El abogado Luis Samaniego Correa defendió públicamente a su clienta, Gianina García Troche, en el marco de la investigación sobre la sociedad comercial denominada “Total Cars”. Según el letrado, la participación de García Troche, esposa del prófugo narcotraficante Sebastián Marset, se limitó a un cargo formal en los documentos de constitución, sin tener incidencia alguna en la administración ni en las operaciones de la firma.
“La administración y operación real de lo que la Fiscalía denomina ‘Total Cars’ siempre estuvo en manos de los hermanos Alexis y Tadeo González, quienes ya fueron imputados por estos mismos hechos”, manifestó Samaniego para la 1020 AM. En ese sentido, recalcó que no existe documento alguno que demuestre que su clienta haya recibido dinero o ejercido control sobre la empresa.
El defensor también respondió a las observaciones sobre los depósitos registrados en las cuentas bancarias de García Troche. Aclaró que se trató de “montos insignificantes” realizados por terceras personas y no por su esposo, Sebastián Marset, prófugo de la justicia, ni por la citada sociedad.
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“Son movimientos de dinero comunes y corrientes y no constituyen prueba alguna de lavado de activos”, enfatizó Samaniego, cuestionando la línea investigativa que pretende vincular a su clienta con maniobras financieras irregulares.
El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con la red de negocios y estructuras financieras presuntamente vinculadas a Marset, considerado uno de los principales objetivos de la justicia regional por narcotráfico y lavado de dinero.
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Piden prisión de joven que agredió a su expareja en su trabajo y en la calle
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar N.° 1 de Ciudad del Este, solicitó la prisión preventiva de un joven de 25 años, a quien imputó por el hecho punible de violencia familiar.
El joven habría herido a su ex pareja con un bolígrafo en el ojo en medio de una discusión y luego la maltrató cuando fue a buscar a su hijo.
Según el escrito fiscal, el primer episodio de agresión se produjo el 18 de julio de 2026, alrededor de las 16:50, en un local comercial del barrio San Roque de Ciudad del Este.
La víctima se encontraba en el lugar, donde se desempeña como empleada, cuando llegó su expareja y en forma prepotente le exigió la firma de un pagaré, argumentando que necesitaba un documento que avalara el aporte económico que realiza para la hija que tienen en común.
Sin embargo, la mujer se negó a firmar el documento, situación que habría provocado el enojo del hombre, quien supuestamente la atacó con un bolígrafo que tenía en su poder, causándole una lesión en la zona del ojo izquierdo. Al no conseguir lo que buscó, se retiró el lugar.
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Más tarde, cerca de las 18:30, la víctima acudió hasta el domicilio del ahora imputado para retirar a su hija pequeña, quien se encontraba al cuidado de su padre, pero se habría negado a entregarle a la niña y cerró el portón de la vivienda.
Ante lo ocurrido, la mujer llamó al Sistema 911 de la Policía Nacional, pero el hombre se dio cuenta y salió del inmueble para dirigirse a ella y despojarla del teléfono celular para tirarlo a la calle empedrada, destruyendo el aparato telefónico. La víctima intentó recoger el aparato, ocasión en que su expareja la empujó, según la denuncia.
Luego, el hombre ingresó nuevamente a la vivienda con la niña en brazos, mientras que la mujer acudió hasta la comisaría para presentar la denuncia. Minutos después el personal policial llegó hasta el lugar y aprehendió al joven.
La fiscal Liliana Duarte reunió diversos elementos relacionados con el hecho y al denunciado para iniciar el proceso penal en su contra. Además, solicitó su prisión preventiva, considerando la gravedad de la conducta investigada y la alta expectativa de pena carcelaria.
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IPS e industria farmacéutica acuerdan acciones para garantizar medicamentos
El presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, informó que la previsional está trabajando con la industria farmacéutica a fin de establecer acciones tendientes a garantizar la disponibilidad de medicamentos para los asegurados.
