Ciudad del Este. Agencia Regional.

En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.

El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.

Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.

El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.

Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.

Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.

La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.

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Una comitiva fiscal policial encabezada por la agente Rocío Celeste González, allanó hoy lunes una vivienda del barrio La Balsa, de Presidente Franco, en busca de uno de los procesados y prófugos en la causa que investiga el mega asalto a bancos y casa de cambios de Santa Rita.

Se trata de Flaminio Acosta Zarza, quien registra varias condenas y está procesado en la causa citada, junto a otros supuestos involucrados por los hechos de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y transgresión a la Ley de Armas.

La intervención fue por una orden judicial firmada por el juez Bernardo Silva. Durante la inspección del inmueble, los agentes se incautaron de varias evidencias, entre ellas una máquina contadora de billetes.

En el expediente por el atraco se encuentran procesadas 12 personas, de las cuales están recluidas siete, mientras que otras cinco permanecen prófugas y declaradas en rebeldía.

La causa investigada es por el atraco ejecutado el 16 de junio de 2026, durante la madrugada, cuando unos 20 hombres encapuchados y fuertemente armados atacaron los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, además de Santa Rita Cambios.

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Los delincuentes redujeron a policías, guardias de seguridad y trabajadores, a quienes tomaron como rehenes, mientras colocaban explosivos en los locales y amenazaban con ejecutarlos, si las fuerzas de seguridad intervenían.

Los asaltantes lograron apoderarse del dinero de dos entidades bancarias, ocasionaron daños en otro establecimiento y escaparon después de incendiar dos vehículos y esparcir clavos “miguelito” para impedir la persecución policial.

Como parte de las investigaciones y los allanamientos posteriores, se incautaron explosivos, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, teléfonos celulares y documentos, elementos que forman parte de las evidencias reunidas contra los presuntos integrantes de la estructura criminal, según refiere el reporte de la Fiscalía.

Durante el allanamiento de la casa, los agentes intervinientes encontraron un guacamayo que se encontraba en cautiverio dentro del inmueble. Se trata de un ave perteneciente a una especie amenazada, por cuya razón fue rescatado por bomberos voluntarios y trasladado al Centro Ambiental Tekotopa de Itaipú Binacional, por disposición de la fiscal Rocío González.

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Un joven que se encontraba en la vereda de una casa fue baleado por un hombre que llegó en una motocicleta y persiguió a su víctima hasta el interior de la vivienda. Se trata de Brígido Isaac Torres Gamarra (25), hijo de la comisario principal Esmelda Gamarra, quien recibió una herida de bala en el pecho y en otras partes del cuerpo.

El hecho ocurrió ayer domingo a las 17:00, en la casa propiedad de Rosana Bogado Martínez (24), ubicada en el Km 7,5 Monday del barrio San Blas de Pdte. Franco, según reportó el personal de la subcomisaría 12ª. La víctima reside en el Km 5 Monday, del barrio San Miguel de Presidente Franco.

De acuerdo a informaciones proporcionadas a los agentes policiales por la dueña de la vivienda, el joven se encontraba sentado en la vereda en compañía de su hermana y de repente llegaron al sitio dos hombres a bordo de una motocicleta, instante en que la víctima corrió hacia adentro.

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Sin embargo, el acompañante del motociclista descendió rápidamente e ingresó detrás de Brígido Isaac hasta el interior de la vivienda y efectuó varios disparos hacia él, para luego huir del lugar. Los dos autores actuaron a cara descubierta, uno de ellos es apodado “Rapai” y estaban en una moto de color rojo.

Brígido Issac fue auxiliado por la pareja de la dueña de casa, Augusto Adrián Zorrilla Chávez hasta el Centro de Salud de Pdte. Franco, donde sigue internado. A raíz de los disparos efectuados, también fue afectado José David Bogado Martínez (18), hermano de la dueña, quien recibió una herida de refilón.

Intervinieron en el caso la Fiscalía y los agentes de Investigaciones y de Criminalística de la Policía Nacional. Existe un antecedente de hecho de violencia que también tuvo como víctima al mismo joven, pero con supuesta autoría de un familiar.

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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.

En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.

La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.

La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).

La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.

Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.

Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.

El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.

Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.

Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.

Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.

Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.

Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.

Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.