La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. De esta forma, queda firme la condena de dos años con suspensión de la ejecución penal.
El fallo resolvió que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por ley para impugnar la sentencia, al no presentar una argumentación detallada ni fundamentos específicos que justificaran el análisis casatorio del máximo tribunal.
Cárdenas fue encontrado culpable de lesión de confianza, que provocó un grave perjuicio patrimonial de G. 5.704 millones a la Municipalidad de Lambaré, al desviar fondos de royalties destinados a la pavimentación urbana.
La importancia del fallo radica en que con este rechazo de casación, la condena ya no admite recurso y debe considerarse legalmente ejecutable, lo que en términos prácticos implica que Cárdenas podría quedar sujeto a las consecuencias previstas por el sistema judicial.
El voto mayoritario, respaldado por la magistrada Carolina Llanes, enfatizó que el recurso presentado era genérico y no cumplía con el deber de fundamentación ni con la exigencia de argumentación lógica, crítica y verificable.
Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que incluso figuras políticas de alto perfil deben responder ante los actos de corrupción y que los recursos deben cumplir con estrictos parámetros formales si pretenden ser admitidos. El precedente sienta un mensaje claro sobre la responsabilidad pública y el rigor en el acceso a recursos extraordinarios.
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