los abogados de la estancia Americana, quienes exhibieron la orden judicial que reconoce la posesión a favor de Camargo, por lo que no se realizó el desalojo.
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Godoy manifestó que “con este desenlace hoy la mafia judicial ha perdido, porque cuando se actúa al margen de la ley y de manera apresurada siempre sale mal, no existe el crimen perfecto”.
El abogado aseguró que seguirán atentos para evitar nuevos atropellos, recalcando que las comunidades y familias que habitan el lugar solo quieren trabajar en paz.
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Denuncian que en bloqueos de ruta se cobra “peaje”
Pobladores afirman que indígenas realizan cortes de ruta por supuestos reclamos, pero cobran peaje.
Pobladores de Canindeyú están cansados de los cortes de ruta con fines extorsivos que llevan adelante indígenas de la zona. Líderes nativos argumentan que recurren a bloqueo porque supuestamente, sin presión, no obtienen respuesta de parte de las autoridades.
“Es una práctica que hace años se vive en el departamento y en ocasiones ha generado crispación en la ciudadanía, camioneros, automovilistas, motociclistas y transeúntes”, informó Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM.
Explicó que varias comunidades indígenas utilizan puntos estratégicos de conexión e interconexión interdepartamental para instalar retenes en la ruta y sacar un beneficio económico. “Cobran entre 5 mil y 20 mil guaraníes de peaje para dejar pasar”, precisó en el programa “Arriba hoy”.
Recurren a esta medida, supuestamente dentro del marco de reclamos y reivindicaciones que “en casos son valederas y otras veces son meras excusas para cobrar dichos peajes en rutas”, indicó el comunicador.
El hecho ya fue denunciado; sin embargo, los pueblos originarios siguen apelando a esta práctica, afectando el libre tránsito de la población en general.
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Gamarra arrincona a Líder Amarilla exigiéndole que aclare sus nexos en juicio por narcotráfico
El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.
A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.
Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.
“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.
Caso scanner del Silvio Pettirossi
El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.
Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.
Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.
Violación a carta orgánica de Ypané
Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.
Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.
Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.
“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.
Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.
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El TSJE deberá destrabar la crisis en Ypané tras la elección de dos intendentes paralelos
El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.
La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.
Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.
Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.
En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.
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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.
“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.
Obligados a dar quórum
Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.
El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.
Denunciarán al exintendente
El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.
“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.
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Juez habría titulado propiedad de forma irregular, denuncian
El juez Édgar Rivas habría dado visto bueno a la titulación de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra.
Una nueva irregularidad se habría cometido en el juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores. En este caso, el cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción Édgar Rivas habría titulado de forma irregular una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.
La abogada de la firma, Patricia Rebollo, señaló: “Conforme a informaciones preliminares que recibimos y que estamos tratando de confirmar existirían indicios de que uno de los inmuebles propiedad de la firma Ypyta ya habría sido objeto de eventuales tratativas de venta o de actos orientados a una posible transferencia de dominio a terceros, mediante un supuesto título firmado por el juez Rivas”.
Asimismo, la abogada sostuvo que existen dos fallos judiciales que fueron atacados de inconstitucional ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá actuar conforme a derecho y anular dichas resoluciones por ser irregulares y perjudiciales para la firma Ypyta. Del mismo modo, la representante legal de la agroganadera enfatizó: “Las cuestiones sometidas a consideración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permanecen pendientes de resolución, por lo que la validez, alcance y efectos de la operación de titulación u otros actos continúan sujetos al control jurisdiccional correspondiente”.
El criticado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Igualmente conforman la terna el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano.