Los abogados Julio Godoy y Aldo Gavilán, representantes legales de la firma Americana, denunciaron que la Policía Nacional se quiso prestar a un desalojo ilegal con una orden judicial dudosa firmada por la jueza Josefina Gunsett de Katueté, departamento de Canindeyú.
De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, la citada magistrada hizo lugar a una orden de desalojo a favor de Gissella Peters, situación totalmente irregular atendiendo a que los representantes de la estancia Americana cuentan con todas las documentaciones que avalan y reconocen la posesión del inmueble a favor de Leandro Camargo, dejando sin efecto la resolución de la magistrada Gunsett.
El intento de desalojo movilizó a más de 300 agentes policiales que se trasladaron directamente desde Asunción para tratar de lograr su fin, pero al llegar al establecimiento se encontraron con los abogados de la estancia Americana, quienes exhibieron la orden judicial que reconoce la posesión a favor de Camargo, por lo que no se realizó el desalojo.
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Godoy manifestó que “con este desenlace hoy la mafia judicial ha perdido, porque cuando se actúa al margen de la ley y de manera apresurada siempre sale mal, no existe el crimen perfecto”.
El abogado aseguró que seguirán atentos para evitar nuevos atropellos, recalcando que las comunidades y familias que habitan el lugar solo quieren trabajar en paz.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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Ybyrarobaná: un hombre fue asesinado de seis balazos en una ronda de tragos
Un hombre fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en una ronda de tragos y fue hallado a medio enterrar por los intervinientes. El hecho de extrema violencia se registró en la madrugada en un establecimiento rural de Colonia Cristo Rey, jurisdicción de Ybyrarobaná.
El fallecido fue identificado como Juan Carlos Fleitas Bogarín (28), de nacionalidad paraguaya. Presentaba 6 heridas de impactos de bala calibre 3.57, con entrada y salida, en todo el cuerpo. Como causa de muerte se diagnosticó shock hipovolémico.
Fue sindicado como presunto autor del crimen Édgar Rubén Galeano Jara (38), paraguayo, soltero, domiciliado en la misma colonia. Fue aprehendido por las autoridades policiales en el lugar del luctuoso suceso.
De acuerdo con el informe policial, el imputado relató que anoche estaba compartiendo con la víctima, ingiriendo bebidas alcohólicas.
En un momento dado, comenzaron a discutir por cuestiones particulares; posteriormente, se enfrentaron en una la pelea cuerpo a cuerpo y el hombre disparó contra la víctima, quien falleció de forma instantánea en el lugar.
Tras el crimen, el sospechoso enterró parcialmente el cuerpo al costado de un galpón dentro del mismo predio, donde fue posteriormente localizado por las autoridades.
Intervino personal de la Subcomisaría n.° 10 de Ybyrarobaná, del Departamento de Homicidios, Criminalística y Medicina Forense. El fiscal Hernán Mendoza se constituyó en el lugar para el procedimiento de rigor. El imputado quedó a disposición de la Justicia.
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“Ordenamos la casa y se volvió a poner a la Municipalidad al servicio de los vecinos”, expresó el intendente Bello
El intendente Luis Bello presentó la Rendición de Cuentas 2025 y destacó el saneamiento administrativo, el cuidado de los recursos y la recuperación de obras y servicios para Asunción.
Con la Bahía de Asunción como escenario, el intendente Luis Bello presentó este lunes la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Asunción, en un acto que reunió a autoridades nacionales y municipales, concejales, vecinos y representantes de distintos sectores.
Durante su exposición, Bello repasó las principales decisiones adoptadas durante sus primeros 11 meses de gestión y puso el acento en una premisa: ordenar la administración municipal para recuperar su capacidad de respuesta y traducir ese esfuerzo en obras, servicios y soluciones para los vecinos.
El intendente Bello recordó que asumió la conducción municipal en un contexto de intervención, con procesos paralizados y una situación financiera y administrativa compleja. Frente a ese escenario, señaló que la administración decidió afrontar los problemas, cumplir las obligaciones pendientes y recuperar progresivamente el funcionamiento de la institución.
“Decidimos pagar las cuentas, mirar las obras que estaban paralizadas y buscar la manera de que empiecen de vuelta. Decidimos que los servicios que no se estaban prestando tendrían que volver a prestarse”, afirmó.
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Bello destacó que la gestión estableció desde el inicio tres principios: transparencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera.
Eliminación de cuenta única y 0 emisión de bonos
Entre las principales medidas mencionó la eliminación de la Cuenta Única Municipal, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los recursos, y aseguró que durante esta administración no se emitieron bonos ni se recurrió a nuevo endeudamiento.
Ningún nombramiento
También señaló que durante los primeros 11 meses no se incorporó ningún nuevo funcionario municipal, como parte de una política de contención y orden interno.
También informó que se destinaron G. 55.000 millones al pago de jubilaciones, correspondientes a unos 16.500 jubilados, logrando regularizar esta obligación.
Más servicios y obras en los barrios
El intendente sostuvo que el orden financiero debía reflejarse en la ciudad. En ese sentido, destacó el fortalecimiento de la limpieza, la incorporación de 11 nuevos camiones recolectores, la regularización de la recolección en 69 barrios, la eliminación de vertederos clandestinos y las jornadas masivas de limpieza.
También resaltó la recuperación de espacios públicos, como la Plaza Naciones Unidas, que volvió a abrirse a los vecinos después de tres años, tras trabajos de infraestructura, iluminación, accesibilidad y áreas verdes.
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Uno de los principales capítulos de la rendición fue el Plan ASU 400 Cuadras, que contempla una inversión cercana a G. 59.000 millones y que, con el apoyo de Itaipú Binacional a través del Plan 1.000, permite alcanzar un promedio de 20.000 metros cuadrados mensuales de capa asfáltica recuperada y 4.000 bacheos por mes, con trabajos simultáneos en 16 barrios.
Desagües pluviales y prevención
Bello también destacó la reactivación de obras de desagüe pluvial en Santo Domingo, barrio San Pablo y el Mercado de Abasto, luego de la regularización de compromisos pendientes y la reorganización de los pagos.
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Denuncian que en bloqueos de ruta se cobra “peaje”
Pobladores afirman que indígenas realizan cortes de ruta por supuestos reclamos, pero cobran peaje.
Pobladores de Canindeyú están cansados de los cortes de ruta con fines extorsivos que llevan adelante indígenas de la zona. Líderes nativos argumentan que recurren a bloqueo porque supuestamente, sin presión, no obtienen respuesta de parte de las autoridades.
“Es una práctica que hace años se vive en el departamento y en ocasiones ha generado crispación en la ciudadanía, camioneros, automovilistas, motociclistas y transeúntes”, informó Juan Alcaraz, corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM.
Explicó que varias comunidades indígenas utilizan puntos estratégicos de conexión e interconexión interdepartamental para instalar retenes en la ruta y sacar un beneficio económico. “Cobran entre 5 mil y 20 mil guaraníes de peaje para dejar pasar”, precisó en el programa “Arriba hoy”.
Recurren a esta medida, supuestamente dentro del marco de reclamos y reivindicaciones que “en casos son valederas y otras veces son meras excusas para cobrar dichos peajes en rutas”, indicó el comunicador.
El hecho ya fue denunciado; sin embargo, los pueblos originarios siguen apelando a esta práctica, afectando el libre tránsito de la población en general.