La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Caso Pecci: Doldán destaca avances estratégicos del ECI bajo estricta confidencialidad
Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.
Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.
“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.
Avances del caso
A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.
Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.
Reunión en territorio neutral
Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.
“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.
“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.
Compromiso absoluto
Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.
“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.
Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.
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Ministros de Corte tomaron juramento a síndico, jueces, fiscal y defensores
En el salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de rigor a dos magistrados, un agente fiscal, dos defensores y un agente síndico. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro, César Diesel Junghanns.
El ministro Luis María Benítez Riera felicitó a los designados en sus cargos y resaltó que sus nombramientos son resultado de sus méritos y capacidades. Asimismo, los instó a continuar fortaleciendo su formación y a ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso al servicio de la ciudadanía.
Prestaron juramento de rigor conforme a las siguientes designaciones:
- el abogado Bernardino Caballero como agente síndico
- el abogado Ulises Agustín Peña Vargas, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital
- la abogada Alma Palmira Rodas Soria, juez de Paz de Fortín Teniente Esteban Martínez – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes
- la abogada Hermenegilda Cubilla Cuevas de Muñoz, agente fiscal Penal para Central – Circunscripción Judicial de Central.
- la abogada Lourdes Carolina Robledo Lugo, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción
- y el abogado Óscar Ariel Quevedo Cazal, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.
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Presunta negligencia fiscal beneficia con el sobreseimiento a Willian Bogarín
El Juzgado Penal de Garantías de San Pedro otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el supuesto cobro indebido de honorarios.
El desenlace del caso se dio tras una presunta negligencia del Ministerio Público, que omitió presentar su requerimiento conclusivo en tiempo y forma.
De acuerdo con la resolución judicial firmada por el juez David Mendoza, y tras el trámite correspondiente del juzgado, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó la conclusión de la investigación dentro del plazo de 10 días estipulado en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
Ante la ausencia de otro “remedio procesal”, el magistrado declaró la extinción de la causa y el consecuente sobreseimiento definitivo de Bogarín.
El fallo señala que la fiscal adjunta Sapriza, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó un dictamen recomendando un “saneamiento” procesal, figura que no corresponde a un requerimiento conclusivo. Este hecho sugiere una posible investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones.
Antecedentes de la imputación
La investigación, iniciada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, sostenía que Bogarín Campuzano incurrió en el cobro indebido de honorarios al ejercer como abogado litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018.
Dicha actividad le estaba prohibida por su condición de funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Según la imputación, el funcionario habría percibido pagos de USD ( 10.000 y UDS) 20.000 (en noviembre de 2021 y setiembre de 2022, respectivamente) por su intervención profesional en la mencionada sucesión.
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Megaoperativo contra la pornografía infantil deja tres detenidos y numerosas evidencias
Un operativo internacional simultáneo realizado hoy en 16 países permitió la detención de tres personas en nuestro país, en el marco de la lucha contra la pornografía infantil.
En el transcurso de la mañana se realizaron varios allanamientos en Emboscada, Mariano Roque Alonso (departamento Central) y Ciudad del Este (Alto Paraná).
El procedimiento realizado este lunes en el marco de la Operación Aliados por la Infancia VI busca desbaratar una red internacional dedicada a la pornografía infantil. “Es un operativo internacional desarrollado de forma simultánea en 16 países con relación a todo lo que se refiera a la lucha contra la pornografía infantil”, explicó la fiscal Ruth Benítez en declaraciones a la 1020.
Señaló que en Emboscada incautaron equipos electrónicos que contenían material ilícito. "Encontramos suficientes materiales de índole pornográfica relativa a niños”, relató.
Además, fueron detenidos dos sujetos; uno de ellos fue rastreado por su IP (protocolo de internet) a través de un ciberpatrullaje, que detectó la actividad ilegal. “Realizaba descarga de manera masiva. El equipo electrónico tiene más de 1.000 imágenes”, mencionó la agente fiscal.
El aparato será peritado de manera a definir si el hombre se encuentra involucrado en la producción de material de contenido sexual que involucra a menores. El mismo fue identificado como Juan Carlos Céspedes Balbuena.
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“Vamos a llevar para la extracción y, a partir de la extracción, se estaría analizando si estamos hablando de imágenes bajadas desde internet o también si encontramos producción”, precisó la representante del Ministerio Público.
Mariano Roque Alonso
El segundo allanamiento se realizó en Mariano Roque Alonso, donde fue allanada una empresa dedicada al rubro de seguridad. En el lugar fue detenido un funcionario que utilizaba la computadora de la empresa para las descargas de estos materiales audiovisuales.
“Se desempeña como encargado informático de la empresa. Hemos encontrado una aplicación destinada para la descarga masiva de material pornográfico, cuya búsqueda se realiza a partir de palabras clave”, explicó a los medios.
También se incautó el celular, encontrando material pornográfico en el mismo. “Estamos hablando de muchísimos archivos, más de 12.000 descargas”, puntualizó.
La operación concluyó con la detención de tres personas, tres hombres mayores de edad de nacionalidad paraguaya, y la incautación de 10 celulares, una notebook, 1 router y 2 dispositivos de almacenamiento, según informe del Departamento Especializado contra el Cybercrimen.
Las tareas investigativas incluyeron técnicas especializadas para la detección de usuarios involucrados en la descarga, almacenamiento y distribución de archivos ilícitos a través de redes digitales, lo que permitió la identificación de sospechosos y la localización de dispositivos utilizados.
Las incursiones se llevaron adelante en el marco de un intercambio internacional de informaciones entre Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
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