Un Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Matías Gárcete y Yolanda Morel, condenó a 5 años de cárcel al exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap), Carlos Alberto Franco, hallado culpable por estafa. El perjuicio patrimonial fue de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit.
De acuerdo a los miembros del tribunal colegiado, Franco se valió del convenio firmado entre Fast Credit y la Afessap, que permitía otorgar créditos con descuento automático de salarios, para hacer figurar como beneficiarias a personas que no eran funcionarios públicos ni socios de la asociación. De esa manera, accedieron a préstamos que luego quedaron impagos, generando un perjuicio económico significativo.
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Los jueces de Sentencia mencionaron que en más de 60 ocasiones, Franco declaró falsamente ante Fast Credit que los solicitantes eran funcionarios de la Essap, cuando que en realidad muchos eran jubilados, estudiantes universitarios o trabajadores de campaña política en su entorno.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar y resolver si corresponde confirmar o disponer un nuevo juicio oral para el procesado.
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Dictan 15 años de prisión para un hombre que abusó de su hijastra de 10 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Tribunal de Sentencia condenó a 15 años de prisión a un hombre de 37 años, por el abuso sexual de su hijastra de 10 años. Lo halló culpable tras el juicio oral que culminó el viernes 20 de marzo. La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Alto Paraná, fue la que defendió la acusación.
Según el fallo judicial, se demostró que el agresor aprovechó su posición de convivencia con la niña para realizar actos sexuales sistemáticos contra su hijastra desde que ella cumplió diez años. Según la descripción de los hechos, el hombre aprovechaba los momentos en que la madre se encontraba fuera de la casa o en otras dependencias para realizar manoseos y tocarle a la niña sus partes íntimas.
Estas agresiones ocurrieron en una vivienda del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este. Los abusos se registraron en tres ocasiones durante el transcurso del año 2023, periodo en el cual el padrastro, ahora condenado, convivía con la familia de la víctima.
Tras los abusos, el agresor amenazaba a su hijastra con tirarla al río o matar a su madre si contaba a alguien lo sucedido. En su relato, la víctima detalló que el hombre también le entregaba dinero entre 10 y 20 mil guaraníes después de cada abuso, para que la niña comprara alimentos.
El Ministerio Público sustentó la acusación mediante el relato de la víctima obtenido durante la entrevista en la Cámara Gesell, además de informes psicológicos y pericias forenses. Así también, la evaluación psiquiátrica determinó que el hombre comprendía que sus actos eran reprochables y no presentaba trastornos mentales que afectaran su discernimiento al momento de los hechos.
El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera (presidente), Edgar Lezcano y Herminio Montiel. El nombre del sentenciado y demás datos personales no se difunden, con el fin de proteger la identidad de la niña, en cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia.
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A Ultranza Py: tribunal confirmó condenas para Joaquín Roa y Alberto Koube
La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Pablino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó la condena de ocho años de cárcel para el exministro abdista de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en una causa vinculada con la investigación A Ultranza Py, de febrero de 2022.
El exfuncionario de Estado fue encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal en direccionar licitaciones en dicha dependencia estatal para su beneficio personal y el de terceros.
Además de la pena privativa de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de un yate de USD 450.000 que obtuvo Roa como fruto de las licitaciones direccionadas y la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años.
Igualmente, fue confirmada la sentencia para el empresario Alberto Koube a seis años de prisión por soborno agravado en calidad de autor, administración en provecho propio, en calidad de instigador, lavado de dinero en calidad de coautor.
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La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme. De acuerdo a la sentencia tanto Roa como Koube causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional de aproximadamente G. 16.000 millones, principalmente mediante contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.
De acuerdo al Ministerio Público entre los años 2018 y 2021, Roa quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube con la finalidad de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando de esa forma una asociación criminal.
Las adjudicaciones direccionadas se canalizaron mediante empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros.
Varios elementos probatorios fueron claves para el presente caso, entre ellos resaltan los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba montos de dinero en concepto de “pan dulce” y “sidra” a cambio del direccionamiento de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa, a quien trataba de “Papacho” para que se puedan liberar los fondos.
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Erico Galeano solicita permiso al Senado, sin goce de dieta
El senador colorado Erico Galeano presentó en la fecha una nota remitida a la presidencia de la Cámara de Senadores, encabezada por Basilio Núñez, en la cual solicita a sus colegas la aprobación de un permiso sin goce de dietas, hasta tanto quede firme y ejecutoriada la sentencia definitiva respecto al proceso judicial en su contra por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero.
En la nota que remitió a la presidencia de la Cámara Alta, el senador Galeano argumenta que el pedido de permiso que solicita lo hace en virtud a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento inteno de la Cámara de Senadores, amparándose de igual forma en el principio fundamental de la “presunción de inocencia”, el cual está garantizado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Menciona además, que en el caso que sea aprobado por el plenario de la Cámara Alta, se tenga en cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 191 de la Constitución de la República, en cuanto los derechos y prerrogativas al cargo del legislador, con relación a que ningún senador o diputado puede ser detenido o arrestado desde el día de su elección hasta el fin de su mandato.
El senador Galeano recuerda además, que existe jurisprudencia, en la Honorable Cámara de Senadores, ya que en el pasado ya se han otorgado permisos sin goce de dieta, por circunstancias personales contempladas en varias resoluciones a lo largo de varios periodos legislativos.
Cabe recordar que la semana pasada, el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Juan Dávalos e Inés Galarza, condenó a 13 años de prisión al senador Galeano por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero.
Este tribunal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción encontró la vinculación del legislador con narcotraficantes en el marco de la investigación conocida como A Ultranza Py.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia le mantuvo las medidas alternativas a la prisión, manteniendo la prisión preventiva domiciliaria. Si bien, el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 17 años, y la revocatoria de la medida preventiva, este tribunal dictó una pena de 13 años de cárcel. El juicio por este caso duró seis meses.
En caso de que el Senado apruebe este pedido de permiso, inmediatamene convocará a la suplente, que en este caso cae en la persona Guadalupe Aveiro.
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Presentan candidaturas para Tribunal del Derecho del Mar y UIT
La Cancillería Nacional confirmó que ayer fue presentada oficialmente la postulación del embajador Óscar Cabello Sarubbi, para su reelección como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Es para un mandato de nueve años. Paraguay también tiene candidato para el Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para el período 2027-2030.
El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación del cuerpo diplomático y consular acreditado ante el Gobierno de la República del Paraguay.
El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda, destacó que estas postulaciones constituyen prioridades de la política exterior del gobierno del presidente Santiago Peña, y reflejan una inserción internacional cada vez más activa, coherente y comprometida con el multilateralismo.
Dijo que el Paraguay mantiene una firme adhesión al derecho internacional y a la consolidación de las instituciones multilaterales, convencido de que el diálogo, el equilibrio y la construcción de consensos son herramientas esenciales para afrontar los desafíos globales.
En ese marco, afirmó que la reelección del embajador Cabello Sarubbi se sustenta en su reconocida solvencia jurídica, su experiencia en derecho del mar y la importancia de preservar la continuidad y la memoria institucional del Tribunal, especialmente en un contexto de renovación significativa de sus miembros.