El responsable de la previsional se refirió a la actual situación financiera y de medicamentos este lunes, acompañado del asesor de Presidencia, Carlos Pereira; de la gerente de Abastecimiento y Logística, Cecilia Rodríguez y del titular de Cifarma, Hernán Streber, durante una conferencia de prensa realizada en la sala de Consejo del IPS.
El presidente de Cifarma, Hernán Streber, explicó que la firma está trabajando en la mesa de trabajo desde hace 15 días, para lograr que los pacientes tengan cero necesidad de medicamentos y tengan al día en la farmacia de la previsional.
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Destacó que requieren de un proceso de previsibilidad financiera y de la necesidad de la previsional, con lo que se podrá evitar los quiebres de remedios. Dijo además que los dos puntos son fundamentales para que la empresa pueda fabricar los fármacos que requieren de 48 días en el proceso de elaboración y control para la entrega posterior. Mediante el equipo multidisciplinario que integra la mesa de trabajo, pueden trabajar juntos para proveer los medicamentos.
A su vez, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, informó que cuando asumió el cargo en la institución se encontró con 57 % del vademécum de medicamentos y que actualmente cuentan con 513 del listado total que deben comprar de manera permanente y el pico máximo iba a llegar al mes de julio.
Resaltó que mediante el trabajo constante consiguieron el 93 % de la cobertura contractual, lo que significa que se están acercando al 100 % del vademécum, por lo cual insisten en que la planificación debe hacerse de manera correcta, en tiempo y forma y como mínimo, 9 meses antes.
Indicó que están trabajando con Laboratorio Cifarma para regularizar los pedidos y las órdenes de compra. Mencionó que en años anteriores y sobre todo el año pasado, bajaban medicamentos por G. 220 mil millones. Remarcó que atendiendo a que en este ejercicio se exige la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria, bajaron medicamentos solamente por G. 60 mil millones y la diferencia es muchísima, resaltó.
Regularizar órdenes de compra
Cecilia Rodríguez puntualizó que ahora empezarán a regularizar la solicitud de órdenes de entrega. “Por eso estamos trabajando con Cifarma, de manera a darle previsibilidad de lo que va a pedirle el IPS. El objetivo es comprar todos los medicamentos y evitar el quiebre del stock", dijo. A su vez, el Dr. Isaías Fretes informó que desde hace más de un mes están trabajando con el equipo financista y hace 8 días se incorporó Carlos Pereira, informó del ente.
Planificación financiera
A su vez, el asesor de Presidencia, Carlos Pereira, informó que están trabajando coordinadamente con la administración financiera, la gerencia de Abastecimiento y Logística, como también con las instituciones bancarias con las que el IPS tiene los compromisos calendarizados para lo que resta del año y a mediano y largo plazo.
Explicó que en virtud a la planificación, mediante la buena predisposición de los bancos, están reprogramando los flujos financieros y las cuotas hacia adelante, a fin de encontrar un punto de inflexión que signifique el equilibrio financiero en mediano plazo, que asegure que la gerencia de Abastecimiento y Logística no solamente tenga el stock mínimo asegurado, sino que tenga la contención y la visión hacia delante de no resquebrajar ese stock.
Aseveró que la planificación se realiza con la máxima prudencia con la farmacéutica, de manera que también pueda visualizar los flujos de caja que el IPS está proyectando hacia adelante y encontrar esa reprogramación y el recalendario va permitir ordenar las finanzas del IPS y poder tener tiempo para planificar mejor las compras hacia el futuro y sobre todas las cosas, encontrar el equilibrio para el fondo de salud, puntualizó el asesor Pereira.
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Senadores evalúan declarar en emergencia al IPS para compras directas de medicamentos y equipos
Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.
Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.
La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.
En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.
En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.
Uso exclusivo de fondos
Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.
En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.
En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.
En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.
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García Troche seguirá recluida en Emboscada en espera de su audiencia preliminar en agosto
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.
Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.
El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.