El pasado viernes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Belotto, así como a su esposa Alba Lidia de Belotto.

Ambos fueron encontrados culpables por el delito de soborno agravado luego de intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por medio de coacciones a subordinados que estaban apostados en la cárcel militar de Viñas Cué.

Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en conversación con miembros de la prensa, confirmó que, tras la condena de Belotto, al mismo se le dará la baja deshonrosa, ya que cuando se habla de una condena en la justicia penal superior a un año, se debe cumplir con este requerimiento.

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El ministro remarcó que, lamentablemente, este tipo de hechos empañan no solamente el nombre de la institución militar, sino el trabajo que se viene realizando desde la institución para resguardar a la ciudadanía y cumplir con las órdenes del gobierno por la defensa del país.

En ese sentido, destacó el acompañamiento y la disposición que existió por parte del Ministerio de Defensa para llegar a esclarecer el hecho, recordando que la denuncia inicial la habría realizado a sus superiores un militar de rango inferior al de Belotto, el cual se habría negado a ayudarlo y que, a partir de ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que les fue solicitado.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mide este domingo su fuerza con movilizaciones en las principales ciudades del país, días antes de que la justicia decida si es culpable por golpismo. La corte suprema dará la semana próxima su veredicto en el proceso a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha será el protagonista ausente de actos a favor de una amnistía legislativa a cientos de sus simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.

Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

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Bajo el lema “Reacciona Brasil”, la movilización se activará por la mañana en Rio de Janeiro, aunque su palco principal abrirá por la tarde en Sao Paulo. Allí estarán presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y varios presidenciables de la derecha.

Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. En el escenario en la tradicional avenida Paulista aparecerá, entre otros, el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, posible sucesor de Bolsonaro y promotor clave de la amnistía. El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido.

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En el Día de la Independencia de Brasil, el presidente Lula encabezará por su lado el tradicional desfile oficial en Brasilia. “Brasil soberano” es el lema de este año, pocos meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles punitivos a Brasil bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.

Las autoridades decidieron este año reforzar el operativo de seguridad del desfile, con dos mil agentes desplegados y una tropa adicional acuartelada en caso de emergencia, confirmó la Policía Militar de Brasilia a la AFP. El gobierno difundió esta semana un video en redes sociales donde llamó a “sacar la ‘verde-amarela’ del armario” para el desfile, en alusión a la camiseta de la selección de fútbol, apropiada como símbolo por el bolsonarismo.

Lula dijo esta semana que ve un “riesgo” de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su reelección en 2026.

“Aún no hay definición” sobre la amnistía, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, responsable de decidir si el tema se vota o no. Pero tanto el gobierno como la oposición reconocieron que, en los últimos días, se intensificaron las tratativas para llevar el asunto al pleno del Congreso.

Fuente: AFP.

La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.

Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.

“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.

Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.

“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso.

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La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020. El monto asciende a G. 311 millones.

Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.

La situación se agravó cuando, al año siguiente, los presidentes de ambas subcomisiones fueron contratados como funcionarios de la municipalidad. La denuncia por asociación criminal fue presentada en 2024, luego de que la organización detectara las irregularidades.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, el cheque fue finalmente cobrado por un funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un esquema de desvío de fondos.

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Montiel subrayó que la imputación representa “un pequeño alivio”, ya que los hechos investigados datan del 2020 y estaban a punto de prescribir. Sin embargo, insistió en que la lentitud del Ministerio Público pone en riesgo la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias reales.

“El problema más grave que tenemos es que el Ministerio Público realiza un trabajo con mucha lentitud. Así como van las cosas, hay muchos hechos que van a prescribir y no va a pasar nada con la gente que cometió estos hechos de corrupción”, lamentó.

Un tribunal de sentencia de Puerto Casado, Alto Paraguay, condenó a Sergio David Sanabria Millan a siete años de cárcel luego de ser encontrado culpable por coacción sexual. El fiscal del caso fue Luis Amado.

El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho. También mencionó el tribunal, que la Fiscalía presentó varios elementos probatorios para poder lograr la sentencia condenatoria.

Del mismo modo, los jueces de sentencia valoraron de forma conjunta los elementos de pruebas, resaltando la importancia de los dictámenes técnicos Forense y psicológicos realizados a la víctima.

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De acuerdo a la investigación fiscal, entre los primeros días del mes de febrero del año 2024, siendo las 23:00 horas aproximadamente, en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Fuerte Olimpo precisamente en el interior de una vivienda, el hoy condenado Sergio David Sanabria Millan sometió sexualmente a una mujer, de 18 años de edad al momento del hecho.

La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien definirá si corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.

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